La Generalitat se ha puesto de rodillas ante el sector del taxi y ha cedido a sus peticiones: los servicios de las VTC se tendrán que solicitar con un mínimo de una hora de antelación en Barcelona y no podrán utilizar geolocalizadores. Eso significa la muerte para Uber y Cabify en Cataluña. La violencia ha dado su fruto y alimenta ahora las exigencias del sector en comunidades como Madrid.

El amedrentamiento ha sido el método que ha dado resultado. "Tendremos que ir por las malas... Ir por las malas no quiere decir violencia extrema total". Saúl Crespo, uno de los líderes del taxi en Madrid, trataba de calmar a sus exaltados compañeros, uno de los cuales había propuesto a la improvisada asamblea: "Entramos a Fitur y jodemos los stands".

El pulso del taxi, que ha terminado con triunfo inapelable en Barcelona, continua en Madrid y amenaza la celebración de un evento de gran repercusión económica y de imagen como es Fitur.

Mientras Crespo llamaba a sacar los "tanques" (así llama a los taxis) a la calle, su homólogo en Barcelona, Tito Álvarez, anunciaba un acuerdo con los chalecos amarillos franceses para paralizar la frontera entre España y Francia, que no ha hecho falta concretar ante la vergonzosa cesión de Quim Torra.

Viendo lo sucedido, uno se pregunta qué ha sido de Peseto Loco.

Los taxistas se dieron cuenta de que podían ganarle la batalla al mismísimo gobierno con las movilizaciones del pasado verano, en las que presumieron de haberle hecho rectificar una nota de prensa al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que, lejos de dar una salida, lanzó la pelota hacia adelante y dejó la solución del conflicto en manos de las comunidades autónomas, que ahora, al menos en Madrid, hacen lo propio trasladándole el problema al ayuntamiento.

Torra ha dado la razón a los que piensan que la violencia es el mejor método para la defensa de sus pretendidos derechos

Los taxistas acusan a las VTC (Uber y Cabify) de provocar la ruina del sector y  por ello quieren no sólo limitar el número de licencias, sino, sobre todo, el tiempo en el que se puede contratar el servicio, elevándolo a una hora como mínimo, lo que supone, en la práctica, obligarles a dejar de prestar su servicio.

No sabemos lo que hará la Comunidad de Madrid, pero sí sabemos que los tribunales y la CNMC han dictaminado contra las trabas a la competencia que perjudican a los usuarios. Fue precisamente la resolución de un recurso contra una decisión arbitraria de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a favor de los taxistas, lo que provocó la primera gran movilización.

Si las VTC han crecido es porque ofrecen un buen servicio y lo lógico sería que convivieran con el taxi sin que eso supusiera la desaparición de este sector. El gobierno debe establecer unas reglas comunes para toda España, aunque los ayuntamientos tengan la capacidad de limitar el número de licencias de unos y otros. Lo que no tiene sentido es que se mantenga la irracional situación actual.

Los taxistas tienen razón en algunas de sus reclamaciones pero con su actitud están perdiendo una batalla fundamental: la de la opinión pública. Los usuarios no sólo están sufriendo la huelga por no disponer del servicio, sino por el caos circulatorio que provocan las concentraciones masivas de taxis o las dificultades para trasladarse desde los aeropuertos o las estaciones de tren al centro de las ciudades. El enfado ciudadano aumenta por momentos y cada vez más gente opta por bajarse la APP de una de las empresas VTC.

Escuchando a alguno de sus líderes más parece que en lugar de defender unas reivindicaciones justas lo que se pretende es hacer una pequeña revolución, demostrar el poder de un colectivo que tiene una indudable capacidad de afectar el normal funcionamiento de la vida ciudadana.

Más aún cuando en su manual de actuación figuran actos violentos, como tirar piedras a los coches de Uber o Cabify, insultar y acosar a políticos (como sucedió con Albert Rivera) o cuando se amenaza con hacer inviable un gran evento como Fitur. La violencia genera violencia y lo que ocurrió este martes cuando un taxista se lanzó contra un coche en la A-2 cerca del aeropuerto Adolfo Suárez no es más que una muestra de las consecuencias de esta forma tan peculiar de defender los intereses del sector.

Lo que ha hecho la Generalitat es dar precisamente la razón a los que utilizan la violencia para defender sus pretendidos derechos. Torra ha hecho lo que se esperaba de él.