Todo lo que en estos momentos incumbe a las conversaciones grabadas por el ex comisario Villarejo está rodeado de un aura amenazante encapsulada en una inmensa incógnita. La incógnita, que es determinante a su vez para calibrar el grado de amenaza que comportan esos audios, estriba en que no se sabe de dónde procede realmente la autoría de la difusión de las dos conversaciones, ambas explosivas en su impacto ante la opinión pública; una de ellas, la que implica a la amiga del antiguo Rey Juan Carlos I, Corinna Larsen, porque ha dañado  gravemente la reputación del viejo monarca y la otra, en la que interviene la actual ministra de Justicia, porque han resultado demoledoras para su prestigio y su ética como fiscal y ahora también para su autoridad como titular de esa cartera.

Inicialmente todos pensamos que la reproducción de su conversación grabada subrepticiamente con la señora Larsen respondía a un intento del propio Villarejo de presionar al fiscal para que pidiera al juez su excarcelación y lo mantuviera en libertad condicional hasta la celebración del juicio por el llamado caso Tándem. Él lo negó pero no le creímos. En esta segunda ocasión, la conversación en el restaurante Rianxo, aparecieron más dudas, aumentadas por la petición del propio ex comisario al juez para que hiciera lo posible y lo imposible “para evitar su conocimiento, examen o difusión por terceras personas” y, en el caso de que  decidiera que esos archivos tenían que ser revisados, no le encomendara esa función a la Policía Nacional sino a especialistas de los servicios secretos para garantizar la confidencialidad.

Todo lo que incumbe a las conversaciones grabadas por el ex comisario Villarejo está rodeado de un aura amenazante

Pero ahora algunos periodistas van teniendo más datos de los muy sofisticados procedimientos por los que alguna de esas cintas ha llegado a manos de los medios de comunicación que las han hecho públicas. Y es precisamente esa sofistícadísima estructura de comunicación y difusión la que abre una brecha de duda sobre el origen real de esas filtraciones.

En definitiva, que pudiera ser que no fuera Villarejo quien estuviera detrás de su difusión, lo cual querría decir dos cosas, a cual más peligrosa: una, que Villarejo no sería ya el único dueño de su material comprometedor y, dos, que la decisión del juez de la Audiencia Nacional de no proporcionar a la Policía ningún material que no tenga relación con los hechos que se están investigando, precisamente para evitar daños colaterales a terceros, no serviría de nada puesto que quienes estuvieran en posesión de las grabaciones estarían al margen del control del Juzgado de Instrucción 6 de la AN.

Y lo mismo cabría concluir de la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de destruir todo el material que no tenga relación con lo que se está investigando y que se refiere a la presunta implicación del ex comisario y otros policías en una trama de entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en España a cambio de grandes cantidades de dinero y regalos. Si las grabaciones de más de 20 años de Villarejo a todo aquel con quien tuvo relación están en manos de otros, la orden de Anticorrupción de destrucción del material que está en el juzgado resultará perfectamente inútil.

Despejar la incógnita del origen de estas filtraciones nos daría la dimensión de la amenaza que se cierne sobre múltiples personas, empresas e instituciones

Por eso digo que despejar la incógnita del origen de estas filtraciones nos daría la dimensión exacta de la amenaza que se cierne sobre múltiples personas, empresas e instituciones. Porque si la motivación de sus autores no tiene nada que ver con la administración por parte de Villarejo de una presión calculada para obtener su libertad provisional y se debe, por ejemplo, a un plan de obtención de dinero, ya se pueden preparar las potenciales víctimas de los métodos inaceptables del ex comisario. Es decir -por poner un ejemplo que ha aparecido tangencialmente en el audio con el entonces juez Baltasar Garzón y la entonces fiscal en ejercicio Dolores Delgado-, si existiera material sobre la instrucción del caso Gürtel que ponga en peligro la continuación de los procedimientos derivados de esa instrucción, alguien habrá que esté más que dispuesto a pagar grandes sumas por ese documento.

