La movilización de los pensionistas ha pillado por sorpresa al gobierno. Y ha desbordado a los partidos de izquierda que, inmediatamente, se han apuntado a un carro electoralmente muy rentable. En España hay 8,7 millones de pensionistas (de ellos, 5,8 millones por jubilación) que, en su mayoría, no se abstienen, sino que votan. El PP y, en menor medida el PSOE, tienen en este colectivo su caladero más numeroso.
En su entrevista con Ana Rosa Quintana, el presidente del gobierno ha justificado la preferencia de los jubilados por su partido en la tesis de que ven en PP al único que puede garantizarles sus pensiones. Rajoy quiere volver a presentarse a las elecciones generales y, por tanto, va a hacer todo lo posible por conservar ese activo. En un movimiento habilidoso, ha anunciado que va a comparecer en el Congreso "en diez o doce días" para hablar sobre pensiones en el que ha calificado de "Pleno más importante de la legislatura".
Hasta ahora, el debate sobre las pensiones se ha circunscrito al Pacto de Toledo (creado en 1995) para evitar que la pugna electoral irrumpiera en un terreno abonado para la demagogia.
Pero el agotamiento del Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones, ha encendido las luces de alarma y algunos partidos han comenzado a sacarse de la manga soluciones imaginativas como la creación de un impuesto especial a la banca para financiarlas (PSOE).
El déficit del sistema ha alcanzado en 2017 los 18.000 millones de euros, pero, al mismo tiempo, los pensionistas perderán poder adquisitivo, ya que la subida del 0,25% comprometida no compensa la inflación del pasado año. La cuestión es si las pensiones son sostenibles a medio plazo, al margen de que el Rajoy esté dispuesto a hacer un gesto igualando la subida al IPC.
Según los cálculos que Rajoy llevará al Congreso, con un crecimiento del 2,5% tres años seguidos, el déficit de la Seguridad Social desaparecería
Los cálculos que maneja el gobierno son menos alarmistas de lo que vaticinan algunos agoreros. La sostenibilidad del sistema está íntimamente ligada al crecimiento de la economía. Según los números que maneja Moncloa, si el PIB crece de manera continuada durante los próximos tres años por encima del 2,5% se crearían 1,5 millones de empleos, lo que elevaría el número de personas con trabajo a los 20 millones, reduciendo así el índice de paro al 10%. Con ese escenario, los salarios podrían subir de media un 2% anual.
Eso llevaría a un aumento de los ingresos de la Seguridad Social del 6% anual, lo que prácticamente reduciría el déficit a cero. Eso no quiere decir que no haya que introducir algún factor corrector en el cálculo de las pensiones o que no haya que retrasar levemente la edad de jubilación. Pero, en definitiva, con ese cuadro macroeconómico las pensiones actuales serían sostenibles.
Ahora bien, en un contexto de menor crecimiento de la economía no sólo se crearía menos empleo, sino que los salarios subirían menos y, por tanto, el sistema seguiría siendo deficitario. Una parte de la culpa del actual déficit lo tiene el hecho de que entre 2008 y 2012 se destruyeron más de 3,5 millones de empleos. Y todavía no hemos llegado a recuperar el nivel de paro (8%) que se alcanzó en los años del boom económico.
La garantía de las pensiones no está en fórmulas mágicas, sino en un crecimiento sólido y en un empleo estable y de calidad
Separar la estabilidad del sistema de pensiones de la situación real de la economía es una aberración. Por ello, cualquier medida que se proponga deberá tener en cuenta el crecimiento y el empleo. Por muchos impuestos nuevos que se creen, si el paro aumenta, no habrá forma de financiar las pensiones tal y como están diseñadas en estos momentos.
Tampoco es una solución separar las fuentes de financiación (es decir, llevar las pensiones no contributivas al presupuesto), ya que las cuentas públicas se consolidan y, por tanto, da lo mismo que el déficit se produzca en la Seguridad Social que en el Estado.
Seguro que Rajoy llevará al pleno de las pensiones algún caramelo para asegurarse la pacificación del colectivo y no perder su voto en las decisivas elecciones municipales y autonómicas de 2019. Pero, lo más importante es que todos entiendan que la garantía a medio y largo plazo de las pensiones no está en fórmulas mágicas, sino en un crecimiento sólido y en un empelo estable y de calidad.
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