Sánchez no ha aprendido nada de los errores de Zapatero con la inmigración

En apenas dos meses el gobierno de Pedro Sánchez ha cambiado su política migratoria sin decirlo. El 17 de junio (sólo diez días después de su toma de posesión) el buque Aquarius atracaba en el puerto de Valencia con 630 inmigrantes a bordo. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, esgrimió "razones humanitarias" para dar a esas personas un permiso de residencia de 45 días para regularizar su situación. Las 87 personas que ha transportado el Open Arms a Algeciras (que, como las del Aquarius, proceden de las costas de Libia) no recibirán ningún trato especial y seguirán los protocolos habituales para los migrantes que llegan en patera, con una sola diferencia: que, al no haber cometido infracción administrativa, no se les aplica una orden de expulsión inmediata.

¿Cuál es la diferencia entre las 87 personas del Open Arms y las 630 del Aquarius? Ninguna. Lo que sí ha habido es un toque de atención por parte del comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, que, en entrevista a El País el pasado 3 de agosto, advirtió al gobierno: "No se puede continuar así".

Ni la política del ministro del Interior italiano Matteo Salvini (que rechaza permitir atracar a cualquier buque con migrantes a bordo), ni la política de Sánchez (facilitar su llegada y abrir las puertas a su regularización) son asumidas por la Comisión Europea, que, en este asunto, se rige por la Directiva de Retorno (2013) que obliga a la expulsión de los inmigrantes sin contrato de trabajo que llegan de forma ilegal a Europa y que no se acogen al estatus de refugiado.

Las ONG han criticado el criterio aleatorio y cambiante del gobierno. Estrella Galán (Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR) lo ha resumido de esta forma: "El protocolo de actuación no puede depender de la agenda política de la semana".

Hacer demagogia con la inmigración implica enormes riesgos. El gobierno debería aprender de lo que sucedió durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Nada más llegar a Moncloa y con Jesús Caldera como ministro de Trabajo se llevó a cabo una regularización masiva que afectó a 500.000 inmigrantes que se encontraban en España en situación irregular. A las razones humanitarias se sumaron otras como la necesidad de mano de obra. En aquellos años la economía crecía como ahora.

Las ONG denuncian el cambio de criterio aplicado desde que se autorizó la llegada del Aquarius a Valencia, al atraque ahora del Open Arms en Algeciras

Sin embargo, cuatro años después Zapatero se vio obligado a rectificar. En 2008 nombró ministro de Trabajo a Celestino Corbacho, que, unos meses antes, como alcalde de Hospitalet, había declarado: "La inmigración está creando una realidad que nos hace estar a todos más inseguros". Algunos dirán que son declaraciones fascistoides, pero Corbacho era uno de los alcaldes del PSC con más peso político en Cataluña y, desde luego, no tiene nada de xenófobo. Cuando asumió la cartera de Trabajo dio carpetazo a la política de "papeles para todos" de su antecesor Caldera: "Hay que acabar con la regularización del último que se empadrone".

Zapatero pasó de regularizar a 500.000 inmigrantes a una política restrictiva de impedir la salida de cayucos de las costas de Mauritania que protagonizó de forma eficiente el ministro Pérez Rubalcaba

El efecto llamada que se produjo por la regularización masiva de Caldera tuvo como consecuencia un aumento exponencial de la llegada de inmigrantes por mar. Fue la llamada "crisis de los cayucos" y le tocó resolverla al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Sólo durante 2006 llegaron en cayuco 31.678 personas a Canarias. ¿Cómo arregló el problema Rubalcaba? Utilizó dos sistemas. Por un lado, enviando patrulleras de la Guardia Civil a las costas desde donde salían los cayucos para evitar su salida (algo que algunos tacharían hoy de poco humanitario); y, por otro lado, llegó a acuerdos con los países de origen de los inmigrantes, Senegal, Mauritania, Argelia y Mali para que no facilitaran su salida masiva. Fue una política inteligente que (unida al abrupto final del boom económico) redujo drásticamente la llegada de inmigrantes a las costas canarias.

El hecho de que Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Extranjería e Inmigración en tiempos de Caldera, sea ahora secretaria de Estado de Migraciones, no anima a ser optimistas respecto a que se produzca una rectificación en serio de la política oportunista de Sánchez respecto a uno de los mayores problemas a los que enfrenta la Unión Europea.

Angela Merkel (que este fin de semana se reúne con Sánchez en Doñana) ha sufrido las consecuencias de unas decisiones poco meditadas respecto a la llegada de los inmigrantes que huían fundamentalmente desde Siria. Su partido, la CDU, cayó en las últimas elecciones; su histórico aliado, la CSU bávara, le ha reprochado su política de puertas abiertas y le ha obligado a rectificar (una parte de los refugiados que ahora viven en Alemania serán trasladados a España, según un reciente acuerdo firmado por Sánchez), y el partido de extrema derecha Alternativa por Alemania ha subido como la espuma atizando en la población una burda xenofobia.

Algunos ayuntamientos andaluces asumen con sus propios medios la atención a los inmigrantes. La Junta de Andalucía se hace cargo de los menores que no llegan acompañados

La cuestión no es tan fácil como permitir que lleguen a nuestras costas los barcos cargados de personas que huyen de la pobreza o los conflictos, o dejarles que mueran en el mar. El problema es qué salida se les da una vez que están en Europa.

Parece que con llegar está todo hecho. Y no es así. Una vez que consiguen llegar (muchos, tal vez la mayoría, se quedan en el intento) el protocolo de actuación tiene poco que ver con la imagen del futuro prometedor que se imaginan cuando se ponen en manos de las mafias que expolian sus escasos bienes. La mayoría no pueden acogerse al estatuto del refugiado y, por tanto, son enviados a un CIE, tras una orden judicial, para intentar devolverlos a su país de origen. Como eso es prácticamente imposible (sólo con Argelia funciona sin problemas la devolución), cuando pasan un tiempo en dichos centros se les deja en libertad, sin dinero, sin trabajo y con una orden de expulsión vigente.

El gobierno no es consciente de la enorme irresponsabilidad en la que ha incurrido. Sánchez no ha calculado los efectos inmediatos que iba a tener su falta de deferencia hacia el Rey de Marruecos al no haberle situado en el lugar de honor en su lista de visitas de Estado. Cada vez que se produce un cambio de gobierno en España, Mohamed VI espera que el nuevo presidente visite Marruecos en primer lugar como especial prueba de amistad. Relajar los controles en frontera ha sido la respuesta a lo que se considera una elemental falta de tacto.

Además, el efecto llamada que ha producido la nueva política migratoria se ha producido cuando se estaba llevando a cabo un replanteamiento de las rutas migratorias en el Mediterráneo. Las mafias han encontrado justo lo que buscaban, una ruta segura.

La política migratoria debe ser acordada con la UE y, a ser posible, con el principal partido de la oposición, para que se convierta en política de Estado.

Internamente, el conflicto no sólo se produce con la oposición. La Junta de Andalucía, presidida por Susana Díaz, sufre en primer lugar los efectos de la demagogia. Por un lado, es la propia Junta la que debe hacerse cargo de los menores que no llegan acompañados. Por otro, debe hacer frente las quejas de los municipios que están destinando medios y dinero a atender a los inmigrantes y que piden su reembolso al gobierno regional. Las quejas del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, son comprensibles. Al final, las fotografías que rentabiliza el gobierno se convierten en problemas reales para los que sufren, sin medios, las avalanchas de los recién llegados.