Todo procesado está en su derecho de proclamar su inocencia y su no participación en los delitos por los que va a ser juzgado pero en el caso del juicio en el Tribunal Supremo contra los nueve procesados a los que la Fiscalía acusa de un delito de rebelión hay una particularidad que merece ser subrayada: ellos no niegan haber participado en los hechos que se les imputan. Lo que niegan es que esos hechos sean constitutivos de delito.

Esta va a ser una de las patas de su argumentación defensiva apoyada en un intento desesperado, porque resulta esencial para ellos, de convencer a la comunidad internacional, o a una parte de ella, de que España no es una democracia porque no se respetan en su seno los derechos fundamentales recogidos en distintos convenios internacionales. Buscan lo que la presidenta de la ANC Elisenda Paluzie llamaba "debilitar los pilares" del Estado, que, a su juicio, ejerce una opresión antidemocrática. Esto lo hace hablando del Estado español, que es el más garantista de toda Europa.

Todas las declaraciones de los políticos independentistas apuntan en la misma dirección, lo cual permite conocer cuáles van a ser básicamente las líneas estratégicas de sus defensas. Se trata de desmontar la tesis de que los enjuiciados participaron desde sus respectivos puestos de responsabilidad en lo que desde las filas del constitucionalismo se valora mayoritariamente como un auténtico golpe de Estado en versión siglo XXI.  Es decir, sin tanques ni ametralladoras pero con la violencia indiscutible que supone romper el ordenamiento jurídico de una nación e intentar imponer esa ruptura con pleno conocimiento de la ilicitud de lo que se perpetraba.

En la primera parte de la larga entrevista con el ex vicepresidente de la Generalitat que El Independiente publicaba este sábado, Oriol Junqueras repetía el argumento tantas veces escuchado estos últimos meses según el cual "para que pueda existir una rebelión o una sedición, es condición necesaria que haya habido un alzamiento violento y público". Pero los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que van a ejercer la acusación no albergan la menor duda de que la violencia que se ejerció durante los meses de septiembre y octubre de 2017 acreditan sobradamente la existencia de un delito de rebelión. Las presiones que se han ejercido sobre la Fiscal General del Estado no han hecho durante todo este tiempo la menor mella sobre la posición del Ministerio Público, que se ha mantenido firme en su posición inicial, defendida desde los hechos de 2017 por el fallecido José Manuel Maza.

Esta es una de las claves de este juicio, lo cual no quiere decir que, examinadas y calibradas las pruebas por los siete magistrados componentes de la Sala que va a juzgarlos, el Tribunal no acabe considerando otros elementos y al final redacte una sentencia condenatoria por sedición y malversación de caudales públicos y no por rebelión. Para eso está precisamente el desarrollo de la vista oral. Pero las defensas de los procesados no están en esa posición sino en la de tratar de demostrar ante el tribunal juzgador, pero sobre todo ante el mundo, que, como sostienen constantemente los independentistas, la autodeterminación no es un delito sino un derecho universal que la España opresora reprime "saltándose las normas más básicas del estado de Derecho para mantener el status quo", dice Junqueras.

Por algo proponían como testigos a un relator internacional y a un "experto independiente" que explicaran a sus señorías "el alcance actual y el significado del derecho de autodeterminación" porque, naturalmente, si esos dos juristas lograran convencer al tribunal y sobre todo al resto del mundo que el derecho de autodeterminación de todos los pueblos es perfectamente acorde con la legalidad internacional, entonces quedaría demostrado que este era un juicio injusto, un juicio político.

Sin duda vamos a asistir a sesiones tensas y enconadas. Pero este juicio saldrá bien y la democracia española saldrá de él reforzada.

Por eso el Tribunal Supremo ha denegado la presencia de esos dos testigos propuestos por las defensas, porque "hacer depender de la opinión de dos juristas [...] la conclusión acerca de la legalidad del derecho a decidir supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional". Lo que significa que es en exclusiva a este tribunal juzgador, que conoce perfectamente la legalidad nacional e internacional, a quien corresponde en exclusiva examinar y decidir conforme a Derecho si ese pretendido derecho a decidir que esgrimen los procesados es, como ellos argumentan, un derecho universal o, al contrario, que pretender ejercerlo por la vía de los hechos en el seno de un país plenamente democrático y garante de todas las libertades públicas constituye o no un gravísimo delito. Están de sobra, por lo tanto, las opiniones de dos "expertos" seleccionados por los abogados defensores de los procesados. El tribunal se basta y se sobra para determinar ese punto.

Todas estas propuestas tienen, como digo, un objetivo fundamental: intentar convertir este juicio en un proceso político -tal y como ellos pretenden desde antes del comienzo de la vista oral- que sirva para desacreditar a la democracia española. Pero eso es lo que va a impedir el presidente del Tribunal, que va a conducirlo desde el más escrupuloso de los procedimientos de manera que no se les desmanden quienes tienen entre sus propósitos lo que en el lenguaje de la calle se llama "montar el número". Eso no se les va a permitir.

"Estamos ante un juicio que marcará el porvenir de la democracia española", decía también Oriol Junqueras a nuestras colegas Ángela Martialay e Iva Anguera de Sojo. Efectivamente, pero no por lo que el líder de ERC pretende sugerir: que, si no hay sentencia absolutoria, el prestigio político de España caerá por los suelos ante la comunidad internacional.

No será por eso sino por todo lo contrario: porque quedará demostrado que el Estado tiene la solidez suficiente para enfrentarse y derrotar un golpe de Estado que ha sido mucho más grave que el que Tejero intentó dar el 23-F de 1981 porque en esta ocasión el golpe se ha producido desde dentro del Estado -que no otra cosa es la Generalitat de Cataluña y el Parlament- y utilizando los poderes que el propio Estado había depositado por delegación en manos de sus autores. Ha sido un golpe de Estado perpetrado por instituciones del Estado. No cabe mayor traición.

Sin duda vamos a asistir a sesiones tensas y enconadas. Pero este juicio saldrá bien y la democracia española saldrá de él reforzada.