Entra dentro de la lógica estratégica de los encarcelados el conceder selectivamente entrevistas a los medios de comunicación para apuntalar sus mensajes políticos y difundir su descalificación del tribunal que ha de juzgarlos. Y, dado que en la cárcel de Lledoners tienen los independentistas presos una auténtica delegación gubernamental a la que acuden las visitas a abordar innumerables cuestiones relativas a la vida política española y a recibir instrucciones de toda índole, hay que entender esta entrevista concedida a El Independiente por el antiguo presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) como parte de su estrategia de defensa. Defensa no solamente ante el tribunal que ha de juzgarle, sino, sobre todo, ante la opinión pública catalana no independentista y ante el resto de los españoles.

Lo primero que hace el Jordi Sánchez es lo que sus defensores van a mantener desde el comienzo de la vista oral: que no se ha producido delito alguno y que lo que se está persiguiendo es el derecho de manifestación y de protesta. Y esto lo sostiene sin sonrojarse como si en España no se produjeran al año centenares, posiblemente miles de protestas y de manifestaciones de todo tipo y con toda clase de reivindicaciones.

Sánchez quiere defenderse ante la opinión pública catalana no independentista y ante el resto de los españoles"

Pero eso le es indiferente al señor Sánchez, que está dispuesto a sostener contra viento y marea que ha sido encarcelado por defender la independencia de Cataluña y al que no le frena lo más mínimo la evidencia de que esa misma defensa la llevaba haciendo desde muchos años atrás sin que él hubiera tenido que pagar nunca ningún precio por ello. Ni él ni los miles de independentistas que se han manifestado desde el año 2012 todos los 11 de septiembre en Barcelona. Da igual. Lo que importa no es que su argumentación tenga un mínimo de verosimilitud, sino que tenga buena pegada. Es decir, que la gente lo pueda incorporar como un lema que sirva a la masa de contraseña.

Y a partir de ahí, hace lo que todos los presos hacen desde que el mundo es mundo: decir que es inocente y pedir ser absuelto. Pero aquí hay una diferencia no pequeña respecto al común de los mortales: el señor Sánchez no pide, exige. No reclama, impone. Y advierte además de que va a convocar manifestaciones de protesta en las calles en cuanto se conozca el escrito de acusación de la Fiscalía.

Hace lo que todos los presos: decir que es inocente y pedir ser absuelto. Pero no pide, exige e impone"

Hay que entender que se refiere al  escrito de calificación provisional, que se presentará en los próximos días, de manera que ya nos podemos ir preparando a asistir a una ristra de manifestaciones independentistas de aquí a que se conozca la sentencia. Lo que no sabemos aún pero acabaremos comprobando es la intensidad de esas demostraciones de protesta.

Hay en estas declaraciones una parte formulada como de pasada, y en la que el antiguo líder de la ANC no insiste más, en la que  merece la pena fijarse. Dice: "La Constitución se podría reformar con voluntad y, además, hay muchas otras soluciones como avanzar en el Estatuto de autonomía, por ejemplo". Hombre, no. No es aceptable a estas alturas que uno de los más recalcitrantes impulsores del movimiento de sabotaje efectivo de la legalidad vigente, incluido el Estatuto catalán, pretenda ahora vendernos que con la actualización o ampliación de texto estatutario se arreglaría el problema. Y no es aceptable porque es mentira.

No es aceptable que uno de los saboteadores de la legalidad pretenda vendernos que con la actualización del Estatuto se arreglaría el problema"

Y es mentira porque ninguno de los independentistas radicales alineados con la postura irredenta de Carles Puigdemont -y Jordi Sánchez es uno de ellos- ha aceptado en ningún momento considerar, siquiera sea por cortesía, las ofertas más o menos directas hechas desde hace más de un año por el Partido Socialista en esa dirección de mejora estatutaria e incluso en una posible reforma constitucional que fuera capaz de acoger las aspiraciones de los nacionalistas catalanes. Esto lanzado por Jordi Sánchez no es más que un anzuelo, grosero por lo evidente, para que piquen los españoles que todavía apuestan por conservarse en el líquido amniótico de la candidez.

Hay algo  en lo que el señor Sánchez sin embargo tiene razón y es en el número creciente de personas supuestamente defensoras de la vigencia de nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento jurídico que últimamente se han venido pronunciando en contra de que se acuse a los encarcelados por un delito de rebelión. Sin ir más lejos, el propio presidente del Gobierno. Ha cambiado radicalmente de opinión. En el plazo de seis meses ha pasado de estar plenamente convencido de que con el referéndum del 1 de octubre y con la proclamación unilateral de independencia del 27 de octubre estábamos ante una rebelión y como tal debía ser juzgada a sostener que no, que rebelión no ha habido.

Sánchez tiene razón en señalar el creciente número de personas que se ha pronunciando en contra de que se acuse a los presos de rebelión"

La opinión de Sánchez en este aspecto tiene un interés político evidente que está relacionado con los motivos interesados que le están llevando a intentar agradar a los independentistas para que acepten aprobarle los Presupuestos Generales del Estado pero carece por completo de interés jurídico. Es lo contrario que sucede con la opinión de un ex presidente del Tribunal Supremo y también ex presidente del Tribunal Constitucional. Y esto ya es harina de otro costal. Porque Pascual Sala ha dicho exactamente que, en su opinión, ni hay delito de rebelión ni lo hay tampoco de sedición. Es decir, que violar las leyes, saltarse la Constitución y desobedecer al TC, celebrar un referéndum ilegal y proclamar a continuación la independencia de la república catalana, sólo constituiría, y tampoco está muy seguro, un delito de desobediencia.

