El inesperado giro electoral acontecido en Andalucía ha puesto en crisis un modelo de administración pública y proporciona una oportunidad para cambiar un sistema que tras casi cuatro décadas ya daba síntomas de grave agotamiento.
Tras tantos años de administración socialista cabe pensar que el nuevo gobierno regional debería afrontar su responsabilidad desde una nueva perspectiva, alejada de la continuidad de un modelo claramente obsoleto. ¿Y por qué no comenzar de cero?
El Presupuesto base cero –PBC— , que en lenguaje castizo podríamos denominar “borrón y cuenta nueva”, fue introducido en 1961 por Robert McNamara en el Ministerio de Defensa norteamericano y en 1970 en la empresa Texas Instruments, con objeto de poner fin al tan generalizado como infundado criterio presupuestario de aumentar rutinariamente las partidas de gasto sin pararse a pensar si todas ellas deben ser objeto de aumento, si este debe repartirse por igual o si algunas de ellas deben ser simplemente eliminadas.
Desde entonces sabemos que en cualquier organismo es extremadamente sano practicar el presupuesto base cero de vez en cuando, es decir, detenerse a pensar caso por caso por: la pertinencia –es decir, la utilidad– del gasto, si este debe reducirse o aumentarse, la cuantía -nunca igual- de la disminución o aumento de cada partida -cuanto más desagregadas mejor–, etc.
No hay método más sano para mantener en forma una organización, para optimizar sus recursos en relación con sus fines, que aplicar regularmente esta autocrítica antes de que la inercia burocrática acabe con la eficiencia -en el caso público- o la competitividad –en el caso privado– de las organizaciones. Y en el caso de Andalucía parece que esa inercia ha alcanzado nivel suficiente para justificar este examen.
Es bien sabido que las empresas que sobreviven con éxito en los mercados son aquellas que son capaces de renovar su catálogo de productos y de servicios en función de los cambios que se producen en el entorno competitivo y que además usan las mejores prácticas –muchas veces de sus competidores- para ser mas eficientes y competitivas, y que las que se duermen en los laureles terminan apartadas de la competición por las mas espabiladas.
Las Administraciones normalmente no operan con las sanas reglas del mercado
Esto no suele ser el caso de las administraciones públicas y sus satélites empresariales, que normalmente no operan con las sanas reglas del mercado; ni compiten con nadie ni se plantean objetivos de mejoras de eficiencia. De este modo el gasto público no solo crece sin parar, sino que además la eficiencia de su uso tiende a decrecer con el tiempo. A los ciudadanos cada vez les cuesta más impuestos hacer lo mismo, lo contrario que en el mercado en el que la competencia cada vez da más por menos.
Es incuestionable en España la necesidad de eliminar y optimizar el gasto público: lo primero para reducir la cada vez más insoportable deuda que padecemos y lo segundo para hacer -como las empresas– más con menos; es decir, mejorar la productividad. Según ha investigado Juan Miguel de la Cuétara para su próximo libro -ya en imprenta-, en el año 2014 el Ministerio de Hacienda tenía contabilizados 18.921 organismos públicos. ¿Alguien duda de la inutilidad de muchos, si no casi todos ellos?
En una reciente incursión de la prestigiosa Harvard Business Rewiew en el método del presupuesto base cero podemos leer que “es elegantemente lógico: los gastos deben ser justificados en cada nuevo periodo presupuestario sobre necesidades y costes demostrables, en oposición al método más común de usar el presupuesto del año anterior como base de partida….El PBC es una vía clara e intuitiva para eliminar costes que no puedan ser racionalmente justificados”. ¿Quién puede estar en contra de este razonamiento?
Después de casi cuarenta años de monotonía política en Andalucía con los consabidos resultados de retrasos relativos comparados con otras regiones más dinámicas, acaban de producirse unos resultados electorales que no pueden ser más propicios a la aplicación generalizada del PBC. En primer lugar a la existencia misma de cada uno de los muy numerosos organismos –incluidas por supuesto las empresas- públicos y además a todos y cada uno de los presupuestos de la Junta. Si a esta obligada y pormenorizada revisión crítica del gasto público de Andalucía se le añadiera la renovación con criterios meritocráticos de todos los cargos que cabría mantener de designación política, la región más grande de España estaría dando un paso delante de enormes consecuencias positivas y ejemplaridad política en España y la UE.
Un ejercicio de estas características, acompañado de una rebaja impositiva al trabajo y el ahorro, amén de la disolución de la red clientelar –capitalismo de amiguetes- que caracteriza a los regímenes políticos que no se renuevan, impulsaría la siempre decaída economía andaluza y convertiría la región en el más atractivo lugar de Europa para invertir, crear empleo no subvencionado y bien remunerado; y, en última instancia, sería un ejemplo de clase mundial.
Los andaluces que han votado por el cambio esperan algo más que una mera permuta de caras
El simple hecho de que el mundialmente conocido nombre de Andalucía, típicamente asociado a la literatura romántica, pase a asociarse al mas ambicioso y moderno programa de regeneración política y económica del mundo occidental es para tomárselo muy en serio.
No parece, a simple vista, que los partidos que van a gobernar Andalucía puedan oponerse doctrinalmente a la propuesta de regeneración basada en el PBC que se acaba de describir, aunque ninguno la haya formulado explícitamente. Y si no la llevan a cabo habrán perdido una ocasión única de redimir los retrasos históricos de Andalucía; es decir, sería más de lo mismo.
Los andaluces que han votado por el cambio seguramente esperan algo más que una mera permuta de caras y de banderas. Desean que su región mejore sustancialmente en prácticas y en procedimiento, en el arte de gobernar. Tal vez decir empezar de cero, sea excesivo, pero un presupuesto en base cero ¿por qué no?
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