De los dos acontecimientos a los que asistimos ayer los españoles, la intervención de dos de los fiscales de Sala del Supremo ante el tribunal que juzga a los 12 líderes independentistas procesados,  y la derrota en el Congreso de los Presupuestos Generales presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez, lo verdaderamente relevante y decisivo para el futuro de España es el primero.

Hablaremos aquí de ambos asuntos, que constituyen dos respuestas distintas -una, jurídica, buscada y defendida y la otra, política, no  deseada pero sobrevenida- a los dos asaltos del independentismo a nuestro Estado de Derecho. Por lo que se refiere a la jurídica es importante señalar que la actuación de Javier Zaragoza y Fidel Cadena supuso la primera y más contundente respuesta al intento de las defensas de "sentar en el banquillo de los acusados" dijo Zaragoza, al mismísimo Estado español en lugar de a quienes han violado consciente y deliberadamente el orden constitucional, un intento ya diseñado antes del inicio de la vista oral pero desplegado plenamente el martes en cuanto intervino el primer abogado,  Andreu Van den Eynde, defensor de  Oriol Junqueras, y de Raül Romeva.

Este letrado abrió fuego acusando a la Justicia española de haber abierto "una causa general" contra el independentismo como ideología para a continuación afirmar que se habían "vulnerado casi todos los derechos", que enumeró uno por uno y al que sumó el "derecho a la libertad de culto" porque dijo que a Junqueras no le habían dejado asistir a misa. Pero no se quedó ahí la cosa. El letrado añadió que a los procesados se les había tratado "peor que a los terroristas" e intentó sin éxito proporcionar un mínimo fundamento a todas sus afirmaciones.

Su intervención me recordó a una consideración del director norteamericano de cine Cecil B. de Mille, cuando, preguntado por el secreto del éxito de una superproducción como la de Los Diez Mandamientos, que él acababa de dirigir dijo : "Hay que empezar con el terremoto de San Francisco y después ya...  ir hacia arriba". Algo parecido debió de pensar el letrado de Junqueras cuando diseñó su estrategia ante el tribunal.

Bien, ése iba a ser, y lo fue, el tenor de las intervenciones de las defensas, que pusieron de manifiesto desde el mismo comienzo de este juicio que su único propósito, su objetivo esencial es conseguir demostrar, o al menos dejar sembrada la duda, de que estamos ante un juicio político dirigido por un tribunal propio de una dictadura o de una república bananera y no de una democracia como la que, al parecer, encarnan sus defendidos.

La Fiscalía se ha aprestado a desmontar con minuciosidad y extrema eficacia cada una de las acusaciones

Y eso es  exactamente lo que no se les va a consentir porque los miembros de este Alto Tribunal tienen muchas horas ya de vuelo como para dejarse impresionar por los intentos espurios de las defensas y porque desde el primer momento la Fiscalía se ha aprestado a desmontar con minuciosidad y extrema eficacia todas y cada una de las acusaciones formuladas por los letrados levantando una empalizada de argumentación inexpugnable que va a hacer muy difícil el éxito de los abogados defensores.

Lo explicó muy crudamente hace un tiempo Benet Salellas, el abogado de Jordi Cuixart, en unas declaraciones a un medio de comunicación independentista: "Esta causa solo la podemos ganar si utilizamos el juicio para reivindicar la legitimidad del derecho a la autodeterminación”.

Pero para convencer a la comunidad internacional y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, destinatario principalísimo de su estrategia, de que ese derecho de autodeterminación que ellos pretenden universalmente reconocido pero que no reconoce nadie en el mundo cuando se trata de un Estado, como es el nuestro,  donde se respetan y se garantizan los derechos fundamentales y las libertades públicas, es esencial primero demostrar que España es un país totalitario y represor de las mínimas condiciones exigibles en una democracia. Y ése es el sentido de su estrategia, presentada el martes en toda su dimensión y de la que veremos sus derivadas precisas y concretas en cuanto empiecen a declarar los acusados.

Por eso es tan importante el papel de los cuatro fiscales de Sala que van a ser el muro ante el que se van a estrellar una y otra vez sus intentos de darnos gato por liebre en lo relativo a la presunta responsabilidad asumida en diferente grado por todos y cada uno de sus defendidos en unos delitos de la máxima gravedad, como son los de intentar violar el orden constitucional con una declaración unilateral de independencia de Cataluña que se quiso imponer a través de una legislación paralela y al margen de la Constitución y por añadidura, de la convocatoria de un referéndum ilegal.

La exposición inicial de Zaragoza y de Cadena dio a su vez la medida de hasta qué punto esos intentos van a terminar en fracaso. Porque lo que los fiscales defienden, describen, argumentan y estampan ante los ojos de toda la opinión pública es precisamente esta España constitucional construida sobre los cimientos de un ordenamiento jurídico impecablemente democrático y extremadamente garantista que los secesionistas aspiran a derribar.

Pero no es únicamente en el  terreno judicial en el que se está librando este combate. Desde hace varios meses se estaba preparando un segundo asalto, éste en el terreno de la política, a nuestra democracia. La derrota de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido -y lo volverá a ser después de las elecciones según como sean los resultados- el otro campo de batalla en la que los independentistas han estado a punto de obtener una victoria parcial importantísima para ellos. Como dijo el martes en el Congreso Joan Tardá , de ERC, "¡Lo teníamos al alcance de la mano!".

