Son sólo gestos porque este Gobierno y este presidente no están en condiciones de ofrecer otra cosa, dada su raquítica minoría parlamentaria. Pero los de este lunes han sido dos gestos que tienen una carga extraordinariamente negativa por lo que suponen de mensaje de debilidad ante los nacionalistas vascos y ante los secesionistas catalanes.
Empecemos por lo segundo. Hay que preguntarse qué papel tiene que jugar un político como Pablo Iglesias haciendo de intermediario entre el racista y xenófobo presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno de España. ¿Es que no tiene en su equipo ninguna persona capacitada para trasladar al líder secesionista la posición del Gobierno? Carece por completo de sentido y es del todo negativo para la imagen del propio Pedro Sánchez mandar de recadero a un señor que a la salida del encuentro se ha alineado plenamente con el secesionismo y con su necesidad de -una vez que no tiene a Mariano Rajoy para hacerle objeto de todos los ataques y todas las mentiras- arremeter contra el Rey con todas las fuerzas y la hostilidad que le quedan a su fanatismo irrecuperable.
Y ahí tenemos que aguantar a un señor Iglesias, que ha ido a ver a Qim Torra únicamente para facilitarle a Sánchez la entrevista el próximo dia 9 con el líder secesionista, sumándose al ataque de los independentistas a Felipe VI, que cumplió honesta y brillantemente con su papel constitucional cuando defendió el cumplimiento de la ley y tildó de comportamiento "inaceptable" y "deslealtad inadmisible" a quienes habían aprobado las leyes ilegales de independencia aprobadas por el parlamento catalán a finales del mes de septiembre y organizaron el 1 de octubre un sucedáneo de referéndum ilegal cuyos resultados no fueron acreditados por ningún organismo independiente pero que valió al independentismo para pretender que el poble català había votado por la independencia.
Ése es el interlocutor, el intermediario, del presidente del Gobierno, un señor que defiende el derecho de autodeterminación para Cataluña -aunque, eso sí, ha informado a su interlocutor de que el Gobierno no va a aceptar el reconocimiento de ese derecho a los catalanes- y sostiene que no pueden seguir encarceladas unas personas que están en prisión provisional por haber anunciado la república independiente de Cataluña, haber votado leyes manifiestamente ilegales, haber declarado repetidamente, ellos y los partidos a los que pertenecen, su voluntad inquebrantable de intentar volver a repetir la jugada y haber desobedecido repetidamente las sentencias de los tribunales. En definitiva, Pablo Iglesias se ha puesto del lado del secesionista Torra y ha apoyado sus postulados esenciales. Pero lo malo no es esto. Lo malo, lo pésimo, es que el presidente Sánchez no ha abierto la boca, ha guardado un silencio culpable que le sitúa en el peligrosísimo terreno del consentidor. Y ésa es una responsabilidad que de ninguna manera se le puede admitir a quien es presidente de todos los españoles.
Iglesias se ha puesto del lado del secesionista Torra. Pero lo malo, lo pésimo, es que el presidente Sánchez no ha abierto la boca, situado en el peligrosísimo terreno del consentidor
Y no puede decir Sánchez que él no tiene nada que ver con este encuentro Torra-Iglesias, sencillamente porque no es verdad. Esta entrevista obtuvo su visto bueno durante el encuentro secreto que el líder morado celebró en La Moncloa con el presidente del Gobierno. Y, por lo tanto, es el presidente quien está obligado a dejar clara su posición respecto de las inaceptables declaraciones de Pablo Iglesias al término de su conversación con el presidente xenófobo. Insisto en esta condición del hombre que ocupa hoy la Generalitat porque sería una inmoralidad olvidar ni por un momento las palabras de un racismo y una xenofobia insoportables que durante años ha estado vertiendo en sus escritos y que le descalifican para ocupar ningún cargo de representación en cualquier sistema democrático. En cualquiera menos en el de la Cataluña secesionista. Los únicos beneficiados de este encuentro han sido Iglesias, que ha ocupado por un día el foco de la política nacional en un papel que no le corresponde, y Torra, que ha sido por un momento "blanqueado" en su racismo y su xenofobia irredentos y ha aparecido como un líder político como cualquier otro. Pero Pedro Sánchez no se ha beneficiado de este encuentro sino todo lo contrario.
