"Se acabó lo de ser maricomplejines con los independentistas", me dice un ministro cercano a Rajoy. Y lo dice a colación del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional que tiene por objeto impedir la investidura de Puigdemont.

Hay un consenso total respecto a esa cuestión en el gobierno. Ni una fisura. Aunque a nadie le ha gustado que el Consejo de Estado negara su aval a una medida que tiene evidentes lagunas legales y sobre cuyo fondo el Constitucional tendrá que dictaminar dentro de cinco meses.

"El Estado no se puede permitir que Puigdemont sea investido aunque sea por diez minutos", afirma mi fuente. Hay, por tanto, una determinación absoluta en intentar evitar que el ex presidente de la Generalitat se siga burlando de la legalidad y de las instituciones. Al precio que sea.

A estas alturas nadie duda ya en Europa que la independencia de Cataluña es una aspiración irrealizable, al menos en el corto y medio plazo. Existieron hace unos meses en algunas cancillerías, pero ahora han desaparecido por completo. Los mercados ven a España como un país estable y la mejor prueba de ello es la evolución de la prima de riesgo. Incluso el FMI, en un exceso de prudencia, ha limitado los efectos de la crisis catalana a una décima de crecimiento para 2018.

Se acabó lo de ser maricomplejines con los independentistas", me dice un ministro cercano a Rajoy a colación del recurso presentado ante el TC

Rajoy se está dejando muchos pelos en la gatera en esta lucha sin cuartel que en los últimos meses se ha centrado en intentar anular la estrategia del ex presidente de la Generalitat. La resolución del Consejo de Estado, rechazando avalar el recurso contra la nominación de Puigdemont para repetir en el cargo, ha sido un duro golpe, que ha tenido su continuidad en el pulso que se ha vivido este sábado en el seno del Tribunal Constitucional para alcanzar un acuerdo de suspensión del pleno de investidura del próximo martes en el Parlament. Un triunfo agónico que augura un resultado incierto cuando el TC tenga que decidir en los próximos cinco meses sobre el fondo del asunto. ¿Qué sucederá entonces si la decisión es contraria, como ya han adelantado los letrados del alto tribunal, a los intereses del gobierno? Es decir, si se declara fuera de la ley la suspensión del pleno en el que con toda probabilidad sería elegido presidente Puigdemont.

Por no hablar del recurso ante el Tribunal de Estrasburgo que ya ha anunciado Roger Torrent por entender que se están vulnerando derechos fundamentales con esa decisión, que trata de impedir que se lleve a cabo un acuerdo político legítimo que responde al resultado electoral del 21-D.

Esos riesgos se han asumido a sabiendas, pero en la convicción de que permitir la investidura sería aún peor.

El gobierno cree que, pese a todo, el tiempo juega a su favor. La pérdida de apoyos del ex president no sólo en ERC, sino en su propio partido, PDeCAT, es un hecho. Hasta tal punto, que Puigdemont ha hecho saber a los enviados de ambos partidos que le han visitado recientemente en Bruselas que su intención no es, ni mucho menos, ejercer la presidencia a distancia, ya que no piensa volver y arriesgarse a una condena de 25 años de cárcel, sino ser investido para restablecer la legalidad que interrumpió el 155 y, a renglón seguido, pasarle el testigo a Jordi Turull o Elsa Artadi.

Los independentistas mantendrán la candidatura de Puigdemont, pero, en el fondo, desean que el gobierno les haga el trabajo sucio quitándoselo de encima

El independentismo quiere un horizonte tranquilo (sin DUI) entre otras cosas porque necesita recomponer fuerzas. La decisión del gobierno de intervenir las cuentas de la Generalitat está lastrando la capacidad del soberanismo para seguir “haciendo país”. Por otro lado, la iniciativa de Montoro de apretarle las tuercas a la Corporación Catalana de Medios (TV3 y Cataluña Radio) con el nuevo criterio del IVA puede dejar seriamente tocado al mayor aparato de propaganda con el que cuenta el soberanismo. Hacienda le reclama 147 millones de ejercicios pasados y el recorte para este año puede elevarse a 40 millones (33 de ellos en TV 3).

Los independentistas, naturalmente, mantendrán la candidatura de Puigdemont, pero, en el fondo, desean que el gobierno les haga el trabajo sucio quitándoselo de encima.

“Rajoy -concluye mi fuente- ha decido volver a presentarse a las elecciones y sabe que, al igual que en 2011, 2015 y 2016, su mejor activo era la economía, ahora cree que se lo juega todo con Cataluña. Por tanto, no va a cejar ni un milímetro en su empeño. Considera que si frena a los independentistas y se restablece la legalidad, puede volver a ganar”. O no.