Vaya repaso que le están dando en el juicio los mandos y los agentes de la Guardia Civil a la versión de los procesados y de sus defensores según la cual la independencia catalana era tan solo una manera de hablar y los acontecimientos tumultuarios producidos desde el 20 de septiembre al 1 de octubre fueron en realidad unas manifestaciones festivas, del todo pacíficas, como un pícnic campestre al que -dijo Rufián- se acudía a merendar.

A partir del momento en que terminaron su declaración los políticos -salvo el ex secretario de Estado José Antonio Nieto, que fue de una claridad y una contundencia absolutas- y empezaron los mandos policiales, algunas defensas de los acusados empezaron a removerse en sus asientos. La intervención del coronel Pérez de los Cobos resultó demoledora para sus intereses y la cosa empeoró dramáticamente cuando los miembros de la cúpula de los Mossos empezaron a relatar la realidad de lo sucedido, relato que el mayor José Luis Trapero -que tenía una estrategia propia- remató cuando prestó testimonio ante el Tribunal.

Pero cuando ya han sabido que su estrategia  se desmoronaba irremediablemente ha sido cuando han empezado a desfilar por la silla de los testigos los agentes de la Guardia Civil que presenciaron in situ los disturbios ante la consejería de Economía o las condiciones en las que tuvieron que llevar hasta el coche policial al detenido Xavier Puig Ferrer, número dos de la Consejería de Exteriores mientras la multitud pretendía arrebatárselo a los agentes por las bravas. Son dos ejemplos, pero relatos como éstos han ido cayendo uno detrás de otro en medio de la Sala mientra la versión festiva y sonriente se iba esfumando por momentos hasta desaparecer.

Y aquí está la explicación no sólo de la inquietud de una parte de los abogados defensores que ha preparado este juicio con una estrategia política, no técnica, sino la razón  de sus constantes y crecientes intervenciones para hacer constar su protesta y las cada vez más frecuentes declaraciones de indefensión. Claro, estos abogados, y sus defendidos, han llegado al Tribunal Supremo como  el ciclista que llega a una meta volante: la pasa llevando en su cabeza su verdadero objetivo, que es la meta final.

Para los abogados digamos políticos y no técnicos, la meta es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y también la clientela independentista, incluida la TV3, que concita en torno a sus programas a todo su público fiel y al que parecen dirigirse algunos de los letrados. Con éxito indudable, porque la mercancía averiada de la indefensión y la vulneración de derechos es la que compra con fruición la cadena independentista que sirve así al designio esencial del secesionismo: la creación de una realidad paralela en la que refugiarse para poder seguir viviendo dentro de ese magma artificial.

Pero este tribunal de Estrasburgo al que estos letrados aspiran a recurrir no se va a pronunciar en ningún caso sobre la sentencia del Tribunal Supremo de España sino única y exclusivamente sobre si durante la vista se han respetado o no los derechos fundamentales de los acusados. Ése es su concreto ámbito de actuación. No tiene otro, no es un tribunal de casación, no se pronuncia sobre la adecuación de la sentencia a los hechos y al Derecho. Solo sobre el respeto a los derechos fundamentales.

El interés de los abogados para que se emitan sus vídeos tiene una explicación: sería la única manera de amortiguar la  contundencia de los relatos de los testigos

Y aquí es donde el problema de estos defensores se va agrandando por momentos. De entrada, porque el juicio está siendo retransmitido al mundo entero, a todo aquél que esté interesado en seguirlo, y esa transparencia máxima, que no se aplica en ningún país del mundo, decidida desde el comienzo por el presidente de la Sala, les pone muy difícil argüir lesión alguna a los derechos fundamentales de sus defendidos y poderlo demostrar. Es más, la paciencia de Manuel Marchena con las distintas defensas y la generosidad en el trato que están recibiendo por su parte los acusados son tan notorias que más de un procesado en otros juicios podría sentirse discriminado negativamente respecto de los líderes secesionistas catalanes.

No es costumbre que los procesados coman de catering y, si no, que se lo pregunten a Rodrigo Rato o a cualquier otro que se hartan de alimentarse a base de bocadillos. Tampoco lo es que los acusados viajen desde la cárcel  hasta el tribunal libres de las esposas, como se hace siempre. Ni lo es que cada uno de ellos opte libremente por elegir dónde se sientan, si en el banquillo de los acusados, como todo el mundo en esa situación, o en estrados, junto al abogado de cada cual. Ni que ninguno de ellos haya pisado hasta ahora un calabozo en los traslados desde la cárcel hasta la Audiencia  Nacional, desde donde acuden luego al Tribunal Supremo. Estos señores están recibiendo un trato exquisito por parte del Tribunal.

