Que el Gobierno, o una parte muy relevante de sus miembros, está poniendo en práctica una estrategia  sumamente peligrosa e insensata de presión al Poder Judicial es algo que ya está fuera de toda duda. Abrió fuego el ministro de Exteriores Josep Borrell cuando declaró nada menos que en la BBC que "personalmente preferiría que estas personas estuvieran en libertad condicional. Creo que hay otras maneras de prevenir que se fuguen” aunque luego se cuidó de aclarar que “en España hay separación de poderes”, por lo que “el Gobierno no puede hacer nada” al respecto.

Pudo parecer a los muy generosos -pero resultaba muy extraño en él- que había sido una declaración hecha sin pensar, un desliz. Pero inmediatamente apareció en escena la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que se descolgaba con la siguiente afirmación, repetida en más de una ocasión a lo largo de su entrevista en El País: "Para hacer política, que es lo que nosotros queremos hacer, por supuesto que sería mejor que no hubiera presos, pero es una decisión judicial que nosotros debemos respetar". La primera en la frente, la segunda en la boca.

Pero ahí no quedó la cosa porque al presidente del Gobierno debió de parecerle que no había hecho méritos suficientes ante los independentistas y que la presión necesitaba unas vueltas más de tuerca. Y por eso se lanzó la delegada del Gobierno socialista en Cataluña, Teresa Cunillera, que no se paró en barras y se dirigió a los micrófonos de Catalunya Ràdio: “Si se pide el indulto, yo soy partidaria. Pero lo tienen que pedir”, ha afirmado. Eso sí, claro, el indulto hay que pedirlo, pero lo que era evidente fue que la señora Cunillera se había lanzado a enviar un mensaje al independentismo consistente en lo siguiente: "no us preocupeu porque en cuanto los jueces condenen a sus líderes, nosotros acudiremos a librarlos de su castigo".  Afirmación doblemente dañina porque da por hecho una sentencia condenatoria para, a continuación -no olvidar que es la delegada del Gobierno-, anunciar el desprecio de ese Gobierno ante las decisiones del Alto Tribunal.

Si la Fiscal General se arrugara, cosa muy improbable pero quizá no del todo imposible, los magistrados del TS tendrían mucho más difícil no atender a la petición de la Fiscalía

Inmediatamente después ya es la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo la que se asoma a La Vanguardia: "Si se alarga mucho la vista oral, se podrían tomar otras medidas. Alargar tanto una [prisión] preventiva, si se va a alargar la vista oral... parecería razonable que pudieran estar en otras condiciones". Ya hemos subido el calibre de las presiones porque hablaba una vicepresidenta, es decir, si todos hablan en nombre del Gobierno la vicepresidenta habla en nombre del presidente. Y ya se está metiendo en un jardín que desconoce, que es la supuesta larga duración de la vista oral para volver a presionar a los magistrados del Alto Tribunal para que los ponga en libertad condicional, que es de lo único de lo que se trata aquí.

Por esa razón el Gobierno está presionando de un modo tan descarado, y no solamente a los jueces, para ver si consiguen que alguna de las partes del Poder Judicial ceda y Pedro Sánchez logre ofrecer en bandeja al secesionismo la libertad de sus líderes y obtener así un voto favorable a sus Presupuestos Generales porque los votos de ERC y PDeCat en el Congreso le son imprescindibles. Y digo "una de las partes del Poder Judicial" porque en realidad todas estas maniobras de los ministros, que no tienen nada de espontáneas y están planificadas hasta en los últimos matices, no están tanto dirigidas a los magistrados cuanto a la Fiscal General del Estado.

Y eso por una razón determinante: porque si la Fiscal General se arrugara, cosa muy improbable pero quizá no del todo imposible porque la presión ejercida es formidable, y se arriesgara a pedir al tribunal la puesta en libertad de los ahora encarcelados, los magistrados del TS que lo componen tendrían mucho más difícil no atender a la petición de la Fiscalía. No es lo mismo la presión de las partes interesadas que la posición del Ministerio Público, que los jueces deben considerar.  Ésta, la Fiscalía General, y no otra, es la diana hacia la que van dirigidas sin  decirlo, todas las flechas disparadas desde el Gobierno, que coinciden exactamente, por cierto, con  lo que llevan reclamando los independentistas desde el comienzo: que se pida a la Fiscalía que manifieste su postura favorable a la libertad de los encarcelados. Y se trata de eso, entre otras cosas, porque los abogados defensores de los procesados están convencidos de que, una vez salieran de la cárcel, ya no volverían a entrar. Por eso presionan hasta el límite mientras el Gobierno se aviene a ser su recadero.

