Cuando a principios del próximo siglo los historiadores describan el declive de la Unión Europea y los posteriores conflictos en el continente, buscarán sin duda, en la tradición de Tucídides, la auténtica causa (prophasis) y las razones inmediatas (aitiai) del nuevo desastre. No es difícil prever que el comportamiento en Alemania frente al separatismo catalán será reconocido como una de las razones (aitiai) del declive de la UE.

La Unión Europea se basa, entre otras cosas, en la idea de que es una comunidad de democracias liberales con arreglo al Estado de derecho. En estos momentos, esta idea está siendo cuestionada seriamente en Alemania, a juzgar no sólo por el veredicto del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, que ordenó la libertad provisional del líder separatista Carles Puigdemont, sino también por la reacción de los políticos y los medios de comunicación, que niegan al Gobierno y al poder judicial español la competencia necesaria para formarse un juicio constitucionalmente apropiado sobre los separatistas.

A los nacionalistas catalanes no les interesa una mayor autonomía, sino la soberanía. En esto no puede ni debe mediar la Unión Europea

En su sentencia, el Tribunal Regional Superior establece analogías entre España y el Estado federal alemán. Por un lado, eso es comprensible, porque un tribunal en Alemania sólo puede orientarse basándose en su propio entorno. Pero, por otro lado, esto es fundamentalmente erróneo, porque España no es un Estado federal y las Comunidades Autónomas tienen un estatus constitucional completamente diferente al de los länder alemanes. Los derechos autonómicos en Cataluña superan en muchas áreas las competencias de los Estados federados. Además, el consenso constitucional español se basa en experiencias completamente diferentes a las de Alemania.

Uno puede decir que es más precario, por lo que, entre otras cosas, los procedimientos para enmendar la Constitución son mucho más complicados y prolongados que en Alemania. Pero esto fue acordado así por los padres de la Constitución española para no poner en peligro de forma negligente el consenso alcanzado hace 40 años, cuando se aprobó la Constitución. Las flagrantes violaciones de la Constitución, como las que ha cometido Carles Puigdemont, tienen por lo tanto en el contexto nacional un peso diferente al que se percibe en el extremo norte de Alemania.  En lugar de centrarse en las reglas básicas de la orden de detención europea y en entregar a Puigdemont a España, el Tribunal Regional Superior ha llevado a cabo en un cortísimo plazo una valoración cualificada de los acontecimientos en torno al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, algo que no se le había exigido y que excede de manera significativa sus competencias.

La valoración de las violaciones de la Constitución y las leyes por parte de Puigdemont y su Gobierno debería dejarse en manos de los tribunales españoles. La democracia liberal española permite no sólo que las personas (Puigdemont y otros) se presenten como candidatos a las elecciones, a pesar de que evaden la justicia huyendo al extranjero, sino que también les autoriza a aceptar sus mandatos desde la distancia e incluso a delegar sus votos en el Parlamento (¡cobrando encima sus dietas!). En Alemania, eso sería impensable. Por lo tanto, no hay duda de que los separatistas acusados están recibiendo en España el debido proceso judicial, acorde a los principios del Estado de derecho.

La valoración de las violaciones de la Constitución y las leyes por parte de Puigdemont y su Gobierno debería dejarse en manos de los tribunales españoles

Sus abogados pueden refutar los cargos individuales y el tribunal no tiene por qué acatar el acta de acusación, al igual que el tribunal de Schleswig no acató la solicitud de la Fiscalía General para una orden de extradición. Completamente nefasta es la propuesta de un rol de mediación de la UE, o incluso de Alemania, en el conflicto entre el Gobierno español y los nacionalistas catalanes. Puede lamentarse que el Gobierno español no persiguiera con más vehemencia una solución política a la crisis y que apostara en exceso por una solución legal. Pero revaluar ahora a Puigdemont a través de una iniciativa de mediación significaría que éste se acerca un paso más a su objetivo. Por supuesto, prometerá de todo para involucrar a la UE o a Alemania en el conflicto. Entonces, sería el dueño y señor del asunto y podría elevar infinitamente el precio de un acuerdo.

A los nacionalistas catalanes no les interesa una mayor autonomía, sino la soberanía; es decir, la secesión de España y la formación de un Estado separado. En esto no puede ni debe mediar la Unión Europea, si lo que quiere es evitar una de las razones de su futuro declive.

Análisis de Wilhelm Hofmeister, director de la oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Madrid, publicado en el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, el 10 de abril de 2018.