La Euroorden ha fallado estrepitosamente. La Euroorden es eficaz y funciona bien, pero no siempre y, desde luego, no para según qué delitos. Eso es algo que el Gobierno de Pedro Sánchez debería plantear ante las correspondientes instancias europeas porque lo que ha sucedido con el caso de Carles Puigdemont es intolerable desde todos los puntos de vista y es obligación del Gobierno defender las estructuras democráticas españolas, lo cual incluye la defensa de nuestra legislación y, en consecuencia, el nivel jurídicamente incontestable de nuestro Código Penal, que es con el que se está juzgando a quienes se saltaron las leyes y desobedecieron repetidamente a nuestros tribunales de la jurisdicción ordinaria y también al Tribunal Constitucional.

El Gobierno no se puede esconder esta vez detrás del consabido respeto a las decisiones judiciales porque lo que está puesto sobre la mesa es mucho más que una sentencia: es la asunción, que no debe ser  admitida en ningún caso, de que las decisiones de los tribunales españoles pueden ser revocadas por los tribunales de cualquier país que no son los que tengan jurisdicción europea. Y eso es lo que acaba de ocurrir porque un tribunal regional se ha permitido entrar en el fondo del asunto Puigdemont cuando lo que se le pedía, y tenía la obligación de hacer, era que comprobara que el delito de rebelión tipificado en España tenía o no similitudes con un delito de las mismas características en Alemania. Pero no ha sucedido así y el Tribunal Supremo español ha visto estupefacto como unos magistrados de menor rango le deniegan la entrega de un individuo para ser juzgado en nuestro país y se permiten incluso interpretar la voluntad del acusado, Carles Puigdemont, en orden a establecer o no un auténtico desafío a nuestro Estado de Derecho.

El Gobierno no se puede esconder esta vez detrás del consabido respeto a las decisiones judiciales, esto es mucho más que una sentencia

Por esa razón es evidente que la euroorden falla estrepitosamente cuando de lo que se trata es de abordar delitos complejos como es el de rebelión. No sirve. Y eso hay que denunciarlo enérgicamante porque el daño que ha causado este episodio a nuestro sistema democrático es por el momento inmenso. La euroorden sirve,  y sirve muy bien, para que los poderes judiciales de los países miembros de la UE entreguen con rapidez y sin las dilaciones que comportaba el antiguo sistema de las extradiciones, a los acusados de los muchos delitos simples que son los habituales en las sociedades de nuestro entorno: blanqueo de capitales, malversación, estafa, robos, violaciones, secuestros, asesinatos y un largo etcétera.  Y eso es así porque en todas las legislaciones un asesinato es un  asesinato y una operación de blanqueo es una operación de blanqueo.

Pero lo que ha ocurrido en España en los últimos años es una situación inédita en muchos de los países europeos y no es sorprendente que sus respectivas legislaciones no contemplen escenarios como el que desgraciadamente hemos tenido que sufrir aquí. Los códigos penales de cada país son hijos de su propia historia y en España episodios como los protagonizados por los secesionistas catalanes no son ninguna novedad. Y para esos delitos complejos que tienen un componente político la Euroorden es directamente un pingo inservible como se ha podido demostrar.

El Gobierno, hay que insistir, no se puede esconder detrás de la penosa consideración formulada el viernes tras el Consejo de ministros por la portavoz Isabel Celáa, a la que ha quedado ya demostrado que ese papel le queda muy grande. Pedro Sánchez tiene que dar la cara por el Poder Judicial español, lo cual no le fuerza a meterse en cuestiones de sentencias -aunque bien que lo hicieron algunas de sus ministras tras la sentencia de La Manada- pero sí a denunciar los fallos clamorosos de ese acuerdo europeo por el que se supone que los jueces de la UE trabajan sobre la base de la confianza recíproca y en función de esa confianza no se permiten examinar más que si el delito por el que se reclama a un acusado tiene o no correspondencia con su propia legislación. Y en Alemania existe el delito de alta traición y el de coerción a los órganos constitucionales.

