Las elecciones que se celebraron el 20 de diciembre de 2015 solo debían dar paso a la XI Legislatura, pero fueron mucho más que eso, pues abrieron un nuevo ciclo político en España, muy alejado del ritual de otras convocatorias electorales o del predecible balanceo de los cambios de Gobierno vividos hasta aquella fecha. Aquellas elecciones certificaron, casi sin darnos cuenta, la muerte de un sistema político articulado en torno a un bipartidismo protegido por las válvulas de seguridad de un texto constitucional que había sido capaz de integrar algunas enseñanzas históricas con los mecanismos de racionalización característicos del constitucionalismo europeo de la segunda posguerra.

Se iniciaba en aquella fecha la primera Legislatura frustrada de nuestra vida constitucional. Seis meses más tarde la imposibilidad de formar Gobierno obligaba a desempolvar el artículo 99 de la Constitución, cuyo último apartado parecía escrito para no aplicarse nunca, habida cuenta de la relativa facilidad con la que siempre se habían cuajado las mayorías de gobierno alrededor del vencedor de las elecciones. En realidad, era solo el comienzo de un período en el que pronto aprenderíamos a rebuscar en el fondo de la caja de herramientas constitucional y a estrenar artilugios, como el artículo 155, que hasta entonces parecían piezas de museo reservadas a la especulación doctrinal. El 1 de junio de 2018 se producía el primer cambio de Gobierno en la España contemporánea como consecuencia de la aprobación de una moción de censura, rompiendo así el precinto de otro de esos mecanismos de la democracia parlamentaria, que parecía diseñado solo para provocar grandes debates políticos, sin consecuencias prácticas. En esta ocasión, por primera vez, los efectos fueron más allá de la dialéctica política.

Artículo 99, 155...Parecían piezas de museo destinadas a la especulación doctrinal

Es evidente que la moción de censura es un mecanismo perfectamente legítimo para articular un cambio de Gobierno y su naturaleza constructiva asegura que la expresión formal de la retirada de la confianza parlamentaria solo puede triunfar si va acompañada, en el mismo acto, de la construcción de un nuevo vínculo. Nada que objetar, por tanto, a la regularidad constitucional y reglamentaria de todo lo sucedido en los últimos días, tal como expresó con enorme dignidad Mariano Rajoy al ser el primero en felicitar desde la tribuna al Presidente del Gobierno surgido de aquella votación. Sin embargo, más allá de la legalidad formal, se imponen algunas reflexiones de carácter político sobre este inesperado movimiento de placas tectónicas que ha fracturado la XII Legislatura a pocos días de cumplirse la mitad del mandato parlamentario.

Si la moción de censura tiene dos componentes, uno de retirada de la confianza en el Gobierno existente y otro de otorgamiento de esa misma confianza a un nuevo candidato para que forme su propio Gobierno, podemos afirmar que lo primero exige que suceda algo nuevo, que justifique la ruptura del vínculo fiduciario que supuso la investidura y lo segundo exige que se proponga algo bueno, que haga a la Cámara decantarse por un nuevo Presidente al que encargar la dirección de la política interior y exterior. Pues bien, en este caso, no hay nada nuevo ni hay nada bueno detrás de la moción de censura que ha hecho Presidente a Pedro Sánchez.

Sin restarla gravedad, la sentencia de Gürtel no aporta nada nuevo en cuanto a responsabilidades políticas

En primer lugar, en cuanto a la censura en sí misma, ha utilizado como detonante una sentencia judicial, elevada a verdadero imperativo ético para derribar al Gobierno. Sin embargo, sin restar ni un ápice de gravedad a los hechos juzgados y a las condenas impuestas, lo cierto es que la sentencia no aporta nada nuevo en el terreno de las responsabilidades políticas pues los mismos argumentos que se han utilizado para sostener que tras la sentencia era imposible la continuidad de Rajoy se utilizaron como principal discurso de la oposición en las contiendas electorales de 2011, 2015 y 2016. En todas ellas fueron los ciudadanos los que pudieron exigir de primera mano tales responsabilidades políticas y, sin embargo, confirmaron su confianza mayoritaria en Rajoy y en el Partido Popular.

Esos mismos hechos provocaron comparecencias parlamentarias, preguntas orales y un sinfín de críticas al Partido Popular en toda clase de debates y convocatorias, en las que todavía se repite sistemáticamente que es el partido “más corrupto de Europa”, una afirmación que no tiene ningún respaldo objetivo, pues no existe ningún baremo de corrupción de los partidos europeos, aunque la reiteración de la falsedad contribuye a crear una atmósfera irrespirable alrededor de una formación política con cientos, miles, de cargos públicos intachables, entregados de forma ejemplar al servicio público.

Se repite que el PP es el "más corrupto de Europa", afirmación que no tiene respaldo objetivo

La llamada sentencia de la “Gürtel” no dirime responsabilidades políticas sino responsabilidades penales por hechos ocurridos entre 1995 y 2003; tampoco tiene por objeto el enjuiciamiento de la credibilidad de nadie; la sentencia no es firme y el fallo no es unánime, sino discutido por uno de los tres magistrados de la Sala; la sentencia no condena a ningún miembro del Gobierno, ni a nadie que forme parte del Partido Popular, pues los declarados responsables son las mismas personas investigadas desde hace nueve años y que desde entonces no tienen relación alguna con el partido. En fin, la sentencia no atribuye responsabilidad penal alguna al Partido Popular, sino responsabilidad civil cuya premisa inequívoca es el desconocimiento de la naturaleza delictiva de los hechos.

