El Gobierno Sánchez y sus corifeos insisten en la inconveniencia e inoportunidad de aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución. Aplicar ese artículo supondría, según ellos, agravar el conflicto, y por tanto debería reservarse para circunstancias excepcionales como las que se produjeron a finales de 2017. El 155 no estaría justificado por declaraciones altisonantes de los nacionalistas, añaden, hasta que éstas no se tradujeran en hechos.

Dejemos para otro momento la crítica de la falaz distinción entre “palabras” y “hechos”. Sobre el “agravamiento del conflicto” y el augurado “incendio” que se produciría, baste recordar la tranquilidad que se vivió en Cataluña durante la vigencia del 155 y la normalidad con la que funcionó la Administración. Centrémonos ahora en recordar cómo la Generalitat está “incumpliendo gravemente las obligaciones que la Constitución y otras leyes le imponen”, y “actuando de forma que atenta gravemente al interés general de España” (art. 155.1 CE). En este sentido, se me ocurren por lo menos 10 razones de interés general que justifican la inmediata intervención del Estado:

  1. Acabar con la utilización goebblesiana de la televisión y la radio pública, auténtica fosa séptica a la que se arrojan millones de euros de nuestros impuestos.
  2. Recuperar el espacio y los edificios públicos para todos los ciudadanos, ahora ocupados por la propaganda amarilla.
  3. Evitar la persecución ideológica de los funcionarios que no se pliegan a los dictados nacionalistas, en especial en la policía.
  4. Recuperar la libertad de expresión en las Universidades, ahora coartada por grupos radicales y violentos ante la impotencia o la complicidad de los rectores.
  5. Poner fin a la masiva malversación de fondos que se destinan en forma de subvenciones y publicidad institucional al entramado de medios de comunicación separatistas.
  6. Acabar con la impunidad de los ataques a los actos y a las sedes de los partidos políticos no nacionalistas.
  7. Posibilitar el retorno de las empresas que trasladaron sus sedes, y acabar con las dudas de los inversores.
  8. Impedir que los nacionalistas sigan haciendo propaganda contra el honor y la dignidad de España a través de sus “embajadas” y su tupida red de colaboradores a sueldo en el exterior.
  9. Asegurar el cumplimiento de las sentencias judiciales, muy concretamente en lo relativo a la presencia del castellano en la educación pública.
  10. Evitar que en una parte del profesorado siga abusando de su autoridad y haciendo apostolado del nacionalismo en las aulas.

¿No les parece suficiente todo lo anterior? Sin duda la aplicación de un nuevo 155 es una medida difícil y no exenta de inconvenientes, pero ¿seguiremos permitiendo que una administración autonómica dedique buena parte de sus recursos a la destrucción del Estado? ¿Toleraremos que se limiten los derechos y libertades de una parte de los españoles? En cuanto a los dos millones de votantes separatistas, ¿es que valen más que el resto de catalanes y españoles? Después de todo lo que ha pasado, ¿alguien cree que volverán a la racionalidad mientras sigan sometidos a la propaganda nacionalista, se mantenga la ficción de su inminente victoria sobre el Estado o la expectativa de arrancarle grandes concesiones?

Por mucho que se ampare en la retórica hueca del “diálogo” y del “entendimiento entre contrarios”, Pedro Sánchez no puede evitar la sospecha de que el auténtico motivo para no aplicar el 155 es conservar el apoyo de extrema izquierda y nacionalistas para permanecer en la Moncloa, en esta legislatura y en la siguiente. Entre los españoles sigue creciendo la conciencia de la amenaza que se cierne sobre nuestra democracia, y la indignación por la incompetencia e indolencia con la que nuestra clase política la ha afrontado hasta ahora.