Razones para una huelga de togas

Los partidos políticos no pueden dictar sentencias. Estas son funciones reservadas a unos funcionarios, los jueces, que tienen atribuida la potestad jurisdiccional. Uno diría que es sencillo, pero el problema surge cuando algunos políticos deciden que les resulta conveniente interferir en el Poder Judicial, y se ponen a ello.  En España llevan más de 30 años. Lo hacen fundamentalmente controlando el CGPJ mediante el nombramiento de vocales obedientes que van a nombrar todos los cargos de la jerarquía judicial. Pero también a través del control de la Fiscalía, pieza cotizada a este respecto, porque entre sus funciones está la de promover la acción de la Justicia ante Jueces y Tribunales, y ese control se verifica a través del nombramiento directo del Fiscal General por el Gobierno.

El resultado de esta concepción la estamos viendo estos días con el enjuague del nuevo CGPJ y plasmado con las palabras del portavoz del PP en el Senado: Con este acuerdo con el PSOE en el Consejo General del Poder Judicial, “controlaremos la Sala Segunda (del Tribunal Supremo) desde detrás”. ¡Alegría, alegría! ¡Podemos controlar la Sala Segunda desde detrás! ¡Podremos controlar los nombramientos, los procesos, incluidos los más importantes! ¡Que gran acuerdo! Esa es una razón para la huelga, y en mi opinión, no solo para una huelga. Esta Justicia PP-PSOE nos acerca en su desvergüenza a la que hoy escandaliza a toda Europa: la de Polonia.

Además, esa dedicación a controlar políticamente la Justicia no ha supuesto que la misma haya gozado de una atención en cuanto a medios materiales y personales. El abandono es lamentable.   Gastar, gastan. Pero gastan sin criterio, sin control, sin sentido. La Justicia Digital es un desastre de proporciones inmesurables. Se obliga a jueces, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios a utilizar un sistema que no funciona, que no está preparado ni en software ni en hardware para cumplir sus cometidos, que no resulta compatible con las aplicaciones de las diversas comunidades autónomas con competencias en la materia.

Además, el sistema de Justicia Digital es controlado políticamente en lugar de residenciarlo en el Poder Judicial. Mientras, las ratios de jueces, fiscales y funcionarios al servicio de la Justicia nos colocan en los puestos más bajos de la Unión Europea. Son más razones para la huelga.

Esa dedicación a controlar políticamente la Justicia no ha supuesto que la misma haya gozado de atención en cuanto a medios materiales y personales

Por otra parte, jueces y fiscales son colectivos abandonados por la Administración en cuanto a su carrera profesional. No hay carrera. Como las decisiones políticas se imponen sobre los méritos y las trayectorias profesionales, muchos jueces y fiscales renuncian a hacer carrera porque renuncian a pagar según qué peajes. Además, ni en conciliación familiar, ni en salud profesional, ni en límites a las cargas de trabajo, ni al Ministerio de Justicia para los fiscales, ni al politizado CGPJ parece que estos temas les muevan a la reflexión. Palo y zanahoria, según palabras del Presidente del CGPJ es lo que hace falta para “controlar” a los jueces. Se han pasado con el palo.

Ahora, desde el Ministerio se dice que no tienen tiempo de arreglar estos problemas. Eso no puede parar la huelga. La ministra de Justicia ha tenido una ocasión única, excepcional, para afrontar estos problemas. Ella, como fiscal, participó en una huelga de Jueces y Fiscales contra el ministro Catalá. Y, de repente, la colocan al frente del Ministerio para poder arreglar este desastre. Pues bien, no se percibe resultado alguno (salvo el ominoso pacto del CGPJ), solo excusas. No es culpa de jueces y fiscales si no se aprueban los presupuestos. No es culpa nuestra si no se opta por suspender la Justicia Digital o no se deroga el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Oigan, si no tienen mayorías para gobernar no se quejen de que haya protestas porque no gobiernan. Por eso creemos que la huelga es justa.

Salvador Viada, es fiscal del Tribunal Supremo