Vamos a ver si ponemos en claro algunos de los aspectos que parecen estar algo confusos a estas alturas.

Primero: ha sido el Gobierno el que ha decidido dar marcha atrás en la negociación con los independentistas catalanes. Pero no por las razones que dice. No es verdad que los secesionistas se hayan negado a seguir hablando, han sido los negociadores gubernamentales los que han suspendido el diálogo en una decisión que se ha tomado esta misma mañana, no se sabe aún si en la reunión del Consejo de ministros.

Segundo: lo que se sabe hasta el momento es que cerca de las dos de la tarde de este viernes el Gobierno envió a la delegación independentista un documento nuevo, que es el que se ha distribuido entre los periodistas durante la rueda de prensa tras el Consejo. Este es el primer documento que  se hace público, de hecho es el único, pero no tiene más valor que el que le otorga haber sido el instrumento para teatralizar la ruptura. Es un documento elaborado para la ocasión, para poder romper la baraja. Aún no sabemos, pero acabaremos sabiendo, el contenido real de las conversaciones celebradas hasta el viernes entre ambas delegaciones.

Tercero: el hecho, relatado por  Elsa Artadi y por Pere Aragonés al alimón, es que ellos, una vez recibido el documento en cuestión llamaran insistentemente a la vicepresidenta Carmen Calvo y a otros miembros de la delegación negociadora y que, según cuentan, ya nadie les quiso coger el teléfono. "Les pedimos que celebráramos una videoconferencia y no quisieron". A las 13,50 Carmen Calvo les mandó un mensaje muy claro en respuesta a la petición de los miembros del Govern: "Tenía que ser ahora. Entiendo que es un no. Suerte". Eso prueba que  el presidente Sánchez ya había decidido que tenía que salir de estampida del agujero en que se había metido hasta el cuello. Y así se ha hecho. Todo lo demás es teatro.

Cuarto: ya ha quedado demostrado que todas estas cesiones inadmisibles a las exigencias de secesionismo no tenían más objeto que el de conseguir que el PDeCat y ERC les aprobaran los Presupuestos. Es decir, el Gobierno estaba dispuesto a poner en almoneda las instituciones que representan a la soberanía nacional a cambio de seguir gobernando. Porque eso es lo que significa la afirmación hecha el viernes por la mañana por Aragonés en la emisora de radio Onda Cero cuando aún no se había producido la espantada del Gobierno, según la cual "lo que decida la mesa de partidos deberá ser respetado por las instituciones". Es decir que el Parlamento tendría que haberse sometido a un acuerdo alcanzado con total opacidad -hasta hoy- por una negociación entre unos pocos partidos. Unos Presupuestos Generales no valen de ninguna manera el precio que Sánchez estaba dispuesto a pagar.

El Gobierno estaba dispuesto a poner en almoneda las instituciones que representan a la soberanía nacional a cambio de seguir gobernando

Quinto: lo que han contado Pere Aragonés y Elsa Artadi demuestra hasta qué punto la mercancía deseada por Sánchez era el respaldo a las cuentas del Estado. Contaron también que habían recibido el jueves por la noche la llamada de Carmen Calvo en la que les pedía que retiraran la enmienda a la totalidad que habían anunciado y que, efectivamente,  presentaron la mañana del viernes. No lo hicieron. Ahí se rompió la negociación, ahí desaparecieron todas las apelaciones al diálogo. Conclusión obligada: era un diálogo contra reembolso y con una tarifa única. Era un diálogo bastardo.

Sexto: las mesas de negociación acordadas eran dos. Una de Gobierno a gobierno, lo cual es directamente inadmisible en este caso porque eso significaba dar por buena la vieja pretensión de los independentistas de establecer una relación de igual a igual. En su imaginario, una relación de "Estado a Estado". Porque en política hay que tener siempre muy presente el enorme valor de lo simbólico y éste era el símbolo más relevante que el secesionismo ha arrancado del Gobierno de España. Y la otra mesa, aceptada por el Gobierno, estaba compuesta por partidos "estatales" -nos hemos enterado de eso al leer el documento de hoy- y partidos catalanes con la particularidad de que el partido mayoritario en el Congreso de los Diputados -el PP- y el primero en votos y en escaños en el parlamento catalán -Ciudadanos- estarían ausentes de esas negociaciones. Pero, Pere Aragonés dixit, esos acuerdos deberían haber sido asumidos por los dos parlamentos. Es incomprensible que los negociadores del Gobierno hayan continuado las conversaciones sobre estas bases que son una carga de dinamita contra el Parlamento español y el catalán. En  definitiva, contra la representación de la soberanía popular.

