La información que hoy publica El Independiente relativa a la desazón de las organizaciones independentistas ante la convocatoria anticipada de las elecciones generales y su temor a que acabe gobernando una coalición de centro derecha, tiene su razón de ser en la más que probable desaparición de la posibilidad de un indulto generalizado. Este es un escenario insólito por desconocido.
Ese temor se basa en la certeza de que, gobernando el PSOE con cualquiera de los aliados posibles de ese partido, la sentencia del Tribunal Supremo, que todos dan por seguro que será condenatoria, aunque todavía se mantenga la incógnita del tipo penal en que los magistrados de la Sala Segunda considerarán finalmente que están incursos los acusados, se acabaría resolviendo, para satisfacción de sus partidarios, con una medida de gracia a cargo del Gobierno.
No puede ser que los independentistas tengan tanta seguridad en el indulto si nadie más que Teresa Cunillera se lo ha sugerido
Esta seguridad en la concesión del indulto por parte de un gobierno socialista tiene gran interés porque hasta el momento los ciudadanos no habíamos tenido noticia de que semejante cosa estuviera garantizada ni por asomo por Pedro Sánchez, ni siquiera por Miquel Iceta. La única noticia que tuvimos a este respecto fue la que dio en su día la delegada de Gobierno en Cataluña Teresa Cunillera que, efectivamente, se pronunció a favor de un indulto para los presos independentistas que, en aquel momento, ni siquiera habían sido juzgados.
Pero tenemos motivos ahora para sospechar que ésa era la intención del Gobierno que, de esa manera, habría asestado un golpe mortal al papel jugado por el Tribunal Supremo. Sería un mensaje que, de ser cierto, diría algo así como "no importa lo que digan los tribunales porque nosotros, representantes del Poder Ejecutivo, vamos a aniquilar su sentencia". Claro, esto no es algo que ningún miembro del gobierno pueda formular públicamente porque eso es tanto como laminar la separación de poderes por el procedimiento de anular y dejar de antemano sin efecto las posibles decisiones del Poder Judicial. Pero si este era el propósito del Gobierno hay que decir que estaríamos ante un escándalo de enormes dimensiones.
Pero es muy sintomática la preocupación de los independentistas ante la posibilidad de que no sea el PSOE quien acabe ganando las próximas elecciones. No puede ser que tengan tanta seguridad en el indulto si nadie más que Teresa Cunillera se lo ha sugerido. Y además, eso da una dimensión aún más negativa e implacable a las negociaciones que la vicepresidenta Carmen Calvo ha venido celebrando con los miembros de la Generalitat Elsa Artadi y Pere Aragonés. Porque evidencia una vez más que los independentistas lo quieren todo a cambio de absolutamente nada.
No hay nada que negociar con los independentistas porque ellos nunca cederán ni un solo milímetro de sus posiciones
Si cuentan, o contaban, con tener en la mano algo tan escandaloso como un indulto general a los procesados aún antes de que el Tribunal Supremo hubiera ni siquiera iniciado la vista oral, el hecho de que pretendieran a la vez blanquear su desafío con la presencia de un mediador internacional -una de las condiciones que siguió formulando públicamente Quim Torra cuando las negociaciones habían ya fracasado- y que insistieran en seguir poniendo sobre la mesa de conversaciones el derecho de autodeterminación, demuestra hasta qué punto los separatistas no están dispuestos a negociar nada si no es para imponer la única salida que ellos aceptan: pactar la independencia de Cataluña.
Es muy probable además que, una vez que un nuevo gobierno del PSOE volviera a humillar al Estado ofreciendo un indulto a los condenados por los tribunales de justicia, a los independentistas no les pareciera suficiente y exigieran una amnistía para los suyos. Para quien no lo sepa, un indulto es el perdón del delito cometido, pero un perdón que no borra el delito y no lo hace desaparecer de los antecedentes penales del condenado. Sin embargo, una amnistía es la que da el delito por no cometido y, en consecuencia, esa condena se borra, desaparece y deja de constar en el historial del amnistiado.
Eso es exactamente lo que Oriol Junqueras sostuvo ante el tribunal juzgador el jueves pasado: "¡Trabajar por la independencia de Cataluña no es delito, no hemos cometido ninguno de los delitos que se nos quieren atribuir!". Esta es su tesis y sobre esta tesis se han apoyado las exigencias con las que el grupo negociador con el Gobierno ha empujado a éste contra las cuerdas a pesar de sus muchas cesiones.
No hay, pues, nada que negociar con los independentistas porque ellos nunca cederán ni un solo milímetro de sus posiciones. Tienen un único objetivo y es ése y ningún otro el que están decididos a conseguir. Por eso, la mera sugerencia de un indulto por parte del Gobierno actual, de haberse producido, cosa que no está acreditada, no habría sido más que una muestra más de debilidad de una de las partes negociadoras, un paso más hacia la zona de arenas movedizas a la que el independentismo pugna por atraer el Estado español.
Y en eso es en lo que no puede caer ningún gobierno de España, sea del signo que sea.