Hay en el diccionario de la RAE un amplio catálogo de términos con los que definir la actuación general y la actitud corporativa de los Mossos d’Esquadra desde que el independentismo lanzara su desafío a tumba abierta al estado de Derecho pero, optando por la prudencia, lo menos que puede decirse es que causa asombro. La policía autonómica catalana fue utilizada por Puigdemont y los suyos como una pieza clave en la trama rupturista, y sorprende constatar lo poco que parecen haber cambiado las cosas una vez que el Gobierno tomara el control en virtud de la aplicación del artículo 155, a finales de octubre. Por razones que el Ministerio del Interior debiera explicar, el cuerpo ha seguido funcionando sin grandes cambios; apenas unos relevos contados en la dirección política y la destitución inevitable del entonces major de los Mossos, Josep Lluis Trapero. Sin su calculada pasividad, sin el engaño deliberado en que mantuvo al órgano de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el referéndum del 1-O no se habría celebrado.

De entonces acá, un buen número de altos cargos de la Generalitat han abandonado sus despachos en el palau de Sant Jaume y aledaños a golpe del BOE como parte de la demolición del andamiaje creado por los independentistas para separarse de España por las bravas. Según un recuento reciente de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría en la tribuna del Congreso, unos 260 cargos han sido cesados por su responsabilidad en la creación de las llamadas estructuras de Estado. Sin embargo, la policía autonómica ha permanecido extrañamente ajena a los cambios. Ni siquiera puede hablarse de intervención quirúrgica, y no sólo porque a Trapero le reemplazara su número dos. A día de hoy no consta que el ministro Zoido, consejero de Interior provisional de Cataluña, haya rastreado en la cadena de responsabilidad de los mandos intermedios que secundaron el golpe independentista y la estrategia de ruptura diseñada por la Generalitat. Los expedientes disciplinarios abiertos se encuentran en fase de diligencias previas. Ninguno se ha concretado aún. Las actuaciones judiciales que penden también sobre algunos de ellos determinarán si sus actos infringieron o no el Código Penal, pero la manga ancha demostrada hasta ahora por el Gobierno ante la quiebra gravísima de confianza y de legalidad perpetrada por la cúpula de los Mossos llama poderosamente la atención.

Ha tenido que publicarse en los medios que la directora de la escuela de formación de los Mossos transportó urnas en su propio coche para que Interior haya decretado su cese fulminante

Ha tenido que publicarse en los medios que la directora de la escuela de formación de los Mossos transportó urnas para el 1-O en su propio coche -otro ejemplo más de burla consciente a la ley-  para que Interior haya decretado su cese fulminante. Mientras, se han seguido desvelando episodios que demuestran la implicación de la dirección de los Mossos en la gran trama de ilegalidades urdida en Cataluña por el independentismo. La más grave de ellas, el espionaje organizado y continuo a que han sido sometidos políticos, periodistas, jueces y otras muchas personalidades públicas contrarias al procés. Se trata de una grave vulneración de derechos, otra más, contra quienes no jalean ni se pliegan a los delirios de una república catalana independiente, y un nuevo ejemplo de uso sectario de instituciones que son de todos. Ciudadanos impulsa la creación de una comisión de investigación para que el Parlament investigue el alcance y la responsabilidad concreta de unas prácticas que no deben repetirse jamás.

Y hay más. Día sí, día también, se revelan noticias que abonan la sospecha de que el alto mando y cuadros medios de los Mossos d’Esquadra han recibido el 155 como quien oye llover. Escoltas en situación laboral confusa ejerciendo como pretorianos de un ex president fugado, acoso ideológico a agentes leales a la Constitución y el Estatut en algunas comisarías… Lamentablemente, la fractura provocada en el cuerpo por quienes se han saltado todas las leyes es un fiel reflejo de la sima abierta en la sociedad catalana, de la cual son parte. He conocido en estos últimos meses a un buen número de mossos preocupados por la tensión interna, por las repercusiones disciplinarias y legales del 1-O y otros hechos vergonzantes, como el intento de destrucción de pruebas del golpe o el asedio a agentes de otros cuerpos, e inquietos por una parálisis organizativa que afecta al desempeño de su labor. ¡Que los políticos no olviden que somos policías. Queremos hacer bien nuestro trabajo!, repiten.

No es seguro que lo estén consiguiendo. Estos días la policía catalana hace frente a los disturbios de los comandos secesionistas que se creen por encima de la ley y ajenos a los principios de la democracia. Voces significadas del PP acusan a los niveles medios de los Mossos de tolerar los altercados en lugar de atajarlos, obviando la ironía de que es el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien ahora dirige la respuesta a los independentistas más desaforados.

Es obligación de cualquier cuerpo policial impedir acciones violentas y de coerción sobre la ciudadanía. Como es su obligación cumplir el mandato de los jueces y colaborar con las Fuerzas de Seguridad del Estado en impedir una consulta ilegal. Los Mossos no lo hicieron porque toda su jerarquía -superior e intermedia- fue elegida para llevar adelante el procés y sus designios. No lo hicieron porque sus mandos traicionaron su compromiso, la buena fe exigida entre administraciones y la lealtad al orden constitucional y estatutario que un día juraron defender. A la espera de que la Audiencia Nacional decida si su apuesta sediciosa merece cárcel, Josep Lluis Trapero está hoy apartado de toda responsabilidad en el cuerpo. ¿Y el resto? Parece como si hubiese actuado solo. Da la impresión de que Zoido silba al techo a la espera de que venga otro a quedarse con esa patata caliente. La situación en Cataluña se normalizará un día, ojalá no muy lejano, y hará falta una policía autonómica cuyos responsables y cuadros medios no duden de en qué lado reside la legalidad democrática.

Burke, que tenía una máxima para cada dilema moral, creía que, en dosis excesivas, la tolerancia pasa de virtud a carga. Decía también que el mayor error lo comete quien no hace nada porque sólo podría hacer un poco. Tenga dudas morales o no, lo que demuestra también aquí el Gobierno del PP, rector de la administración catalana, es una parálisis pertinaz que encuentra en la excepcionalidad del 155 una excusa más para hacerse crónica.

*Miguel A. Gutiérrez Vivas es secretario general del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Interior.