Vivimos en un Estado en creciente descomposición. Cuando cada uno cree tener la razón y se siente legitimado para imponer sus ideas e intereses, incluso por la fuerza, la sociedad está en peligro. La democracia es otra cosa. Es el imperio de la ley".

Esas fueron las palabras que un juez, compañero y amigo, escribía ayer en un chat que compartimos. No puedo estar más de acuerdo.

No voy a opinar en este artículo sobre la sentencia de 'La Manada'. Sobre ello ya se ha dicho mucho, demasiado. Sin embargo sí quiero reflexionar sobre la reacción surgida contra los jueces sentenciadores y por extensión sobre todo el Poder Judicial a raíz de la publicación de esa sentencia y de otras resoluciones judiciales adoptadas en el “procés” catalán.

No nos engañemos: no es libertad de expresión. El intento de acceder por la fuerza a los juzgados de Pamplona, la obstaculización de la actuación judicial por la fuerza en Barcelona, o los insultos, amenazas, coacciones o daños contra los jueces, sus familias o su patrimonio que hemos visto en los últimos meses no están amparadas por ningún derecho.

El pueblo había dictado sentencia antes del propio juicio. El pueblo quiere ser quien dicte sentencia y ejecutarla en la plaza pública

A pocos les interesa si las resoluciones judiciales son o no justas. Si ese fuera el debate, el Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para corregir los posibles errores judiciales. Desde los recursos frente a tales decisiones ante la jurisdicción española o la europea, pasando por el sometimiento de quienes integramos la carrera judicial a un inflexible régimen disciplinario, o a un Código Penal que llega a castigarnos como "prevaricadores" (un delito esencialmente doloso, de intención), por conductas imprudentes o ignorantes.

El pueblo había dictado sentencia antes del propio juicio. De igual la verdad, lo importante es "mi verdad". Estamos sometidos a un supremacismo cultural que en la vertiente jurídica tiene su máxima expresión en el juicio popular. El pueblo quiere ser quien dicte sentencia y ejecutarla en la plaza pública. Nada de leyes, procesos o jueces.

Y en esta realidad los jueces hemos pasado a ser ya las víctimas. Si es un problema de formación en igualdad, ¿por qué no hay manifestaciones ante el Consejo General del Poder Judicial? Es el encargado de formar a los jueces. Parece que no sólo es un problema de interpretación legal, pronto han salido los políticos a reconocer que se deben de reformar los delitos contra la libertad sexual para reconocer la actual sensibilidad social. Yo estoy de acuerdo, como ciudadano creo que el prevalimiento podría calificarse con la misma gravedad que la violencia o la intimidación. Entonces, ¿por qué sólo la culpa es de los jueces?

Si es un problema de formación en igualdad, ¿por qué no hay manifestaciones ante el Consejo General del Poder Judicial?

El Ministro de Justicia ha dado pronto la explicación. Ha ordenado al Consejo General del Poder Judicial que abra expediente. Bueno, ha dicho que era una opinión personal, pero ya sabemos lo que eso significa. Ahí está otra clave del problema. La transición democrática en España aún no se ha cerrado. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria no quieren perder el control sobre la justicia. Por favor, no me vengan ahora con lo del carácter democrático de la elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial. Todos sabemos que la partitocracia corrompe los sistemas democráticos.

Y en medio de todo estamos los jueces. Menos de 5.000 empleados públicos en activo que en su mayoría nos creímos aquel juramento que hicimos de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

Desde aquí un anuncio público. Nos podréis amedrantar, nos podréis insultar, agredir e incluso echar a algunos de nuestras carreras, pero mientras estemos aquí no dejaremos de aplicar las leyes en igualdad a todos los ciudadanos que se acerquen a nuestros tribunales. No es un problema de empecinamiento, es que estamos convencidos que es la única fórmula para garantizar los derechos en un estado democrático. Nadie por encima de la Ley.

Antonio Jesús Rodríguez Castilla es magistrado y presidente de la sección territorial de Andalucía del Foro Judicial Independiente, una de las cuatro principales asociaciones de la judicatura en España.