En la presentación de los presupuestos del Estado para 2018, aprobados por el Consejo de Ministros extraordinario este martes, pudimos ver con nitidez los dos perfiles de la política económica: el técnico, a cargo del recién estrenado ministro de Economía, Román Escolano (continuador del estilo De Guindos); y el político, protagonizado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (coherente consigo mismo).
Antes de entrar en materia, Montoro hizo su particular valoración de las cuentas públicas: "Es el presupuesto de los funcionarios y de los pensionistas". Ambos colectivos suman 11 millones de personas. Un caladero de votos sobre el que pueden pivotar las cruciales elecciones municipales y autonómicas de 2019, antesala de las generales en las que Rajoy piensa repetir como candidato.
Ciudadanos y otros grupos minoritarios ya le han dado su apoyo al Gobierno, pero falta el visto bueno del PNV, que depende de la retirada del 155 en Cataluña. La detención de Carles Puigdemont y la tensión en las calles de Barcelona no ayudan precisamente a que el grupo nacionalista vasco cambie de criterio. Por tanto, habrá que esperar semanas, o incluso meses, para saber si el presupuesto aprobado por el Ejecutivo se puede llevar o no a la práctica.
Hacía mucho tiempo que no presenciábamos una rueda de prensa sobre presupuestos con tales alardes de alegría. Montoro se vino arriba y anunció: "Ha llegado la hora de que la mejora de la economía sea percibida por la mayoría de los ciudadanos". Así sea.
Pero, entremos en los números. El aumento del gasto para este año queda cifrado en unos 12.000 millones de euros (la recaudación pasa de 198.100 millones en 2017 a 210.015 millones). La subida de gasto en distintas partidas (pensiones, sueldos a funcionarios, equiparación salarial de colectivos como Policía y Guardia Civil, etc.) supone, según el cálculo hecho por Ciudadanos, unos 8.000 millones. Eso quiere decir que quedarían unos 4.000 millones para reducción del déficit público. Pero, si el objetivo del Gobierno es pasar de un déficit del 3,1% del PIB en 2017 al 2,2% del PIB este año, esas nueve décimas suponen algo más de 9.000 millones de euros. Por tanto, una de dos: o no podrán cumplirse los acuerdos de incremento del gasto; o bien, no se cumplirá el objetivo de déficit.
Habrá que esperar al martes 3 de abril para que Montoro despeje algunas de las dudas que ha dejado sin contestar en esta primera y prospectiva rueda de prensa.
Con los números presentados es casi imposible que España cumpla el objetivo de déficit. Faltan 5.000 millones y Bruselas mira a España con lupa
La otra gran incógnita está en el crecimiento de ingresos por IRPF previsto para este año: nada menos que un 6,5%. Teniendo en cuenta que hay que deducir 2.000 millones por la rebaja fiscal anunciada y que el aumento del empleo previsto para este año es del 2,2%, la única forma de alcanzar esa cifra récord de ingresos en el IRPF es que los salarios este año ¡suban una media del 4%! Aunque el ministro de Hacienda reconoció que espera que los salarios le ayuden a aumentar la recaudación, parece un poco prudente contemplar una subida de salarios de esa cuantía. Sobre todo, si se espera que la inflación se mueva en el entorno del 1,5%.
Aunque hay que dar por seguro que España rebajará la cifra de déficit del 3% del PIB este año y que, por tanto, en el procedimiento de déficit excesivo al que está sometido nuestro país (que implica el control de las cuentas públicas por los hombres de negro) se pase del brazo correctivo al brazo preventivo -la jerga comunitaria es así de poco sutil-, eso no significa que Bruselas deje de mirar con lupa las cuentas públicas.
España es el único país de la Unión Europea que sigue bajo el primer estadio de déficit excesivo (Francia acaba de salir de ese grupo de los torpes) y el comisario para Asuntos Económicos de la UE, Pierre Moscovici, ya ha advertido que Rajoy debe seguir por el camino de las reformas para cuadrar sus cuentas.
El Banco de España ha puesto en duda que el déficit pueda bajar este año más allá del 2,5% este año. Haciendo un repaso de los número presentados este martes ese escepticismo parece más que razonable.
Incluso, podría darse la circunstancia de que Bruselas, una vez aprobados estos presupuestos de la alegría, exigiera a España ajustes suplementarios para rebajar el déficit. Un jarro de agua fría inoportuno en época pre electoral.
Mantengamos la presunción de inocencia para Montoro y esperemos una semana más. Tal vez el próximo martes nos descubra dónde está el truco de sus mágicas cuentas.
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