Tan inaceptable sería negar la gravedad de los hechos juzgados y condenados por la Audiencia Nacional como pretender que tales hechos, ocurridos hace más de 15 años, estigmatizan o contaminan para siempre cualquier cosa que haga el Partido Popular. Las elecciones no limpian las responsabilidades penales, evidentemente, del mismo modo que las condenas penales no pueden proyectar un efecto deslegitimador eterno en todos los miembros de una formación política. Los delitos se juzgan por los tribunales, la credibilidad política se juzga en las urnas.

Gürtel dirime responsabilidades penales ocurridas entre 1995 y 2003, hace más de 15 años

El 18 de noviembre de 2009 comparecía el entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Como puede leerse en el diario de sesiones, el máximo responsable de la Fiscalía en el Gobierno de Rodríguez Zapatero explicaba a los diputados que de un total de 700 procedimientos penales abiertos, 264 eran contra cargos públicos del Partido Socialista Obrero Español, 200 contra cargos del Partido Popular y así relataba las diligencias penales que afectaban a todas las formaciones políticas. En aquella fecha exhibir al PSOE como campeón en el ránking de las investigaciones penales por corrupción era una prueba de independencia del Ministerio Público. Con los criterios actuales, ¿debería haberse exigido la dimisión del Presidente Zapatero por esta razón?

Por otra parte, si el Tribunal Supremo llega a rectificar en casación alguna de las afirmaciones de la sentencia de la Audiencia Nacional utilizadas como argumento para derribar al Gobierno de Rajoy, ¿dimitirá Pedro Sánchez? O, tal vez, si los ex Presidentes del PSOE que actualmente están siendo juzgados en Andalucía por el vergonzoso fraude de los ERE resultan condenados, ¿dimitirá Sánchez por coherencia?

La responsabilidad civil atribuida al PP es por desconocer la naturaleza delictiva de los hechos

Si la censura del Gobierno no se basó en nada nuevo, la construcción de una nueva mayoría de Gobierno no se basó en nada bueno. En efecto, el único elemento que cohesiona al conjunto de fuerzas políticas que han llevado a Sánchez a la Moncloa es su aversión al Partido Popular y a Mariano Rajoy, en particular. El pegamento de la nueva mayoría es cualquier cosa menos un proyecto de país o un programa de gobierno: es un proyecto de desgobierno, les une su voluntad de desalojar a un tercero y les divide todo lo demás.

Presentarse ante los españoles como el portador del listón de la honradez al lado de Bildu o de los herederos del latrocinio de la familia Pujol es, sencillamente, vergonzoso. El nuevo Gobierno de España se sostiene en una suerte de cooperativa de formaciones políticas que no creen en España, que desean abiertamente la desaparición –no el cambio- de nuestro país, que acusan al Estado de represor y que se presentan sin sonrojo como custodios de la virtud, a pesar de su conocida y condenada participación en aberrantes casos de corrupción o de su abominable justificación de ese terrorismo que durante décadas desgarró a España y a los españoles. Por supuesto, hemos escuchado en incontables ocasiones que no se llegaría a acuerdos con  ninguno de ellos. ¿Tan poco valor tiene la palabra dada?

Rajoy supo leer la complejidad de los nuevos tiempos políticos para alcanzar pactos a futuro

La diferencia entre Rajoy y Sánchez es que el anterior presidente supo leer la complejidad de los nuevos tiempos políticos para alcanzar pactos que construyesen el futuro, como demuestran las mayorías alcanzadas para aprobar los presupuestos de 2017 y los de 2018 en el Congreso de los Diputados (por cierto, el presupuesto  que era regresivo, antisocial y machista y que será el eje de política económica del nuevo Gobierno).

El actual presidente solo ha sabido alcanzar pactos para derribar el pasado, pues el único contenido concreto de su programa de gobierno, anunciado en el debate de investidura, es la derogación de las leyes aprobadas en la Legislatura de mayoría del partido popular. Esto último no deja de ser paradójico pues el Gobierno ha cambiado pero las fuerzas políticas en las Cámaras son las mismas por lo que no se alcanza a entender qué permite ahora derogar las llamadas “leyes del PP” que no pudiera hacerse desde el inicio de la Legislatura (las leyes no las cambia el Gobierno, sino la mayoría parlamentaria). Rajoy siempre miró al futuro. Sánchez llega clavado en el pasado.

Se capitaliza el rechazo al PP por encima de la palabra, la coherencia, la ideología o la lealtad a España

Ciertamente los próximos meses desvelarán las incógnitas que, a día de hoy, presenta un Gobierno nacido de la habilidad para capitalizar el rechazo al Partido Popular por encima de la palabra, la coherencia, la ideología o la más elemental lealtad a la España constitucional. Cuando algo se construye sólo desde una combinación a partes iguales de ambición y aversión, solo genera inquietud. Esta moción de censura ha triunfado, es evidente, pero no supone nada nuevo y tampoco nada bueno.

Francisco Martínez Vázquez, diputado por Madrid