Cuanto más avance el proceso menos excusa tendrán los abogados, que irán inquietándose cada vez más hasta llegar a la desesperación

Y puesto que por ahí no tienen nada que hacer y puesto que, según avanza la vista y se va construyendo poco a poco el relato de lo que verdaderamente pasó, se van quedando cada vez más contra las cuerdas, estos abogados han decidido de común acuerdo poner en marcha una doble línea de actuación. La primera es repetir una y otra vez, a la menor oportunidad, que sienten indefensión. Esta queja se repite como una letanía, por ejemplo, porque se han empeñado en contrarrestar con la reproducción de imágenes el relato de los guardias civiles sobre la violencia ejercida en numerosas ocasiones por la multitud.

Son vídeos no seleccionados al azar sino cuidadosamente escogidos para mostrar escenas donde la paz y la alegría reinaban en todo caso. O, en su defecto, imágenes que muestran la para ellos escandalosa brutalidad de las Fuerzas de Seguridad el 1-O.  Y no es que el tribunal se haya opuesto a su emisión, sino que ha decidido con buen criterio que no ha llegado el momento de la fase documental porque aún estamos en la fase testifical.

El interés de estos abogados para que se emitan sus vídeos tiene una explicación: sería la única manera que ellos tendrían de amortiguar la  contundencia de los relatos proporcionados por los testigos. Solo si a una descripción de la brutalidad de los ataques recibidos por las comitivas judiciales hubieran podido contraponer una imagen de serenidad en la calle justamente seleccionada para la ocasión, les hubiera sido posible desactivar la carga devastadora de lo que se está escuchando en este juicio.

Y como el presidente les explica una y otra vez que esos vídeos se visionarán en su momento pero que su momento no es éste, ellos arguyen indefensión. Es más, han remitido a la Sala cuatro escritos en los que dicen que son víctimas, atención, de "vulneración de los derechos de defensa, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a un juez imparcial". Nada menos.

Marchena exhibe junto a un profundísimo conocimiento del Derecho Penal  y Procesal unas dosis beatíficas de infinita serenidad y paciencia

Además de protestar por lo de los vídeos, reprochan al presidente del tribunal que limite las preguntas a los testigos al perímetro de asuntos abordados por la parte que haya propuesto la declaración de cada compareciente. Dicen que eso limita sus posibilidades de interrogar, pero ésa es la norma. Sin embargo, lo que ocurrió cuando testificó el mayor Trapero da una idea de la falacia de esa argumentación: cuando el mayor de los Mossos fue interrogado por el fiscal Javier Zaragoza sobre una cuestión -el contenido de la reunión entre la cúpula de la policía autonómica y el presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y el consejero de Interior Forn-  que no había sido abordada la acusación popular, que es la que había propuesto el testimonio de José Luis Trapero, el abogado Jordi Pina reaccionó como un rayo y pidió al presidente que impidiera al fiscal preguntar por ese asunto. Y así fue, el presidente no permitió a la Fiscalía ahondar en el tema. Y estos abogados se quedaron contentos.

Pero, ay amigo, como resulta que la ley faculta expresamente al presidente de una Sala a hacer al testigo preguntas que depuren las dudas sobre un hecho concreto, Manuel Marchena cerró la intervención de Trapero preguntándole precisamente por el contenido de aquella reunión. Un asunto de la máxima relevancia que había quedado envuelto en sombras. Y eso sí que no, porque eso no les convenía en lo más mínimo. Por eso, y aun reconociendo la absoluta legalidad -no podía ser de otro modo- de la decisión del presidente, le reprochan  ahora haber hecho una pregunta acusatoria y le acusan de ¡falta de imparcialidad!

Y así sucesivamente. Es decir, queda claro que lo que están intentando hacer algunos de los abogados defensores es construir algo parecido a un relato en el que pueda sustentarse, aunque sea malamente, un argumento en el que poder articular un recurso, por débil que resulte, de vulneración de derechos ante el Tribunal de Estrasburgo. Esta es la estrategia. Pero el transcurso de la vista no les ha dado la menor excusa para ello y cuanto más avance el proceso menos excusa tendrán. Irán inquietándose cada vez más hasta llegar a la desesperación.

Marchena, mientras tanto, exhibe junto a un profundísimo conocimiento del Derecho Penal  y Procesal unas dosis beatíficas de infinita serenidad y paciencia.