Carles Puigdemont probablemente no volverá a ser presidente de la Generalitat, pero ha conseguido poner al gobierno contra las cuerdas. Es decir, le ha dado al independentismo un éxito político inesperado.

En Moncloa siempre se ha subestimado al ex alcalde de Girona: "está loco"; "es un trol"; "no tiene nivel"; "es un irresponsable"... Estas y otras lindezas se escuchan habitualmente en los despachos oficiales. Pero Puigdemont logró algo que parecía imposible: ganar el 21-D la batalla soberanista a ERC, partido que partía como favorito en todas las encuestas.

Al gobierno le pone nervioso Puigdemont, no sabe qué hacer con él porque actúa al margen de toda lógica y no tiene inconveniente en actuar al margen de la ley. Sus movimientos son difíciles de prever: dio el paso de someter a votación la declaración de independencia en el Parlament, cuando se daba por hecho que disolvería la cámara y convocaría elecciones en Cataluña; se marchó a Bruselas sin consultarlo siquiera con la dirección de su partido, ni con su socio de gobierno, Oriol Junqueras; hizo campaña desde Bélgica enarbolando la bandera del victimismo y apoyándose en la legitimidad de seguir siendo presidente a pesar de la aplicación del 155, y ahora está a punto de ser investido de nuevo y cuenta para ello con una mayoría suficiente de diputados.

En el gobierno se ha interiorizado la sensación de ridículo que supondría que Puigdemont burlara los controles policiales y se presentara en la sesión de investidura, lo que le permitiría ser investido de acuerdo con las propias normas del Parlament de Cataluña. Recordemos que el informe de sus servicios jurídicos advertía sobre la irregularidad que supondría una investidura a distancia, pero en ningún momento cuestionó el derecho del ex president a ser investido si estaba presente en la sesión de investidura.

El gobierno quiere evitar la afrenta de que Puigdemont vuelva a ser investido presidente de la Generalitat y, para ello, ha utilizado un atajo de muy dudosa legalidad, como pone de manifiesto el escrito del Consejo de Estado

El fracaso de la operación policial del 1-O da pocas garantías a Mariano Rajoy de que la promesa de su ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de impedir por todos los medios que pueda colarse en España pueda ser llevada a cabo al pie de la letra. "Si eso se produjera sería una burla para el Estado y haría un daño irreparable al gobierno", me comenta un alto funcionario.

Esa angustia, esa inseguridad, ha llevado a adoptar una decisión torpe, poco meditada y que va a hacer mucho daño a la ya vapuleada credibilidad del presidente. Me refiero a la presentación de un recurso preventivo contra la candidatura de Puigdemont.

Tan improvisado ha sido, que el pasado miércoles (¡un día antes de la rueda de prensa de Soraya Sáenz de Santamaría!) el propio Rajoy declaró en Onda Cero: "El recurso ante el Constitucional se tiene que presentar después del acto administrativo que lo motive: no se puede recurrir un anuncio".

Pues bien, 24 horas después, la vicepresidenta del Gobierno anunció un recurso para anular la candidatura de Puigdemont propuesta por el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent. Hay que recordar que ese "anuncio" se hizo dos días antes y que, por tanto, cuando Rajoy contestó a las preguntas de Carlos Alsina, ya sabía que el candidato era el ex presidente de la Generalitat y, aun así, afirmó rotundo que no se podía presentar un recurso ante el Constitucional.

La cuestión es de pura lógica. Puigdemont está siendo investigado por graves delitos y el juez Llarena ha emitido una orden de detención contra él en España (como recordarán, se ha negado a activar la euro orden), pero el prófugo en ningún caso tiene suspendidos sus derechos políticos. Lo que pretende el gobierno con su recurso sería tanto como declararle "inelegible". Es decir, estaríamos ante un absurdo jurídico: se mantienen sus derechos políticos activos, que le permitieron presentarse a las elecciones estando ya fugado y ser elegido; pero, por otro lado, se le limitan sus derechos pasivos: no puede ser investido presidente de la Generalitat por su situación procesal.

La propuesta de la vicepresidenta es tan poco sólida que el Consejo de Estado la rechazó de plano en su aspecto fundamental: no puede avalar un recurso preventivo.

Aunque el informe -cinco folios- no es preceptivo, tiene un enorme valor porque implica que una institución del Estado cuestiona la legalidad de una medida del gobierno sobre la cuestión política más importante que tiene España planteada en estos momentos.

El recurso preventivo puede llegar a convertirse en el 1-O jurídico de Rajoy. No se le pueden dar tantas ventajas a los que quieren romper la unidad de España

¿Cómo es posible que un gobierno repleto de abogados del Estado ni siquiera haya tenido la cautela de hacer un sondeo previo para ver cuál era la opinión del Consejo de Estado sobre una medida que se sabía iba a provocar un enorme debate jurídico y político? La precipitación sólo puede ser entendida en el contexto de la angustia: el gobierno quería aprobar en el Consejo de Ministros del 26 de enero la medida que, piensa, puede ser el arma letal para hacer naufragar la investidura de Puigdemont.

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros el recurso se enviará al Tribunal Constitucional. De admitirlo a trámite, conllevaría la suspensión del Pleno del próximo día 30, aunque el alto tribunal no emitirá su opinión sobre el fondo del asunto hasta dentro de unos meses.

Podría ser posible que el Constitucional, basándose en un criterio similar al del Consejo de Estado, rechazase la admisión a trámite de la iniciativa gubernamental, lo que dejaría a Moncloa a los pies de los caballos para alborozo de los independentistas.

Hasta ahora, el gobierno ha basado su confrontación contra el soberanismo en la defensa de la Constitución, de la legalidad. En ello la mayoría de la sociedad y de los partidos políticos están de acuerdo. Pero utilizar atajos para lograr su objetivo, por muy legítimo que este sea, siempre es un mal remedio. Para defender la ley no se puede retorcer la ley. El recurso preventivo puede llegar a convertirse en el 1-O jurídico de Rajoy. No se le pueden dar tantas ventajas a los que quieren romper la unidad de España.