La importancia de esas declaraciones deriva de la personalidad que las emite. Por eso Jordi Sánchez se apresura a citarle como argumento de autoridad. Pero el señor Sala habría tenido la autoridad que de entrada se le reconoce si no hubiera sido por un pequeño detalle que la ha derribado de un manotazo. Resulta que Pascual Sala es socio del bufete de Miquel Roca que, como no tiene departamento penal, tiene firmado un convenio de colaboración con otro despacho de abogados de Barcelona, Molins & Silva, que ha actuado en nombre del despacho de Roca en asuntos tan relevantes como la defensa de la Infanta Cristina en el caso Nóos. ¿Y a quién defiende en esta ocasión ese bufete? A Josep Rull, a Jordi Turull y... a Jordi Sánchez.

¡Acabáramos! Así que lo dicho por Pascual Sala no es una consideración libre por parte de un jurista independiente, sino un encargo. No nos consta si remunerado o no, pero esas palabras dichas por el señor Sala en la emisora catalana RAC 1 bien merecen una generosísima compensación económica que sospechamos que se ha producido.

Sólo un Estado opresor encarcela a ciudadanos por emitir opiniones que no son del gusto del poder. Éste es el esquema de sus razonamientos"

Y no sólo por la oportunidad de su declaración, sino por el lugar en el que se hizo. Por lo tanto, es lógico que el señor Sánchez invoque como argumento de autoridad a quien es socio consultor de sus abogados defensores. Sin embargo, la invocación de la autoridad de Pascual Sala pierde automáticamente toda su fuerza para todos aquellos que no somos el independentista encarcelado.

No le faltan apuntalamientos al señor Sánchez y él procura utilizarlos todos. Y está en su derecho del mismo modo que los demás lo estamos en descubrir sus trampas. Por eso recurre también en su entrevista al patinazo dado por el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a propósito de quién, si los bancos o los ciudadanos que firman una hipoteca debe asumir el coste de Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Sánchez utiliza ese error manifiesto del magistrado Luis Díez-Picazo para argüir que ya se ve que el Supremo es a veces "sensible al impacto" que sus sentencias tienen en la sociedad. Pero lo que no dice es que esa sensibilidad mostrada por el magistrado es en realidad una torpeza de grueso calibre que le será reprochada, y posiblemente cobrada, el próximo día 5 en el Pleno de la Sala Tercera.

Advierte de que, en caso de ser condenado, no está dispuesto a pedir el indulto. No hay que hacerle caso"

No podía faltar en esta lista de despropósitos lo dicho en su día por el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". Y se quedó tan tranquilo. La Guardia Civil había informado ya entonces pero volvió a acreditar después que sí se malversaron varios millones de dinero público en la preparación de la soñada independencia.

Pero Jordi Sánchez se cuelga de las palabras de Montoro para exonerar al independentismo también de un delito de malversación de caudales públicos. Nada, que es que no han hecho nada. Todo lo más, opinar y, claro, sólo un Estado opresor y antidemocrático encarcela a unos ciudadanos por emitir opiniones que no son del gusto del poder. Éste es el esquema básico de sus razonamientos que quedan perfectamente plasmados en esta entrevista. Si sus defensas van a circular en esa dirección no les arriendo a ninguno de ellos la ganancia.

Los argumentos de Sánchez son flojos y destila demasiada seguridad en sí mismo, no se sabe si impostada o fruto de la necesidad de aparentar un certeza

A Sánchez no le interesa ninguno de los matices que desmontan una tras otra las bases de su argumentación. Pero hay en sus declaraciones una consideración que me parece especialmente interesante y es cuando reconoce que el Gobierno no tiene margen para lo que él llama "realizar ninguna mejora procesal", lo cual quiere decir para conseguir que la Fiscalía no acuse provisionalmente por rebelión.

Por lo tanto, no se sabe qué opina de las feroces presiones que sus compañeros de aventura secesionista llevan meses haciendo sobre el presidente Sánchez para que fuerce a la Fiscalía a cambiar su calificación provisional. La explicación es que él no quiere ser moneda de cambio de una aprobación de Presupuestos, pero es evidente que sus compañeros no opinan lo mismo y consideran que sí, que también él puede serlo perfectamente.

En cualquier caso, Jordi Sánchez advierte de que, en caso de ser condenado -cosa que no sabe ni él ni nadie porque el juicio aún no ha comenzado y en el transcurso de la vista oral pueden suceder muchas cosas- no está dispuesto a pedir el indulto. En esto tampoco hay que hacerle caso porque una cosa es predicar y otra enfrentarse a los hechos. Él tampoco puede saber hoy lo que hará en ese caso y cuáles serán las circunstancias políticas en que se produzca el fallo.

En resumen, muy flojos argumentos y demasiada seguridad en sí mismo, no se sabe si impostada o fruto de la necesidad de aparentar un certeza que él sabe que no está fundamentada en la realidad. En cualquier caso, un documento interesante e ilustrativo de por dónde van a ir las cosas.