Los abogados de los procesados están convencidos de que, una vez salieran de la cárcel, ya no volverían a entrar. Por eso presionan mientras el Gobierno se aviene a ser su recadero

De modo que atentos a la capacidad de resistencia de la Fiscal General, María José Segarra, cuya posición es clara y rotunda en calificar los hechos sucedidos en Cataluña en el otoño del año pasado como un delito de rebelión. En esa misma convicción están los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que asumen la acusación en el caso del procés: Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno. De manera que es muy difícil, ya digo, que por parte de la Fiscalía se produzca un repentino cambio de posición. Con lo cual tendremos que concluir que todo este despliegue de deseos personales, de actitudes gubernamentales misericordiosas hacia los encarcelados -solo si son independentistas porque no se tienen noticias de peticiones de libertad ni de indulto por parte del Gobierno a otros condenados- está destinado a hacer méritos ante los actuales dirigentes de la Generalitat para que sepan que Pedro Sánchez y parte de su equipo -porque hay otra parte que está fuera de esa estrategia y muy, pero que muy en desacuerdo con ella- han hecho todo lo posible y lo imposible para dar cumplida satisfacción a sus demandas que consisten en algo muy simple: quieren a sus presos en libertad.

Y aquí entra el propio presidente del Gobierno que desde Canadá ha deslizado una enormidad políticamente escandalosa que no ha tenido por el momento el eco que merece. Ha dicho Sánchez: “En Catalunya ha habido varias elecciones y dos referéndum en la última década y el resultado siempre ha sido el mismo: que el independentismo no cuenta con una mayoría social”. ¿Perdón? ¿Cómo que ha habido dos referéndums?  Porque en la última década lo que ha habido en Cataluña en esas dos ocasiones han sido dos asaltos a la legalidad, dos ilegalidades monumentales a las que el presidente acaba de legitimar de un plumazo sin que hasta el momento se le hayan pedido explicaciones. Y esto es algo muy grave por lo que debe dar cuenta urgentemente ante el Congreso y ante la opinión pública.

Pedro Sánchez no puede como presidente del Gobierno de España dar carta de naturaleza a lo sucedido el 9 de noviembre de 2014 y  el 1 de octubre de 2017 y catalogar eso como unas consultas legales y regladas porque esos son exactamente los argumentos de los independentistas para reclamar la separación de Cataluña respecto de España.  Su dramática necesidad de votos favorables para asegurarse la supervivencia no le permite de ninguna manera llegar tan lejos como ha llegado en su cortejo a  Quim Torra y los suyos. Porque declaraciones como ésa debilitan a nuestro Estado de derecho del mismo modo que lo debilita la estrategia injustificable de presión a jueces y fiscales para que abran las puertas de la prisión a quienes van a ser juzgados por el delito más grave contra las instituciones democráticas que contempla el Código Penal. No es una "falta de empatía" lo que ha habido en la cuestión catalana como pretende justificarse Sánchez. Es el respeto a la ley.

¿A qué está esperando el CGPJ para salir en defensa de los magistrados del Tribunal Supremo y a los fiscales de este caso, incluida la Fiscal General del Estado?

Y una última cosa: ¿a qué está esperando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para salir en defensa de los magistrados del Tribunal Supremo y a los fiscales de este caso, incluida la Fiscal General del Estado? Resulta del todo incomprensible un silencio que tiene todo el aspecto de ser producto de la cobardía y que deja en absoluta soledad a los más altos representantes del Poder Judicial.

Sólo la posición inexpugnable de los magistrados y de la Fiscalía asegura hoy a los españoles que vamos a seguir viviendo bajo el amparo del Estado de Derecho. Y eso que habrá que agradecerles eternamente.