Por eso hay que exigir al presidente que vuelva a dejar claro en qué lado está realmente. No es que lo dudemos, es que nos empujará a dudarlo si, una vez escuchado Iglesias, Sánchez no lo pone en su sitio. Para distender el clima de enfrentamiento radical que han creado los independentistas con sus provocaciones no puede el jefe del Gobierno de España tolerar según qué cosas porque entonces produce la inquietante sensación de que está dispuesto a claudicar y a ceder en la defensa de los principios constitucionales a cambio de un poco de tranquilidad en los apenas dos años que le quedan de legislatura. Y si cree que con esa clase de cataplasmas va a conseguir su soñada victoria en las elecciones de 2020 que le permitan estar otros cuatro años en el poder, se equivoca de medio a medio. Los españoles, también quienes votan al PSOE, no le perdonarían nunca que se dejara vencer por los secesionistas.
Lo que subyace finalmente tras estas y otras reclamaciones de Urkullu a Sánchez es la consecución de la soberanía del País Vasco
La distensión no puede tener según qué precio y por lo visto hasta ahora, del lado de los independentistas no hemos escuchado más que insultos, ofensas, desafíos y provocaciones. Ni un solo gesto pacificador, ni uno solo, sino todo lo contrario: después de encontrarse con el líder de Podemos, el señor Torra ha anunciado que van a organizar otro 1 de octubre porque el de 2017 no salió todo lo bien que debería haber salido.
Este es el tono con el que el secesionista se prepara para acudir a hablar con el presidente del Gobierno. Pero Sánchez debe saber que en todo lo que está ocurriendo en estos días en torno a la llamada "distensión", no con Cataluña sino con los secesionistas catalanes, son ellos los que van ganando porque después de haber escuchado a varios miembros del Ejecutivo hacer ofrecimientos variados, incluida una "urgente y necesaria" reforma constitucional en palabras de la ministra Meritxell Batet, lo que hemos recibido de la otra parte es el desafío de otro 1-O y la exigencia de libertad de los presos porque, dice Elsa Artadi, "están en prisión por un delito que no han cometido". Y eso se le va a apuntar en el debe de la cuenta del Gobierno, que no le quepa a Sánchez la menor duda. Es decir, que si el día 9 tras su encuentro con Torra no sale Sánchez con algún logro que ofrecer a la ciudadanía en forma de cesión del independentismo, la mayor parte de los electores considerará que está pagando el precio de haber contado con los votos que le han aupado a la presidencia. Y eso no se lo perdonarían porque ese precio se pagaría a costa de todos los españoles, cosa que no le van a consentir.
Son 84 diputados los que tiene el PSOE pero esa escasez no nos puede costar a los españoles el país entero
¿ Y qué decir del encuentro de Sánchez con el lehendakari Urkullu? No deben dar crédito los nacionalistas vascos a quienes el presidente del Gobierno ha dicho que está dispuesto a negociar las famosísimas 37 transferencias que llevan décadas ¡décadas! pidiendo sin éxito alguno a todos los gobiernos que en democracia ha sido. Pero, oiga, no hay nada mejor que una extrema debilidad parlamentaria para que su interlocutor, dramáticamente necesitado de apoyos en el Congreso, se apreste a entregarles la mismísima luna. Quieren los peneuvistas de todo, incluida la gestión económica de la Seguridad Social que, habida cuenta del proyecto de nuevo Estatuto que están pergeñando de la mano de Bildu en el parlamento de Vitoria, no es más que el primer paso para hacerse con la cesión directa de la S.S., es decir, una de las bases para conformar la independencia del territorio.
También ha aceptado Sánchez acercar a los presos etarras a cárceles del País Vasco pero lo que reclama el líder del PNV, y Sánchez no le ha dicho que no, es la gestión total de las prisiones, lo que incluye autonomía para aplicar su propia política penitenciaria. Se va a convocar el mes que viene una Comisión Mixta de Transferencias y es de esperar que del dicho al hecho haya un gran trecho porque lo que subyace finalmente tras estas y otras reclamaciones es la consecución de la soberanía del País Vasco.
Son 84 diputados los que tiene el PSOE pero esa escasez no nos puede costar de ninguna manera a los españoles el país entero.
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