Las relaciones entre Mariano Rajoy y Albert Rivera se enfriaron tras las elecciones catalanas. El presidente del gobierno percibió por primera vez el peligro: mientras que el PP se hundía en su peor resultado histórico, Ciudadanos ganaba los comicios. El gobierno mandó a la Policía y la Guardia Civil para impedir el referéndum del 1-0; puso en marcha los mecanismos para la aplicación del artículo 155 de la Constitución; dio instrucciones a la Abogacía del Estado y animó a la Fiscalía a actuar contra las cabezas visibles del independentismo... A cambio, sólo obtuvo el rechazo de la inmensa mayoría de los catalanes.
Sin embargo, Inés Arrimadas, que había sido mucho más dura que el PP con Puigdemont y sus aliados, fue premiada con un triunfo electoral inimaginable unos meses antes.
Desde el 21-D, Rajoy ha hecho todo lo posible para desactivar a Ciudadanos, que, a partir de esa fecha, comenzó a subir como la espuma en todas las encuestas, hasta llegar a la última del CIS, que le da como segundo partido más votado a tan solo 1,6 puntos del PP.
En la sesión de control de este miércoles Rivera y el presidente del gobierno mantuvieron un duro cara a cara. Rajoy llamó "aprovechategui" al líder de Ciudadanos, que, ya en los pasillos del Congreso estalló: "Hasta aquí hemos llegado con esta displicencia", y dio por roto el acuerdo con el gobierno sobre el 155.
Tanto Rafael Hernando (portavoz parlamentario del PP) como Martínez-Maillo (número tres del PP) redujeron la disputa a una "chiquillada" del jefe de Ciudadanos. La encuesta del CIS le ha subido los humos a Rivera, vinieron a decir.
Desde Ciudadanos se transmitió un mensaje de tranquilidad: la ruptura no tendrá efectos prácticos, se mantendrá el apoyo a los presupuestos y a la investidura de Ángel Garrido en la Comunidad de Madrid.
Ciudadanos ya no quiere ser un partido bisagra, pretende ganar las próximas elecciones. El presidente lo sabe y hará lo posible para erosionar a su competidor
¿Estamos ante un calentón de Rivera sin mayor trascendencia o ante el anuncio de una subida de la tensión política en lo que queda de legislatura?
Ciudadanos y el PP están condenados a la ruptura. A Rivera le ha dado buen resultado apoyar la estabilidad del gobierno, respaldando el 155 y los presupuestos, pero el líder de Ciudadanos ya no quiere ser el jefe de un partido bisagra: quiere ganar las próximas elecciones.
La diferencia con lo que ocurría hace unos meses es que ahora Rivera se lo cree y su entorno también. Incluso muchos de los que dicen en las encuestas que votarían a Ciudadanos ya no lo hacen sólo por la incapacidad de regeneración del PP, sino porque piensan que puede asumir el gobierno sin que la economía se desplome.
Rajoy olfateó el peligro el 21-D y ahora está convencido de que Ciudadanos es el enemigo electoral a batir. Por ello busca dar protagonismo al PSOE, incluso olvidando su agarrada con Pedro Sánchez en el debate electoral más tenso de nuestra democracia.
La diferencia con lo que ocurría hace unos meses es que ahora Rivera se lo cree y su entorno también
El presidente, en su estilo, ningunea a Rivera. Hace mucho tiempo que no tiene una reunión larga y a fondo con él. De hecho, Rajoy se ha implicado personalmente en la negociación presupuestaria con el PNV y le ha dedicado mucho más tiempo a Andoni Ortuzar que al presidente de Ciudadanos. Desde luego, los nacionalistas han sacado una rentabilidad enorme a sus cinco escaños, para disgusto de Rivera.
Un dirigente de Ciudadanos resume así lo ocurrido en el Congreso: "No es un ataque de cuernos. Es una advertencia directa a Rajoy para que no siga vendiendo España a trozos".
Rivera ha colocado el foco de su amenaza en Cataluña. Sabe que posiblemente la semana próxima se produzca la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat, del gusto de Puigdemont. Y da por hecho que, tras la constitución del nuevo gobierno catalán, el 155 decaerá. Por tanto, su apoyo al 155 no tiene mucho valor. Lo que augura la amenaza del líder de Ciudadanos es que ya no habrá consenso sobre Cataluña, lo que haría imposible una unidad de acción del bloque constitucionalista. La cuestión no es baladí y pone en riesgo un consenso básico para el estado.
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