La Monarquía vivió sus horas más bajas cuando el Rey Juan Carlos I, en gesto insólito, pidió perdón a la salida del hospital tras su accidente en Botsuana: "Lo siento mucho. No volverá a ocurrir". Las disculpas no mejoraron su imagen, ni la de la institución, tan sólo aceleraron la necesidad del relevo en la jefatura del Estado.
Si inaudita fue la autoflagelación pública del monarca, no lo ha sido menos la del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que, tras una semana de descrédito por el cambio de criterio de la Sala Tercera sobre quién debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas, ha tenido que salir a intentar apagar el incendio: "No lo hemos gestionado bien", dijo el pasado jueves. No ha ayudado a mejorar la imagen del Alto Tribunal que las forzadas disculpas coincidieran con la petición de "perdón a la sociedad" por parte del ex ministro Rodrigo Rato antes de entrar en la cárcel de Soto del Real.
El reconocimiento de la culpa puede ser un atenuante para la imposición de penas, pero socialmente no vale de mucho y políticamente menos aún. Los independentistas han encontrado un nuevo filón con el que desacreditar al Supremo: ¿Si los jueces de la Sala Tercera son bizcochables, por qué no los de la Sala Segunda?
Precisamente, algunos magistrados de esa Sala Segunda que juzga a los imputados del procés son rotundos a la hora de valorar lo sucedido en la Sala Tercera. "Ha hecho mucho daño porque ha generado descrédito y ha dado una coartada a todos aquellos que consideran ilegítimo al Supremo para juzgar lo que consideran un problema estrictamente político", reconoce uno de los magistrados de dicha Sala.
Si hace un año el reto soberanista produjo una coalición de los partidos constitucionalistas que terminaron apoyando la aplicación del artículo 155 en Cataluña tras la declaración de independencia, que, indirectamente, fortaleció tanto al juez instructor (Pablo Llarena) como a la propia Sala Segunda, ahora vivimos un proceso inverso.
El Gobierno, que ha optado por la negociación con la Generalitat y los independentistas (necesita a ERC y al PDeCAT para aprobar los presupuestos), ha dejado ver por boca del presidente que el delito de rebelión (que es el que mantiene, en principio, la Fiscalía) no sería el más adecuado para tipificar los sucedido a partir del mes de septiembre de 2017 en Cataluña. Muy probablemente, la Abogacía del Estado eliminará ese delito de su escrito de acusación y optará por otro, igualmente grave pero menos castigado penalmente, como es el de sedición. Es una muestra palpable de buena voluntad de Pedro Sánchez hacia sus socios, un "movimiento de ficha", como diría Pablo Iglesias, en la buena dirección para demostrar a los independentistas que las cosas han cambiado.
El lío por el pago de impuestos en las hipotecas que ha causado un terremoto sin precedentes en la Sala Tercera coincide en el tiempo con la maniobra del Gobierno para debilitar la posición de la Sala Segunda que es la que juzga a los imputados del procés
El Supremo queda así, poco a poco, aislado como El Álamo de la Justicia, defendiendo unos criterios que ya no comparte el gobierno y que tampoco avalan algunos magistrados como Pascual Sala, ex presidente del Supremo y del Tribunal Constitucional y que ahora, ¡oh casualidad!, es socio del despacho de Roca Junyent, que defiende, a través de Molins & Silva, a algunos de los procesados en la causa del procés, como Rull, Turull y Sánchez.
En ese contexto de presión a la Fiscalía (que no se ha dejado doblegar) y de aislamiento del Supremo (a cuya Sala Segunda el independentismo sitúa ideológicamente en la derecha o la extrema derecha) lo sucedido en la Sala Tercera no hace sino minar la credibilidad de unos jueces que van a sentar en el banquillo a partir de enero a los líderes soberanistas, considerados como héroes por dos millones de catalanes.
El Supremo era, hasta hace unos días, algo así como el Robin Hood de la Justicia. Fue la Sala Primera la que dictaminó que las cláusulas suelo eran abusivas, creando un problema sin precedentes para la banca. Sin embargo, en sólo una semana, la Sala Tercera está siendo acusada de ceder ante las presiones de la banca en el pago del impuesto sobre las hipotecas. "Es como si estuviéramos de rodillas ante los banqueros en una visión marxista ortodoxa de lo que es la Justicia, como un instrumento más al servicio de los poderes fácticos", bromea un magistrado.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? El día 16 de octubre la Sección Segunda de la Sala Tercera estableció en una sentencia que debían ser los bancos y no los clientes los que tenían que pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, lo cual implicaba un cambio de criterio evidente. Tan sólo tres meses antes se había dictaminado en sentido contrario, en línea con una doctrina que se viene aplicando en los últimos 25 años.
El conocimiento de dicha sentencia, que se hizo pública el 18 de octubre, provocó un auténtico terremoto en la Bolsa. Los bancos perdieron en un solo día 5.500 millones de capitalización bursátil. Bankinter y Sabadell encabezaron las caídas, desplomándose más de un 6%.
