Hay que preguntarse de entrada por la estrategia que tiene el Gobierno, si es que tiene alguna, sobre el asunto del derecho de los padres de los niños que han nacido y viven en Cataluña a decidir en qué lengua quieren que sus hijos sean escolarizados. Porque lo que se está viendo se parece más a un desastre político que a otra cosa.

Que este es un asunto que los nacionalistas catalanes consideran irrenunciable y motivo suficiente para entrar inmediatamente en batalla lo sabemos desde hace décadas, sobre todo desde que Jordi Pujol consiguió por fin que todos los niños catalanes fueran educados en catalán en todos los colegios públicos y concertados en Cataluña. Esa ha sido una de sus grandes victorias y constituye uno de los muros maestros sobre los que se ha levantado la conciencia, la ideología y la pulsión independentista de unas cuantas generaciones  de nuevos catalanes. Esas son las fuerzas en las que los secesionistas confían para ganar más tarde o más temprano la guerra ahora perdida que da sentido a sus sueños: separar a Cataluña de España y convertirla en un estado independiente.

La educación es un bastión irrenunciable para sus propósitos y para su política. Por eso no se han convocado desde hace la friolera de 15 años oposiciones a inspectores de Educación: porque los dirigentes nacionalistas han preferido colocar a los suyos a dedo de tal manera que el 80% de los actuales inspectores que ocupan el puesto han llegado a él por ese procedimiento no reglado. Es la tasa más alta de España y no lo es por casualidad. Esos inspectores son la fuerza de resistencia que permite a los distintos consejeros de Enseñanza que han ocupado ese cargo proteger su política de inmersión lingüística del control de un Estado que, de todos modos, ha estado por completo ausente y no ha ejercido en todos estos años la Alta Inspección que establece la ley ni tampoco ha movido un dedo para que los responsables políticos y los directores de los colegios cumplieran las sucesivas sentencias que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han dictado para que se garantizara también la enseñanza en castellano como lengua vehicular. Porque esta es la única nación del mundo en la que los escolares no reciben la enseñanza en la lengua común de todo el país y en la que hay que acudir a los tribunales para conseguirlo y aun así fracasar en el intento.

Esta es la única nación del mundo en la que los escolares no reciben la enseñanza en la lengua común de todo el país y en la que hay que acudir a los tribunales, y aun así fracasar

Sabido esto, que no es un secreto para nadie, no se comprende la actitud del Gobierno mantenida en los últimos dos días. Nadie que no sea un estúpido, un ignorante o un insensato podría desconocer que cualquier anuncio de esa naturaleza por parte del ministerio de Educación iba a llamar a los nacionalistas al combate. Porque en este caso lo que habría que haber hecho es anunciar las medidas concretas ya estudiadas y adoptadas en Consejo de ministros, si es que se concluye que el Gobierno puede adoptar medidas concretas y precisas sobre el asunto, aunque sólo sea la de obligar a los dirigentes de la futura Generalitat a acatar y a cumplir las sentencias de los tribunales.

Pero lo que de ninguna manera puede hacer el Ejecutivo es precisamente lo que ha hecho: me refiero a las declaraciones realizadas el jueves por el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, en las que adelantaba que el Ejecutivo está analizando la posibilidad de aprovechar la aplicación del artículo 155 de la Constitución para introducir un cambio que permita a los padres elegir el castellano o el catalán como lengua vehicular en la educación de sus hijos a través de los formularios de preinscripción, pero que aún no podía hacer un anuncio concreto porque el Gobierno tiene que determinar si esa opción entra en el marco de sus competencias. “Tenemos que ver si nos corresponde”, afirmó.

No se puede ser más insensato. Lanza una idea que es como tocar la corneta para que el adversario se ponga en formación de combate y luego se queda pensando si la corneta puede tocarla o mejor lo deja porque no está autorizado a usarla. Y el despropósito ha sido rematado el viernes en la rueda de prensa tras el Consejo de ministros por el titular de Educación y portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. Había que verle desmintiendo espantado que se hubiera considerado la posibilidad de ordenar incluir en los impresos de preinscripción la casilla correspondiente al castellano:"¿Me ha escuchado usted acaso hablar de casillas? ¡Yo no he hablado de casillas en ningún momento!", respondía a uno, dos, tres, periodistas que insistían uno tras otro en preguntarle por el método que se proponía implantar para asegurar el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano a los padres que así lo deseen. Resulta que el método no se sabe todavía, que lo único que hemos podido saber es que el Gobierno no tiene idea de cómo va a hacerlo, pero que lo va a hacer.

Había que ver a Méndez de Vigo desmintiendo espantado que se hubiera considerado la posibilidad de ordenar incluir en los impresos la casilla correspondiente al castellano

Según y cómo, hay que decir, porque uno de los efectos que ha producido tan irresponsable anuncio que no ha sido al final más que una mera declaración de intenciones vacía de toda concreción, es que ha puesto muy nerviosos a los independentistas, que ahora mismo tienen más prisas que ayer y que anteayer para alcanzar un acuerdo de gobierno, constituir un govern legal cuanto antes -lo que significa deshacerse de Puigdemont a toda prisa- y provocar así el levantamiento del 155, con lo cual el Gobierno se quedará "estudiando" sobre si "la casilla sí o la casilla no" para el resto de la eternidad porque los secesionistas habrán recuperado el poder y con él las competencias exclusivas sobre Enseñanza.

Estas cuestiones no se pueden abordar de una manera tan extremadamente torpe. Estas cosas se llevan a cabo y no se anuncian hasta que la medida no esté a punto para ser inmediatamente puesta en práctica. Y cuando digo inmediatamente digo en cuestión de horas. Eso sí, después de haber consensuado con el resto de los partidos constitucionalistas los movimientos a realizar. Pero es que ni siquiera han hecho eso: Ciudadanos ha apoyado la medida, que se mantiene ignota hasta el momento, y ha exigido al Gobierno que la ponga en marcha ya, pero el PSOE se ha descolgado arguyendo que estos asuntos los tiene que decidir el Parlamento catalán. No es del todo verdad.

Este asunto se resolvería en última instancia con el cumplimiento de las sentencias judiciales, y eso no es responsabilidad del Parlament sino de un Gobierno consciente y decidido, nunca atemorizado y mucho menos un Gobierno ladrador pero no mordedor. No se puede ser tan bocazas con cosas políticamente tan importantes pero tan delicadas.