Cuando el teniente Luis Gonzalo Segura publicó su libro Un paso al frente, pocos imaginaban la semilla que acababa de sembrar en un campo yermo y privado como el del Ejército. Denunció en él mil y una corruptelas que había presenciado, como la de su antecesor, un teniente que robó 96 ordenadores portátiles destinados a oficinas del Ejército y los vendió por eBay, fue condenado, pero sigue como teniente mandando a sus tropas. O el capitán que tenía la mano muy larga y llegó a acumular 27 casos de acoso sexual a mujeres soldados sobre las que tenía el mando, fue denunciado y condenado por un tribunal militar. El Ejército le condecoró el mismo día que ingresaba en prisión para cumplir año y medio de cárcel, además le mandaron a una misión internacional antes del ingreso para doblar así su paga durante su estancia entre rejas.

No es que la justicia militar no funcione, es que está hecha a medida para que los mandos continúen su carrera militar y los soldados y mandos intermedios que denuncian, sean expulsados del cuerpo. En el peor de los casos y tras cumplir condena, cambian de destino y se reincorporan a la Fuerzas Armadas sin ningún problema. Las víctimas, en cambio, cuando se reincorporan a su puesto son apestadas, repudiadas por otros mandos, incluso por sus compañeros y a menudo terminan pidiendo baja psicológica, algo que de suceder entre funcionarios del Estado o en la empresa privada sería denunciado de inmediato.

En los dos últimos años se han denunciado 30 casos de acoso sexual entre sus filas, solo 8 de los 30 casos han llegado a ser juzgados y no se ha producido ni una sola condena

El Ejército es una de las instituciones mejor valoradas por los españoles, los escándalos en los medios son casi inexistentes, no hay corrupción ni casos aparentes de acoso que aparezcan en los medios de comunicación. Es como si lo que sucede en el Ejército no fuera de interés público, aunque lo paguemos con nuestro dinero. El Estado español gastó el pasado año 12.500 millones de euros en armas. ¿Quién audita que cada euro se gaste adecuadamente? Aparentemente es una balsa de aceite, cuando en realidad es fiel reflejo de la sociedad española. Un ejemplo, en los dos últimos años se han denunciado 30 casos de acoso sexual entre sus filas, solo 8 de los 30 casos han llegado a ser juzgados y no se ha producido ni una sola condena. La reforma del Código Penal Militar del 2016 incluye como delito el acoso sexual desde que el Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy la aprobó. En Alemania, Bélgica, Holanda y otros países europeos el acoso sexual se considera un delito fuera de la jurisdicción militar y así es condenado. En España, al aplicar el Código Militar, no se condena a nadie por ello a más de dos años y entonces se aplica el artículo 15 según el cual cualquier condenado a menos de tres años sigue en el Ejército ocupando su puesto. Por lo tanto, nunca pasa nada.

El acosador sexual de la ahora diputada socialista Zaida Cantera, el coronel Lezcano Múgica, sigue siendo militar. Lo grave es que casos de acoso siguen ocurriendo y ahora la diputada junto a la Ministra de Defensa Margarita Robles dan la espalda a la víctima.

Qué pronto olvidó Zaida Cantera lo que le sucedió hace pocos años, y que fácil para la Ministra de Defensa mirar a otro lado

Una mujer acaba de ser expulsada del Ejército, es un subteniente que también denunció acoso sexual por parte de su superior en el cuartel de Alcantarilla (Murcia). Constantes intentos de tocamiento, petición de felaciones y hasta masturbaciones frente a ella, que la víctima llegó a fotografiar como prueba ante un tribunal. La amenazaba con bajas calificaciones si no accedía a sus deseos. La mujer se lo contó a su comandante mostrándole las fotografías. Se abrió expediente, un instructor le aconsejó no denunciar y no pasó nada. Ella puso la denuncia, un juez civil dio veracidad a su testimonio, pero el caso paso a la justicia militar. Lleva tres años pendiente de juicio. El presunto acosador está en la reserva por edad con su sueldo íntegro, la víctima diagnosticada de “estrés postraumático” y que permanecía en baja psicológica, ha sido expulsada del Ejército sin derecho a pensión ni a indemnización porque “no cumple los requisitos para seguir siendo militar”. El juicio sobre este acoso está fijado para mayo próximo, pero inexplicablemente el Ministerio de Defensa se ha erigido como juez y parte y ha expulsado del Ejército a la víctima, una vez más.

Qué pronto olvidó Zaida Cantera lo que le sucedió hace pocos años, y que fácil para la Ministra de Defensa mirar a otro lado.