El nuevo Gobierno está rodeado como lo estaría un indio por el Séptimo de Caballería y por eso sus decisiones estarán siempre condicionadas por las exigencias o los intereses de sus múltiples padrinos, entendiendo por tales los que le han aupado al poder teniendo el PSOE un escuálido equipaje de 84 diputados. Para hacernos una idea de la fragilidad desde la que Pedro Sánchez se dispone a gobernar baste hacer notar que para obtener una mayoría absoluta que le permitiera aprobar, por ejemplo, una Ley Orgánica, necesitaría el concurso de otros 92 votos que añadir a sus 84 y que suman siete más que los que tiene por sí mismo.

Esa es su fragilidad y esa será su dependencia de los intereses del resto de los partidos a los que debe su presidencia. Para empezar, su compromiso de respetar los Presupuestos Generales del Estado, que aún no han sido aprobados por el  Senado y que ya han registrado el veto de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu, todos ellos coautores de la llegada de Sánchez a La Moncloa, no es más que la respuesta, o más bien la prueba del compromiso férreo asumido por él ante el PNV, precisamente el partido que tenía en su mano el éxito de la moción de censura socialista. Eso significa que el PSOE ha aceptado asumir las líneas básicas de la política económica del Partido Popular, que no otra cosa son los Presupuestos aprobados por un gobierno. Y esa es una limitación colosal.

Este compromiso le obliga a cumplir con lo pactado con el peneuvismo en materia de inversiones e infraestructuras para el País Vasco pero también ata las manos del comportamiento económico del futuro gobierno de Pedro Sánchez durante todo el año 2018, es decir, durante los próximos siete meses. Pero como sus socios de moción, salvo el PNV, son radicalmente contrarios al contenido y a la filosofía de estos Presupuestos, hay que suponer que para elaborar los de 2019 -porque, no nos engañemos: a poco que pueda Sánchez agotará lo que queda de legislatura- tendrá que atender a las reclamaciones de aquellos a quienes debe tanto.

Veremos si la debilidad del Gobierno de Sánchez llega hasta el punto de pensar en ceder en cuestiones capitales, especialmente en la relativa a la caja única de la Seguridad Social

Por el momento, ya hay capítulos que se van a poner sobre la mesa del presidente del Gobierno en cuanto se siente ante ella. El PNV, por ejemplo, le va a pedir el acercamiento de los presos etarras al País Vasco y las transferencias de las famosas 37 materias que llevan décadas reclamando y que nunca han conseguido, entre las que están la gestión de las prisiones y sobre todo la gestión de la Seguridad Social, algo a lo que los sucesivos gobiernos centrales se han venido negando sistemáticamente porque romper la caja única de la Seguridad Social sería tanto como romper la unidad de España.

Veremos si la debilidad del Gobierno de Sánchez llega hasta el punto de pensar en ceder en estas cuestiones capitales, especialmente en la relativa a la caja única de la S.S, cosa que no es probable porque no hay que olvidar que frente a su gestión se va a encontrar con una oposición durísima a cargo de Ciudadanos pero sobre todo de un PP que se sabe expulsado del poder sin los votos de los electores mediante. Esa clase de cesiones tendrían, por otra parte, para los socialistas un coste altísimo en votos en las elecciones de 2020. Sin embargo, en lo relativo al reconocimiento de la "nación vasca" y el "derecho a decidir" que el PNV y Bildu han incluido en el nuevo proyecto de Estatuto vasco no va a haber ninguna clase de cesión y ahí no cabe ninguna duda. Pero lo que es seguro es que, además del cumplimiento de los presupuestos del PP, el PSOE va a tener que pagar al PNV con algo más por haber propiciado su ascensión al Gobierno de España.

Podemos no se siente menos determinante que el PNV en la victoria de Sánchez y la prueba plástica la tuvimos el viernes, al término de la sesión de la moción de censura en el hemiciclo cuando los diputados del partido morado entonaban a voz en cuello su consigna "¡Sí se puede, sí se puede!" mientras algunos incautos miembros del grupo socialista acompañaban con palmas la cadencia del lema podemita. Ayer sábado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, seguía insistiendo en la conveniencia de que Pedro Sánchez incluyera en su equipo de gobierno a algún o algunos miembros de esta organización. Suceda así o no, y a día de hoy es probable que no suceda, o al menos no suficientemente, el planteamiento da la idea de lo próximos que se sienten los de Pablo Iglesias a la gestión que el Gobierno socialista va a emprender a partir de la semana que viene.

PP y Ciudadanos pueden bloquear las iniciativas en la Mesa del Congreso porque siguen teniendo cinco de los nueve puestos con que cuenta al órgano de gobierno de la Cámara Baja

Y aquí entran unas cuantas medidas, de esas que el gobierno anterior bloqueó en el Congreso porque alteraban el gasto comprometido y que Podemos va a reclamar inmediatamente al PSOE que rescate de la papelera: la subida del salario mínimo; el aumento de las prestaciones por desempleo, la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. La mayor parte de estas medidas suponen un incremento de coste indudable y es muy dudoso que Pedro Sánchez las ponga en práctica porque no puede de ninguna manera presentarse en Bruselas habiendo hecho estallar por los aires el compromiso de déficit y porque se ha comprometido además con el PNV en no tocar las cuentas. Eso sin contar con que el PP y Ciudadanos pueden bloquear las iniciativas en la Mesa del Congreso porque siguen teniendo cinco de los nueve puestos con que cuenta el órgano de gobierno de la Cámara Baja.