Efectivamente, se refiere el diputado republicano al acuerdo que se estaba negociando en total opacidad entre los independentistas y las representantes del Gobierno Carmen Calvo y Meritxell Batet hasta que la vicepresidenta llegó a aceptar la figura de un "relator", momento en que todo estalló por los aires porque desató la ira de buena parte de la oposición y de muchos dirigentes del PSOE, lo cual desembocó en esta derrota parlamentaria de Gobierno y en la inevitable convocatoria de elecciones anticipadas.

Ésta del mediador era una de las exigencias de los independentistas, que le daban un valor extraordinario a esa figura porque les iba a permitir demostrar ante el mundo que el conflicto se planteaba en pie de igualdad entre España y Cataluña y en el que había que abordar básicamente un problema de derechos fundamentales por lo cual era necesario un "mediador internacional". Esta es la verdad del "facilitador" que nos quiso vender sin éxito la vicepresidenta Calvo el Gobierno quien había reconocido ya ante Artadi y Aragonés que se podía "hablar de todo" sin límites.

Y que esto es así lo demuestran las declaraciones públicas del presidente de la Generalitat quien, en su rueda de prensa del martes en la sede de la delegación del gobierno catalán en Madrid dijo que una de las condiciones para retomar las negociaciones rotas era precisamente la existencia de ese "mediador internacional". Así que no hay manera de descafeinar el valor simbólico que los independentistas otorgan a esa figura: el "facilitador" de la vicepresidenta era una bomba de racimo para el prestigio de España.

Si los representantes del Gobierno no se hubieran enfrentado a la ola de indignación que se desató en España, incluido el propio Partido Socialista, a estas alturas tendríamos un pacto en el que el Estado español habría aceptado situarse de igual a igual con los independentistas para negociar al final, no el reconocimiento de su derecho de autodeterminación, porque a eso no se habría prestado el Gobierno, pero sí unas relaciones, avaladas por ese mediador, que le habrían proporcionado al independentismo catalán el estatus que le diera alas y vuelo para reclamar desde su nueva y fortalecida posición un referéndum por la independencia.

Los independentistas lo van a volver a intentar en cuanto se celebren las elecciones anticipadas

Todo eso es lo que se ha ido al traste en la mañana de ayer. Pero el  problema no ha acabado en términos de la vida política -la judicial es mucho más segura- porque los independentistas ya han comprobado que con Pedro Sánchez pueden llegar mucho más lejos de lo que nunca hubieran soñado. Y lo van a volver a intentar en cuanto se celebren las elecciones generales anticipadas. La posibilidad de que el presidente del Gobierno vuelva a reeditar su intento de instalarse en La Moncloa apoyado en los votos de los independentistas  catalanes no es en absoluto descartable, al contrario, es una posibilidad muy cierta.

Por eso no va a tener fácil Pedro Sánchez montar su campaña electoral -sean cuando sean las elecciones, que todavía no lo sabemos- sobre la base de apoyarse en el argumento de que él es quien encarna al centro político porque se ha negado a aceptar el derecho de autodeterminación exigido por los independentistas.

Es seguro que no se va a distanciar tanto de ellos como para cegarse la opción de volver a tenerlos como socios de investidura porque sabe que lo más probable es que los resultados electorales, por muy favorables  que le sean al PSOE, no le van a dar, ni sumando los del declinante partido de Pablo Iglesias, los escaños suficientes como para no tener que necesitar el apoyo de ERC y el PDeCat o como se acabe llamando al final ese partido tantas veces reconstituido y rebautizado.

Sánchez tendrá buen cuidado en no morder la mano que quizá podría auparle de nuevo al poder. Y, si eso fuera así, que nadie albergue la menor duda de que las conversaciones fallidas ahora se retomarían en el punto en que se abandonaron. Con la particularidad, ya muchas veces constatada, de que los independentistas no han renunciado nunca a un solo punto de sus exigencias. Jamás. Y no lo harán en el futuro. Por eso lo del "diálogo" con ellos será siempre una falacia.

Pero en esa hipótesis tendremos que tener muy presente lo que declaró Quim Torra ayer a Carlos Alsina en Onda Cero: "Antepongo la democracia a cualquier ley". Y aclaró: "Nosotros ponemos la voluntad de la gente por delante de la ley". Qué bárbaro. Un razonamiento ignominioso y perverso donde los haya que ignora voluntariamente que la democracia se basa precisamente en el imperio de la ley y en su cumplimiento. Pero Torra contrapone los dos conceptos, lo que significa que está -y estará siempre- dispuesto a ignorar y a violar toda ley que no se adapte a sus  pretensiones.

Es un compañero muy indeseable para pactar con él cualquier cosa en una democracia. Pedro Sánchez lo sabe pero es un hecho que se ha apoyado en él y en los suyos para apuntalar sus 84 diputados y poder asumir así la presidencia del Gobierno. Y podría verse en la necesidad -su necesidad- de volver a hacerlo.

De estos dos asaltos a nuestro Estado de Derecho tenemos la certeza de que uno de ellos, el que se dirime ahora en la Sala de Plenos del Tribunal Supremo, se va a saldar con éxito absoluto para la democracia. Del resultado del segundo hay muchas dudas que sólo se resolverán a favor si los resultados de las elecciones generales que el presidente tendrá que convocar antes o después hacen imposible que el independentismo pueda volver a poner precio a sus escaños.