Durante estos meses estamos asistiendo a un juicio de enorme impacto mediático. Los medios de comunicación, las tertulias y las redes sociales se llenan de comentarios muchas veces vehementes. Pero no olvidemos que estamos ante un juicio con intervención de magistrados, fiscales y abogados, sin lugar a dudas todos ellos profesionales, y dirigido a unas personas cuyos derechos deben ser respetados y protegidos.

Cuando un procedimiento penal afecta a personas vinculadas con la política es frecuente que los involucrados asocien el acontecimiento con la actuación pública o consideren que hay un nuevo espacio para el desarrollo de esas funciones.

Los fiscales, abogados y jueces se deben entre sí cortesía y deben tratar con respeto a las personas que comparecen

Aunque no faltan comentaristas apasionados y guiados por las respectivas posiciones ideológicas, la generalidad de los medios de comunicación están informando responsablemente del desarrollo de las sesiones, realizando valoraciones ponderadas y desapasionadas, evitando generar fuera de la sala de vistas un juicio paralelo.

Los juicios tienen sus reglas y sus tiempos. Los fiscales, abogados y jueces se deben entre sí cortesía y deben tratar con respeto a las personas que comparecen, sean acusados, testigos o peritos, cuyas palabras interesan al tribunal mucho más que las preguntas que se les realizan. No podemos dudar de que pasaremos por momentos en los que unas posiciones u otras parecerán estar triunfando, pero un juicio dista mucho de semejar un partido de fútbol en el que se suceden lances, jugadas y goles. Un juicio no va de esto.

En todo el mundo, los juicios están pensados para que la justicia se cumpla en la aplicación de la ley, con sucesión de medios de prueba incriminatorios y de descargo para que los tribunales puedan deliberar de manera reflexiva y sosegada. Los integrantes del tribunal, en este y en todos los casos de exposición mediática de los asuntos, van a tener sólo ojos y oídos para lo que se produzca dentro de esas paredes. Y analizarán la prueba practicada y el derecho aplicable con distancia respecto de cualquier posición política porque resolver sin prejuicios forma parte de sus deberes éticos y jurídicos.

En los foros internacionales, las fiscalías y los tribunales españoles cuentan con una importante presencia y prestigio

El nivel de la justicia española es muy elevado, técnica y deontológicamente. En los foros internacionales, las fiscalías y los tribunales españoles cuentan con una importante presencia y prestigio. En la institución continental encargada de velar por los derechos humanos, el Consejo de Europa, los fiscales como los jueces españoles están presentes de manera relevante y los acuerdos adoptados son siempre tenidos en cuenta. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha otorgado una alta valoración a las instituciones judiciales españolas en el cumplimiento de la integridad de quienes las componen. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es escrupulosamente asumida y los estándares de protección de los derechos fundamentales en España son más elevados que en el conjunto europeo. No es por ello de extrañar que el número de sentencias de este Tribunal que condenan a España motivadas por la actuación de su jurisdicción sea muy reducido en comparación con lo que sucede con algunos grandes estados comunitarios.

La justicia española ha dado muestras de madurez al resolver en justicia casos que afectaban a políticos de todos los colores. No faltaron entonces comentarios y posturas altisonantes y poco importó. A estas alturas no puede dudarse de la imparcialidad del sistema jurisdiccional español ni la de quienes intervienen en el mismo. Queda un largo tiempo para un juicio que se encuentra en manos de profesionales.

Antonio Roma Valdés es ex presidente de la Asociación de Fiscales, a la que sigue perteneciendo en la actualidad.