Como consecuencia de haberse aireado las entrañas del proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial como nunca antes, exponiendo a la vista de todos las tripas y lo que éstas suelen contener, y la consiguiente renuncia anticipada del Presidente de dicho órgano constitucional que los partidos políticos habían pactado, parece que hay cierto consenso social en que es necesario cambiar el actual sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo, de forma que volvamos al sistema mixto de contrapesos que diseñó la Constitución Española: 12 vocales jueces elegidos por los jueces, más 8 vocales juristas elegidos por el Parlamento. En vez de todos por los partidos políticos.

Los partidos políticos. Ahora resulta que, debido a los últimos acontecimientos, ya no es solo Ciudadanos el que defiende la necesidad de esta reforma legal, sino que a dicha formación se ha sumado sorpresivamente el Partido Popular. Digo sorpresivamente porque el PP prometió cambiar el sistema y volver al diseño constitucional, pudieron hacerlo tras obtener mayoría absoluta en 2011, pero traicionaron su propio programa y decidieron que no, que si eso ya otro día, que era mejor seguir metiendo la cuchara en el pastel judicial. Supongo que los casos de corrupción que todos conocemos empezaban a asomar la nariz y no podía dejarse puntada sin hilo. Novayaser.

Pero bueno, centrémonos en la esperanzadora actualidad. Entre ambas formaciones políticas suman 169 escaños en el Congreso de los Diputados. Y para este cambio legislativo son necesarios 176 escaños. Faltan 10. La verdad es que “pescar” diez diputados, en un Congreso tan fragmentado como éste, parece bien difícil. Voy a ver si convenzo a algunos de esos diputados, suponiendo que estén leyendo estas líneas.

Y no voy a hacerlo tratando de apelar a la opinión pública que tanto les preocupa y a la que, generalmente, no quieren desairar, opinión pública que ya ha comprendido que la salud democrática de este país depende de que saquen sus zarpas del órgano de gobierno de los jueces.

Tampoco voy a tratar de convencerles de que no se trata de una cuestión corporativista de los jueces, pues el corporativismo se puede predicar de las decisiones que se toman, pero no de los sistemas.

Ni voy a apelar a Europa indicándoles que se trata de una de sus reiteradas exigencias para garantizar la separación de poderes, manifestada tanto en el seno de la Unión Europea (vía Comisión Europea, que se lo digan a Polonia) como del Consejo de Europa (vía Grupo de Estados contra la Corrupción –GRECO-, Consejo Consultivo de Jueces Europeos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos – sentencia de 21 junio 2016-)

Un Estado democrático exige algo más que un Parlamento y unos partidos políticos

No creo que sea necesario explicarles lo que ya sin duda saben, que un Estado democrático exige algo más que un Parlamento y unos partidos políticos, que son esenciales, claro, pero que debe haber espacio para que otras instituciones que, con otras funciones y responsabilidades, sirvan de mecanismos compensadores, porque lo de reunir todo el poder en un colectivo ya sabemos cómo se llama.

Tampoco creo necesario aclarar que no se trata de un pulso jueces contra políticos, que cuando todas las asociaciones de jueces y fiscales, cada una de su padre y de su madre, están de acuerdo en reclamarlo y para ello convocan dos exitosas huelgas en lo que va de año, no es por un afán de ver quién es más fuerte, porque esto no va de ganar prestigio colectivo.

Para convencerles de que, como depositarios de la voluntad popular, deberían apoyar esa reforma legislativa, me voy a limitar a recordarles que, seguramente, un día decidieron dedicarse a la política por pura y simple responsabilidad. Ya es un lugar común eso de decir que los políticos de la transición eran Políticos con mayúsculas, porque supieron mirar más allá de sus intereses inmediatos y pactar, hacer cesiones para construir algo mucho más grande.

En breve celebraremos el cuarenta aniversario de la Constitución, aquella que dichos políticos parieron, y aquí seguimos. Me gustaría, señores diputados, que sean un poco como aquéllos, que piensen en el país que quieren que seamos dentro de diez, veinte, cincuenta años, y apunten ahí. Estoy seguro que verán la necesidad de realizar un giro de ciento ochenta grados en materia de independencia judicial, porque es evidente que esto no se sostiene mucho más tiempo, a poco que levanten los ojos de los zapatos del partido.

No creo en la fuerza de las instituciones, nunca vi una institución tomándose una caña con los amigos ni amamantando a un bebé. Creo en la fuerza de las personas, en lo que éstas son capaces de hacer. Qué oportunidad tan buena tienen de pasar a la Historia como políticos que dejaron el país en mejores condiciones que lo encontraron. No la dejen pasar.

Fernando Portillo es juez decano de Melilla y miembro del Foro Judicial Independiente