Se ha dado la impresión de que "los poderes fácticos" de la banca pueden modificar el criterio de los magistrados, dice un juez del Supremo, que reconoce el daño a la credibilidad del Alto Tribunal
Al día siguiente el presidente del Tribunal Supremo llamó al presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo, para pedirle que emitiera una nota aclaratoria ante la confusa situación creada, con evidente "riesgo sistémico" (las comillas las atribuye José Antonio Zarzalejos al propio Lesmes) para la banca. Díez-Picazo se quejó ante el presidente del Supremo de la falta de lealtad del presidente de la Sección Segunda, Nicolás Maurandi, por no haberle avisado previamente sobre ese cambio de criterio de evidentes consecuencias económicas, sociales e incluso políticas.
En lugar de hacer lo que le había pedido Lesmes, Díez-Picazo emitió una nota en la que, de hecho, se dejaba en suspenso la sentencia de la Sección Segunda, y se abocaba a una reunión de dicha sección para resolver si el "giro jurisprudencial debe o no ser confirmado". En román paladino, lo que venía a decir la nota de Díez-Picazo era que la sentencia podía ser revocada. Así lo entendió todo el mundo, incluidos los inversores, que ese día proporcionaron una cierta recuperación a los valores bancarios en bolsa.
A la reunión de la Sección Segunda, que se produjo el pasado lunes, acudió no sólo el presidente de la Sala Tercera, sino el presidente del Supremo y el vicepresidente Ángel Juanes. Fue un encuentro tormentoso. Maurandi llegó a gritar y a insultar a Díez-Picazo, que escuchó la reprimenda cariacontecido. Lesmes trató de imponer paz, salvando al presidente de la Sala Tercera de un reproche mayoritario con la convocatoria de un Pleno de la Sala Tercera (30 magistrados) para el próximo 5 de noviembre.
Algunos magistrados de la Sección Segunda han informado a El Independiente de que van a plantear que la convocatoria del Pleno del día 5 de noviembre es "ilegal, o improcedente a tenor de las características del nuevo recurso de casación".
En la reunión de la Sección Segunda del pasado lunes, su presidente, Nicolás Maurandi, llegó a gritar y a insultar al presidente de la Sala Tercera, Díez-Picazo, al que todos apuntan como el responsable del desaguisado
La batalla, pues, no ha terminado, aunque todas las fuentes consultadas coinciden en que la sentencia en favor de los usuarios no será modificada y, en todo caso, lo que se planteará en el Pleno será su alcance temporal, seguramente con una retroactividad de cuatro años.
Sea como fuere, el incendio en el sanctasanctórum de la Justicia no tiene precedentes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada precisamente de la Sala Tercera, ha dicho públicamente que la petición de perdón de Lesmes "no es suficiente".
El lío de la Sala Tercera no se ha generado de un día para otro, sino que tiene su origen tres años atrás, precisamente cuando Lesmes decidió remover de la presidencia de la Sala Tercera al magistrado José Manuel Sieira, hombre respetado por sus colegas y cercano a Robles.
Díez-Picazo, que es catedrático y domina cuatro idiomas, es buen jurista, pero ha entrado en la Sala Tercera con calzador. "No tiene capacidad para la gestión de egos", dice un magistrado de su misma Sala. "Ha actuado con soberbia y no ha tenido la habilidad de ganarse a algunos magistrados que le recibieron de uñas", afirma otro colega. El caso es que la decisión de no informarle previamente de la sentencia que modificaba la doctrina sobre el pago de impuestos en los créditos hipotecarios se interpreta como un ajuste de cuentas interno. Algo que ha hecho mucho daño al Supremo en su conjunto.
Margarita Robles (que procede de la Sala Tercera) no ha desaprovechado la ocasión para ajustar las cuentas a Lesmes, que removió a su amigo Sieira de la presidencia de dicha Sala para colocar en su lugar a Díez-Picazo
La responsabilidad de Díez-Picazo es evidente. Por acción u omisión ha generado un problema que afecta al prestigio del alto Tribunal. El presidente de la Sala Tercera contaba hasta ahora con el férreo apoyo de su protector Lesmes. Pero ahora lo ha perdido. El presidente del Supremo también cree que ha gestionado mal la situación, sobre todo al dar la sensación de que eran los bancos los que tenían la capacidad para condicionar la voluntad de las togas.
Lesmes se encuentra al final de su mandato. La renovación del Consejo General del Poder Judicial vence el próximo 4 de diciembre. No tiene opciones de continuar, pero no quiere marcharse (volverá a la Sala Tercera junto a Díez-Picazo y Sieira) con el baldón de haber dejado la credibilidad del Supremo en mínimos históricos. Si hay algo que sí ha hecho el presidente del Supremo ha sido defender a la Sala Segunda y al instructor Pablo Llarena de las agresiones externas de las que han sido víctimas. Aunque nunca fue el favorito de Rajoy (que hubiera preferido para ese puesto a Manuel Marchena, pero que cedió ante el veto impuesto por Rubalcaba y Conde Pumpido), Lesmes puede verse afectado por la tormenta perfecta que, por desgracia para él, ha generado su antes amigo Díez-Picazo.
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