Para los delitos complejos que tienen un componente político la Euroorden es un pingo inservible como se ha podido demostrar

Pedro Sánchez está obligado a decir que no correspondía a  la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein decidir si se habían producido o no los actos por los que el Tribunal Supremo pedía la entrega del secesionista Puigdemont ni si sus intenciones eran o no alterar por la vía de los hechos el edificio constitucional español. Y añadir que, puesto que lo han hecho así, eso demuestra que la Euroorden no puede ser aplicada para perseguir este tipo de delitos complejos. Que hay que buscar otras vías para abordar judicialmente en el ámbito europeo este tipo de acontecimientos, aunque sea muy improbable -no  imposible, desde luego- que otro país de la UE se enfrente un día con que un representante electo de una determinada región decida por la vía de los hechos consumados separar a esa región del territorio nacional, organice para ello un referéndum que se le ha prohibido expresamente, ignore las advertencias de los tribunales y a continuación empuje a la población a votar a pesar de ser consciente de que pueden producirse enfrentamientos y situaciones de violencia. Pero, dado el éxito conseguido por Puigdemont gracias a este fallo clamoroso de los principios en los que se sustenta la Euroorden, no debemos descartar que algún otro movimiento populista de los que empiezan a proliferar en Europa intenten una operación similar.

El problema, o más bien la sospecha, es que esta situación, que supone una humillación gratuita a un Poder Judicial impecablemente independiente y jurídicamente inmejorable como es el Tribunal Supremo español, en realidad le conviene  políticamente al presidente. Y le conviene porque a partir de ahora se va a desatar una operación de presión sin precedentes sobre el Supremo, sobre la Fiscalía General del Estado y sobre el propio Gobierno para que la situación de los encarcelados se  suavice drásticamente y ahí el presidente tiene la opción de actuar. Los abogados de los procesados dan por hecho ya, sin más dilaciones, que sus defendidos no han cometido los delitos por los que van a ser juzgados puesto que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein así lo ha dejado sentado, porque ahora resulta que ese tribunal se ha convertido de facto en una instancia superior al más alto tribunal español.

No debemos descartar que algún otro movimiento populista de los que empiezan a proliferar en Europa intenten una operación similar

Eso es lo que veremos de aquí en adelante, la presión feroz de las defensas en pro de la puesta en libertad de los procesados. Y, dado que el Gobierno no parece tener nada que decir al respecto, es de suponer que va a asumir el papel de "hombre bueno" que ya está empezando a desempeñar por lo que no tardaremos en ver en la calle a los encarcelados preventivos que, una vez sean condenados -que muy probablemente lo serán- pasarán a disfrutar más pronto que tarde del tercer grado y aquí no ha pasado nada y todos tan contentos. Todos menos quienes consideramos que no se puede tolerar de ninguna manera que quienes han atentado contra la Constitución y han pretendido romper España  puedan quedar libres de duros castigos, sobre todo para intentar evitar que algo así se repita. Pedro Sánchez tiene que tener presente que su comportamiento político en este asunto va a pesar muy decisivamente en el balance que los electores vayan a hacer de su gestión en estos escasos dos años que restan hasta las próximas elecciones generales. Este es un asunto de importancia capital para una inmensa mayoría de españoles de cualquier ideología y es seguro que lo van a tener en cuenta cuando acudan a votar. No debe olvidarlo.

Naturalmente, el juez Pablo Llarena no debe admitir de ninguna manera que Alemania le entregue al señor Puigdemont sólo para ser juzgado por malversación. Al margen de que esa situación haría saltar por los aires todo el procedimiento por el que van a ser juzgados por un delito de rebelión, o quizá de sedición, el resto de los procesados, sería una injusticia intolerable que el líder de la rebelión saliera indemne de la sanción que se merece. Por lo tanto, lo que conviene a la justicia española es que el antiguo presidente de la Generalitat se quede en Europa todo el tiempo del mundo sin pisar suelo español porque en cuanto lo pisara pasaría a ser juzgado y previsiblemente condenado por aquello de lo que ahora se ha librado gracias a la intromisión inadmisible de un tribunal regional alemán. De nuevo hay que decirlo: esto no se lo habrían hecho nunca a Alemania ni a Francia. Y no debemos aguantar en silencio que se lo hagan a nuestro país.