Hace 36 años el Tribunal Supremo prestó uno de sus mayores servicios al estado de derecho: sentenció a 30 años de cárcel a los principales implicados en el golpe de Estado del 23-F. La democracia en España era todavía muy débil. Aún no habían transcurrido ocho años desde la muerte de Franco; la extrema derecha, atrincherada en las fuerzas armadas, mantenía esperanzas de una involución política; ETA se sentía fuerte y cometió ese mismo año 44 asesinatos, y el PSOE apenas si llevaba unos meses en el poder tras su arrolladora victoria el 28 de octubre de 1982.
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