De un tiempo ya demasiado largo a esta parte, la crisis institucional y política en Cataluña está en lo más alto del debate público y, en consecuencia, está produciendo que los distintos actores de la sociedad civil tomen partido sobre una situación que está afectando desgraciadamente a la convivencia entre españoles de forma tan visible como penosa.

Las aguas siguen bajando revueltas en el conflicto agudizado por el ‘procés’, y son necesarias en cada momento y cada acción, sin duda, importantes dosis de prudencia, sentido común y firmeza para salir de un atolladero algunos de cuyos episodios han sido francamente irrespirables y, aún peor, evitables.

Hace apenas unos días, Madrid se ha convertido en capital mundial del Derecho. La World Jurist Association ha elegido España por tercera vez en su historia para celebrar su World Law Congress; y el mensaje, enarbolado por el propio Jefe del Estado Felipe VI de viva voz, ha sido claro y contundente: no es admisible apelar a una supuesta democracia si no se respeta la ley.

La Abogacía es un pilar fundamental del Estado de Derecho, y eso conlleva una responsabilidad adicional a la primordial que significa nada menos que la salvaguarda del ejercicio del derecho de defensa. Ya antes de que mis compañeros y compañeras me eligiesen Decano del Colegio de Abogados más grande de Europa, el de Madrid, me pronuncié acerca de la necesidad de salir al paso de los ataques a la Constitución y a nuestras libertades, de las agresiones al orden jurídico que se plasmaron inicialmente en la Declaración Unilateral de Independencia y, en paralelo, en la aprobación ilegal de la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana. Era clave tomar decisiones y acciones, como así se hizo, encaminadas a restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña y proteger los derechos de todos los ciudadanos.

Era clave tomar decisiones y acciones, como así se hizo, encaminadas a restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña

La Abogacía institucional, en efecto, no puede sino estar en primera línea manifestando su compromiso sólido de lealtad y defensa del sistema constitucional. Eso nos ha llevado, defendiendo la integridad de los jueces españoles, la independencia del Poder Judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, a reaccionar ante iniciativas anómalas de fiscalización generadas por los tribunales de terceros Estados y que han afectado a personas concretas, como el magistrado Pablo Llarena, que se han sometido, como en cualquier procedimiento, únicamente al imperio de la ley, al igual que el resto de miembros de la carrera judicial.

Como Decano del ICAM he puesto especial empeño en tender puentes con nuestra corporación hermana de Cataluña, el ICAB. Así, estamos desarrollando proyectos de cooperación y colaboración que, más allá de lo simplemente corporativo, concentran esfuerzos y multiplican el impacto y la influencia de ambas instituciones a nivel internacional: recientemente se ha podido comprobar en una nueva reunión conjunta en Barcelona, con motivo de la festividad de Sant Raimon.

En una situación como la actual, enquistada y enrarecida, tan necesitada de impulsos cívicos que vayan en la línea de restar tensión y crispación, la Abogacía puede ayudar desde su fuerza, no sólo de número, a alumbrar y conquistar espacios de entendimiento y a arbitrar vías de salida a procesos de conflicto.

Mi compromiso, en este sentido, está pasando indefectiblemente cada día por elevar la voz de mis compañeros y compañeras con toda la nitidez y el alcance necesarios, sintiéndome, junto a ellos, especialmente concernido y comprometido con la defensa de los principios y valores democráticos en los que se fundamenta el Estado de Derecho. Somos un elemento indispensable para la concordia y la convivencia ciudadana.

José María Alonso es el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).