Sería de suponer que el socialismo moderno, tras los desastres del verdadero socialismo experimentado en Rusia, China, Vietnam, etcétera y los fracasos socialdemócratas de Suecia –felizmente rectificado- o la España de los pasados años, que estaba en vías de rectificación, se debería centrar en –según suelen proclamar- la suerte de los más débiles: justamente lo contrario de lo que el actual Gobierno está tratando de hacer.
Es bien conocido que Alemania sorteó admirablemente la reciente crisis económica gracias a una política laboral -socialista– que favoreció el empleo a cambio de menores salarios; justamente lo contrario que en España en tiempos de Zapatero, que propició subidas de salarios a costa de una masiva destrucción de empleo. La política socialista primó los intereses creados de las empresas protegidas de la competencia y los sindicatos de las clases más privilegiadas de trabajadores.
De este modo las empresas que operaban en libre competencia no pudieron adaptar sus plantillas a la crisis y los trabajadores menos protegidos se quedaron sin empleo. El resultado final no pudo ser más desastroso: según ha investigado Maluquer (España en la economía mundial. Series Largas para la economía española (1850-2015), Instituto de Estudios Económicos, 2016), la peor etapa de crecimiento económico –que tanto beneficia a los pobres– del periodo histórico 1850-2015 fue la protagonizada por Zapatero, con una caída media anual entre 2007 y 2014 del 1,47%; ¡superior a la de Segunda República (-1,3%), la Guerra y post-guerra Civil (-1,06%) y la Transición (+0,78%)!
Tras el desgraciado episodio de la crisis, España fue capaz de volver a crecer de nuevo gracias a reformas que el Gobierno quiere poner patas arriba
Tras un episodio tan desgraciado, España fue capaz de volver a crecer de nuevo con tres sobresalientes noticias: tasas superiores a la media de la UE –lo que implica recuperar posiciones de convergencia-; creación de empleo con tasas por encima del crecimiento económico –lo contrario a lo que sucedía antes-; y balanza de pagos positiva -algo que no acontecía en el pasado- que permite ciclos ininterrumpidos de crecimiento, justamente lo que más falta nos hace. Estos felices acontecimientos han sido posibles gracias a muy modestas reformas económicas, particularmente la laboral, que ahora quiere poner patas arriba el Gobierno.
Es muy bonito aumentar el salario mínimo, pero todo el mundo sabe -sin necesidad de saber economía- que cuando los precios suben la demanda baja. También es bien sabido que en una economía de mercado -por muy intervenida que esté- el Gobierno puede aumentar los salarios pero no puede obligar a las empresas a contratar a nadie. También es obvio que ningún empresario –incluso si fuera progresista- contrata a nadie si su retribución está por encima de los ingresos -su nivel de productividad- que pueda producir.
El regreso a los convenios sectoriales y su ultra-actividad, además de un anacronismo fascista, es una barrera a la innovación empresarial, ya que las nuevas empresas se ven obligadas a cumplir obligaciones que interesan al statu quo de las viejas y que atentan a la necesaria renovación de los tejidos productivos. El premio Nóbel de economía de 2006, Edmund Phelps, en su reciente ensayo Mass Flourishing (2013) sostiene que en el periodo 1990-2008 el empleo neto creado en EE.UU. se debió casi exclusivamente a las nuevas empresas y todo el desempleo a las viejas.
Habría que añadir en materia de empleo lo escrito al respecto por Gabriel Tortella ("Las tareas del socialismo", El Mundo, 16.06.2017): "Los periodos de Gobierno de Felipe González y de Zapatero terminaron con tasas de desempleo notoriamente más altas que aquéllas con que comenzaron, mientras que el mandato de José María Aznar terminó, por el contrario, con tasas muy inferiores. Lo mismo puede decirse hasta ahora del Ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que la actual tasa de desempleo, indudablemente muy mala, está por debajo de la que dejó Zapatero en 2011. Estos son los hechos. Un Partido Socialista serio debe reconocerlos y no prometer entrar en la política de empleo como caballo en cacharrería,..".
Las contrarreformas que plantea el Gobierno están estrictamente orientadas a mantener el 'estatus quo' de las empresas más protegidas de la competencia
En el ámbito fiscal, los acuerdos progresistas -Podemos y ¿Gobierno?– no pueden ser más desafortunados: una economía con un recurrente y vergonzoso nivel de desempleo y una baja tasa de ahorro –que posibilita la inversión creadora de puestos de trabajo– lo último que necesita es acentuar el vigente disparate de ser líderes en el maltrato fiscal de ambos factores del crecimiento económico. España necesita hacer justamente lo contrario, como defienden con seriedad desde -muy recientemente– José Luís Feito (¿Deben bajar o subir los impuestos en España?, Instituto de Estudios Económicos, 2018) hasta -anteriormente– el ex-ministro socialista Miguel Sebastián: disminuir los impuestos al trabajo y al ahorro y en todo caso aumentar los indirectos. Curiosamente es lo que llevan haciendo con éxito los países seriamente progresistas: los escandinavos.
Las contrarreformas que está planteando el Gobierno, cuestionadas sin excepción por todas las instituciones y expertos del mundo –recientemente, también por el Banco de España- además de ir contra el sentido común y la responsabilidad de gobernar para todos, están estrictamente orientadas a mantener el estatus quo de las empresas más protegidas de la libre competencia y las condiciones de trabajo de sus empleados; y por tanto, en contra de la innovación, de las nuevas empresas y lo que es mas triste, de los trabajadores menos cualificados que desgraciadamente tanto abundan en España.
España, por lo visto, está reescribiendo la ideología socialista; ahora en defensa de los más viejos y clasistas intereses creados y en contra de todo lo nuevo en el ámbito empresarial y muy particularmente dejando abandonados a su suerte a los trabajadores de clases inferiores que están infrarrepresentados por los sindicatos de hoy. ¿Habrá algo más conservador que esta nueva ideología del estatus quo que pretenden pasar por progresista?
Jesús Banegas es presidente del Foro de la Sociedad Civil
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