Esto no es exactamente una conjetura. En los días pasados se ha especulado en diferentes medios sobre la existencia de más cintas grabadas en relación con este asunto. Yo sólo añado que, si eso es así y si no es Villarejo quien está controlando la difusión de los audios, no tenga nadie duda de que esas grabaciones saldrán a la luz y provocarán presumiblemente graves consecuencias objetivas. Y lo mismo se puede afirmar de toda la documentación grabada que implique a políticos de los dos grandes partidos, a empresas por grandes y prestigiosas que éstas sean y a toda persona más o menos relevante en la vida pública española pasada y presente que haya cometido la inmensa ingenuidad -o la delictiva decisión- de encargarle al ex comisario cualquier operación de dudosa legalidad o directamente ilegal.

Lo que ya no será tan frecuente es que esos Villarejos de otras policías del mundo decidan un día sacar a la luz todo el material sucio

Según parece, lo que él atesoraba y ya no está en su poder porque ha pasado a ser custodiado por la Audiencia Nacional o -esta posibilidad mucho más peligrosa- porque esté en manos de otras personas con un conocimiento tecnológico muy sofisticado, es de "especial sensibilidad para los intereses del Estado". Esto se lo ha dicho al juez el propio Villarejo. Y aún rebajando el nivel de peligrosidad para el propio Estado de lo contenido en esas cintas porque pueda ser una fanfarronada del ex comisario, de lo que no pueden caber muchas dudas es de que ese puede ser un material muy sensible para los intereses, la reputación y el futuro de cientos de personas, de entidades públicas y privadas, de dirigentes políticos que un mal día decidieron recurrir a los servicios de este policía que, como cuenta hoy en este mismo periódico Antonio Salvador gozaba de un gran prestigio ente los suyos hasta el punto de que todavía hoy un alto mando policial asegura que “los trabajos de inteligencia que realizaba los hacía bien"  y advierte que "Villarejos existen en todas las policías del mundo”.

Eso último es seguro. Lo que ya no será tan frecuente es que esos Villarejos de otras policías del mundo decidan un día sacar a la luz todo el material sucio que atesoran y pueda ser capaz de hundir en el descrédito -y quien sabe si en algún caso llevar a la cárcel- a la élite dirigente del país, que es lo que parece que podría suceder en el caso que nos ocupa.

Finalmente, una consideración: ¿es moralmente obligado que el país conozca de primera mano, puesto que se trata de grabaciones in situ, todos los enjuagues, toda la porquería en la que quizá han podido rebozarse personas y entidades de nuestro país? ¿Tiene la ciudadanía derecho a asomarse a ese pozo negro?

Quedan muchas cosas por saber de la práctica mafiosa llevada a cabo por Villarejo durante más de 20 años, pero todas ellas serán malas

Me inclino a pensar que sí, aunque el procedimiento para que lo haga sea delictivo, porque no es bueno que las democracias se construyan sobre los detritus de los dirigentes del país, entendiendo por dirigentes las personas que ocupan posiciones relevantes en los distintos ámbitos de la vida nacional. Hago, naturalmente, excepción de lo que tiene la consideración de "secreto de Estado" pero aún así habría que hilar muy fino para evitar que bajo esa denominación se cobijaran lo que podría no ser sino noticias que alguno o algunos no desearía de ninguna manera que trascendieran a la opinión pública.

Tengo en este momento presente el famosísimo caso de los "Papeles de Pentágono", una batalla en la que los periodistas del Washington Post y del New York Times libraron y ganaron gracias a una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derribó la resistencia de la Administración Nixon que se escudaba precisamente en los intereses del Estado para proteger el secretismo practicado respecto a la estrategia practicada en la guerra de Vietnam.

Desde luego, no estoy comparando aquel caso con el caso Villarejo y las filtraciones probables que se puedan producir en nuestro país, sólo estoy adoptando una posición preventiva ante la posibilidad de que tras el muro de los "secretos de Estado" se pudieran querer cobijar los secretos personales de gentes muy principales de nuestro país. No es más que una medida precautoria.

Quedan muchas cosas por saber de la práctica mafiosa llevada a cabo por el policía Villarejo durante más de 20 años. Pero todas ellas serán malas.