Y ése será el momento en que el sector anticapitalista de Podemos le echará en cara a la dirección de su partido su sumisión a los socialistas y clamará por la "recuperación inmediata de derechos", eso sí, desde el conflicto, porque "un Gobierno débil", dicen, "es el mejor escenario para una ofensiva social destinada a recuperar conquistas de derechos", planteamiento del que no difieren mucho los dirigentes de Podemos. No hay que olvidar la advertencia hecha al PSOE por el partido morado: "Si no somos socios somos oposición". Y si acaban siendo oposición de una manera u otra, el PSOE se va a encontrar con que, habiendo asumido los Presupuestos del PP, va a tener que salir a defenderse con una mano atada a la espalda de las dentelladas que le propine Podemos en su disputa por los votantes de las próximas elecciones.

Por lo que se refiere a los independentistas catalanes que, como todos los demás, no le han votado porque crean en él sino porque querían deshacerse de su antecesor en el Gobierno, el racista Torra, del que nadie en su entorno se avergüenza por sus convicciones que lo convertirían en cualquier país democrático en inhábil para ocupar ningún cargo de representación institucional, ya ha convocado a Sánchez a celebrar conversaciones "de gobierno a gobierno", es decir de igual a igual, para desencallar el conflicto. Naturalmente, en el habitual desprecio de los independentistas a la normas de cualquier Estado de derecho y a su consiguiente separación de poderes -como acabamos de comprobar con la sentencia de la Gürtel- el presidente de la Generalitat le va a reclamar cosas que nunca podrían estar en las manos de Sánchez.

Lo que se espera en ámbitos empresariales es que, en materia económica, el nuevo Gobierno no haga ningún experimento arriesgado

Cosas tales como la puesta en libertad de los presos preventivos y la no persecución judicial de los huidos de la Justicia, sobre todo de Carles Puigdemont. Todos los planteamientos que Torra pudiera hacer a Sánchez estarán fuera de su potestad y seguramente también de su voluntad política. Pero es que ni siquiera podrá el nuevo presidente del Gobierno poner en marcha las medidas que el socialismo viene defendiendo desde hace años tales como esa reforma de la Constitución para abrir, creen ellos, una rendija de solución al conflicto de Cataluña. Y eso será así porque tendrá enfrente al Partido Popular y a Ciudadanos y el PSOE ya ha aprendido del tremendo error que supuso abordar en el Congreso en 2016 la reforma del nuevo Estatuto de Cataluña prescindiendo por completo de la posición del PP que, insistimos, sigue teniendo mayoría más que absoluta en el Senado. Si la revisión del modelo territorial no cuenta con el concurso del partido mayoritario, y desde luego no cuenta con él, no podrá abordarse. Podría producirse, eso sí, una cierta distensión en los contactos entre la Generalitat y el Gobierno de la nación pero no mucho más que eso.

Pero, además de todos estos condicionantes y de todas las limitaciones que conllevan, el PSOE tenía en su programa medidas de un enorme calado social y económico: derogar o, en todo caso, alterar, la reforma laboral aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y que, con todos sus inconvenientes a cuestas, ha hecho posible un creación de empleo a un ritmo de medio millón de puestos de trabajo al año. La reforma socialista pretende además devolver a los sindicatos su papel en las negociaciones para los convenios colectivos, papel que habían perdido en favor de una mayor flexibilidad para que las empresas adecuaran su negociación a la situación real de cada una de ellas. Y aquí si tiene algún margen de maniobra. Pero la reforma de las pensiones, que el PSOE quiere vincular de modo permanente al IPC,  podría tener también una repercusión formidable en la economía española porque en este caso se calcula que el gasto se incrementaría de modo alarmante para los criterios de Bruselas, ante quien el nuevo Gobierno tendría que ofrecer un plan de aumento de ingresos que tranquilizara a las autoridades de la UE.

Si además el PSOE se lanza a aprobar un ingreso mínimo vital para erradicar la pobreza y recupera el subsidio a desempleados mayores de 50 años y a los parados de larga duración, es evidente que las cuentas aprobadas por el PP y que el PSOE se ha comprometido ante el PNV a respetar se descuadrarían de manera muy alarmante. Por eso el equipo de Pedro Sánchez se va a topar también en este caso con importantísimas limitaciones en una gestión que, hay que insistir en ello, no podrá durar en ningún caso más allá de mayo de 2020, y eso a todo tirar. Y en ese tiempo Sánchez tendrá que tener muy buen cuidado en no relajar el objetivo de déficit porque eso supondría un salto en la deuda y en la prima de riesgo que arrastrarían al Gobierno socialista al descrédito y al fracaso además de reducir sus posibilidades de ganar las elecciones generales de 2020 prácticamente a cero. No querrá Sánchez acabar como Zapatero, hay que suponer. Por lo tanto, lo que se espera en ámbitos empresariales es que, en materia económica, el nuevo Gobierno no haga ningún experimento arriesgado y se limite a abordar con los sindicatos algunos cambios técnicos en la reforma laboral y a mejorar la situación de algunos  sectores.

En definitiva, será un Gobierno en minoría absoluta en el Congreso y con mayoría absoluta del PP en el Senado que no tendrá las manos libres para impulsar reformas ambiciosas. Lo probable es que lo que queda de legislatura no alumbre ninguna nueva ley de enjundia. Sí podrá, para consolarse, aprobar reformas que ya contaban con mayoría en la Cámara pero que estaban vetadas por el Gobierno bajo el pretexto de que suponían un incremento de gasto y cobrarse algunas piezas simbólicas como la reforma de la llamada "Ley mordaza", que no cuesta dinero.

Estas son las posibilidades pero también las enormes limitaciones con que Pedro Sánchez encara su sueño de ser presidente del Gobierno de España. Aunque sea por un rato.