El Gobierno se ha metido en un lío de considerables dimensiones a cuenta de la exhumación del cadáver de Francisco Franco. Su principal error y el origen de todos los problemas que lleva arrastrando desde que Pedro Sánchez tomó posesión de su cargo es que lo ha abordado desde el comienzo como una baza política de la que pensaba extraer pingües beneficios por parte de sus seguidores. Y no ha preparado el largo y muy complejo camino que debía llevarle, si lo hubiera hecho bien, a acordar con las autoridades eclesiásticas y también con la familia la exhumación de Francisco Franco y su inhumación en algún lugar que conviniera a todos.

Pero el Gobierno no lo ha hecho así. Es más, el presidente se comprometió ante el Congreso ya en el mes de julio, recién asumido su cargo, a exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos "en muy breve espacio de tiempo". Y lo hizo, como se dijo en aquel momento "porque ya hay acuerdo con la familia". "Sus herederos no se oponen a la exhumación", según aseguraron entonces desde el Ejecutivo, aunque aún estaban pendientes de definir los flecos jurídicos. Es decir, el cuándo, el dónde y el cómo. Y, sin embargo, nada de eso era cierto, sobre todo el que la familia hubiera dado su aprobación a una medida que el Gobierno Sánchez ha exhibido una y otra vez como la gran prueba de su progresismo izquierdista. Y ahí empezaron los problemas y las torpezas.

Ha habido una gran torpeza en la gestión de un asunto en el que el presidente del Gobierno ha puesto demasiado empeño

"Hay que cerrar las viejas heridas que permanecen abiertas desde la guerra civil", se argumentó entonces. Pero lo que está haciendo el Ejecutivo, que está ya en la puerta de salida porque apenas le quedan 15 días en activo, es simplemente intentar salirse con la suya antes de estar en funciones, momento en que resultaría del todo escandaloso que siguiera empeñándose en ganar esta última partida.

Ha habido una gran torpeza en la gestión de un asunto en el que el presidente del Gobierno ha puesto demasiado empeño, hasta el punto de que este otoño, en una de sus primeras comparecencias ante el Pleno del Congreso de los Diputados para exponer las lineas maestras de su programa de Gobierno, no se le ocurrió otra cosa que abrir su  intervención con esta frase: "El Gobierno se compromete a sacar a Franco del Valle de los Caídos", como si aquello fuera lo más importante de su mandato. Esa es la única explicación posible del empecinamiento del equipo de Sánchez en no abandonar el poder antes de haber abierto la tumba del dictador.

Pero el tiempo corre en su contra y aún se alzan importantes obstáculos para que se salga con la suya, que es de lo que se trata al parecer. El decreto de exhumación que este martes publicó El Independiente pretende envolver la decisión política en largas consideraciones jurídicas y en el informe, encargado ad hoc a la Delegación del Gobierno en Madrid, para justificar la medida que se dispone a adoptar.

Pero, argumentos jurídicos aparte, es un hecho que expertos en Derecho Canónico ponen en seria duda que el Gobierno pueda entrar impunemente en la Basílica del Valle de los Caídos sin violar los acuerdos de España con la Santa Sede que se firmaron a comienzos de la Transición. De modo que si lo hace sin el consentimiento del prior de la comunidad benedictina, será noticia en el mundo entero. Y no para bien.

Si Sánchez entierra a Franco sin contar con la autorización de sus  familiares estará haciendo lo mismo que siempre se ha calificado desde la izquierda como humillante e indigno

Será muy escandaloso que saque a Franco de su tumba en esas condiciones y a pesar de la oposición de su familia. Uno de los reproches que la izquierda ha venido haciendo a los enterramientos en el Valle de los Caídos de las víctimas de ambos bandos de la guerra civil -en realidad el reproche se refiere solo a lo que afecta a las víctimas del bando republicano- es, precisamente, que esos muertos fueron trasladados y enterrados allí sin el consentimiento de sus familiares o incluso abiertamente contra su deseo. Por lo tanto, si Sánchez entierra a Franco sin contar con la autorización de sus  familiares estará haciendo exactamente lo mismo que siempre se ha calificado desde la izquierda como un humillante e indigno atropello perpetrado en su día por el dictador. Y no digamos si el prior, como ya ha sugerido, se decide a acusar al Gobierno de Sánchez de querer profanar esa tumba.

Porque además, la familia tiene la intención de recurrir al Tribunal Supremo, cuya Sala Tercera ya dijo en su momento que no se podría exhumar a Franco  sin que antes se hubiera pronunciado este tribunal. Y esa decisión del Supremo ha de ser respetada.

Al Gobierno se le ha acabado el tiempo y tiene que aceptarlo. Ésa ha sido una decisión personal y exclusiva de su presidente, por otra parte. No es conveniente que dé muestras de estar empeñado en cumplir su voluntad de modo tan obcecado y falto de moderación. No lo han conseguido, eso es un hecho, y no deberían mostrar su peor rostro para intentar ganar una partida que ya tienen perdida.