Séptimo: la convocatoria de la manifestación del domingo por Casado  y Rivera, que se anuncia multitudinaria, se suma a la pérdida de la esperanza  por parte del presidente de sacar adelante los Presupuestos y ha empujado también parcialmente a su apresurada retirada falsamente disfrazada de dignidad constitucional. Y hay algo más: el temporal desatado en su propio partido. Todos los que tenían la posibilidad de expresar en público su rechazo a la figura inadmisible de un relator lo han hecho. Y nadie que sea mínimamente relevante dentro del PSOE se ha manifestado a favor de una figura que, una vez más, constituía una cesión escandalosa a las eternas pretensiones del secesionismo de otorgar a  su desafío constitucional una apariencia de conflicto en el que están afectados los derechos humanos y que requieren por lo tanto la intervención de un mediador internacional. Por eso la lista que ellos habían presentado a sus interlocutores del Gobierno contenía nombres de extranjeros. Para Sánchez eran ya demasiados inconvenientes si al final no iba a conseguir el único objetivo que, para él, justificaría tanto daño.

Es incomprensible que el Gobierno haya continuado las conversaciones sobre estas bases que son una carga de dinamita al Parlamento español y al catalán

Octavo: las negociaciones con los independentistas les estaban ayudando de manera dramática en su esfuerzo, esencial para ellos, de desautorizar la legitimidad jurídica del Tribunal Supremo que el martes que viene va a juzgar por gravísimos delitos contra la Constitución a los mismos a los que el Gobierno estaba reconociendo la legitimidad de imponer la idea de que las instituciones democráticas españolas son incapaces de dar una respuesta al desafío del secesionismo catalán. Pedro Sánchez y Carmen Calvo han dejado al Supremo dramáticamente solo en su función esencial de defender nuestro Estado de Derecho.

Noveno: el presidente del Gobierno quizá se ha dado cuenta también de que las elecciones de mayo iban a ser la tumba de su partido y que la próxima  fosa que se iba a cavar en el PSOE era la suya propia porque, una vez recibido el castigo en las urnas autonómicas y municipales, sus víctimas quedarían heridas pero no muertas y se levantarían por segunda vez contra su secretario general por haber hecho exactamente lo que en su día el Comité Federal le había prohibido hacer: pactar con independentistas y con populistas.

Pedro Sánchez ha hecho hasta ahora lo que le ha dado la gana hasta el punto de poner en peligro la dignidad de las instituciones y el futuro político de su partido. Pero la marea ha llegado demasiado lejos. El último  de una larga fila de dirigentes que se han pronunciado en contra de las cesiones del Gobierno a los independentistas a  cambio de  seguir manteniéndose a flote con unos presupuestos aprobados ha sido su candidato a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. Antes de él Alfonso Guerra y Felipe González le pusieron frente a un espejo que devolvía ante la opinión  pública la imagen de un peligroso jugador de fortuna.

Ambos interlocutores han asegurado que no han roto "el diálogo". No está cerrado todavía el asunto. Todavía puede haber sorpresas

Décimo: el pavor de los secretarios socialistas a perder estrepitosamente las elecciones, que es algo que se argumenta con el desdén de quienes pretenden con ello reducir esas protestas a un asunto de estricto interés personal y egoísta de permanencia en el cargo o de aspiración de acceder a él, evidencia un grave error de interpretación. Las derrotas electorales se producen porque los electores apoyan o, en su caso, rechazan unas determinadas políticas. El miedo de los líderes territoriales es a evidenciar hasta qué punto los españoles de distintas comunidades se niegan a admitir y respaldar con sus votos las políticas emprendidas por Pedro Sánchez en relación con el independentismo catalán. Ésa es la derrota que les amenaza y que no tiene nada que ver con sus propuestas para el futuro ni con la gestión realizada. El presidente del Gobierno podía estar por eso a punto de hundir a su partido.

Coda final:  Y aún puede hacerlo porque esta partida todavía no ha terminado. Faltan tres días para que lleguen los próximos martes y miércoles. Ambos interlocutores han asegurado que no han roto "el diálogo" y sigue muy vivo el temor de los independentistas a que Sánchez decida convocar elecciones, las gane el centro derecha y en esa victoria se ahoguen definitivamente sus esperanzas. No hay que dar por cerrado todavía el asunto.Todavía puede haber sorpresas.