La violencia idónea en el 'procés'

La sexta semana del juicio del ‘procés’ ha estado protagonizada por el relato de aquellos guardias civiles que vivieron en primera persona la violencia de quienes los veían como la “fuerza de ocupación” en Cataluña. Escupitajos, amenazas de muerte, insultos, puñetazos…son algunas de las vivencias que relataron en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo aquellos agentes que participaron en distintas entradas y registros en los días previos al referéndum ilegal del 1-O así como en los dispositivos policiales desplegados aquel día en Cataluña para impedir las votaciones.

Los veinticuatro miembros del Instituto Armado que testificaron esta semana en la vista oral narraron escenarios de miedo, desprecio a la autoridad y odio por parte de quienes apoyaron a las bravas el desafío independentista que el Govern de Carles Puigdemont lanzó al Estado. “Nunca me habían escupido por hacer mi trabajo”, dijo con la voz entrecortada un teniente de la Guardia Civil mientras explicaba que el 1 de octubre de 2017 en Cataluña el “respeto a la autoridad se evaporó en cuestión de horas”.

El reto probatorio al que se enfrenta la Fiscalía no es menor, aunque lo hace desde el convencimiento  de que esa violencia fue la idónea para declarar la república catalana el 27 de octubre de 2017"

Sin embargo, el mayor silencio vivido hasta ahora en la sala de vistas llegó el pasado jueves cuando otro agente relató cómo en el colegio a su hijo le obligaron a protestar por la actuación policial en el 1-O. Le forzaron a exhibir una pancarta contra el trabajo de su padre pese a que el chaval "está muy orgulloso de su profesión y que quiere seguir sus pasos”. Varios testigos repitieron dos palabras en sus comparecencias: desprecio y odio. Otros pronunciaron el vocablo maldito en este juicio, la violencia.

Y es ‘maldito’ porque si la Fiscalía consigue convencer al tribunal de que sin esos actos violentos previos en las calles en Cataluña no se hubiera llegado a proclamar de forma unilateral la independencia, los acusados saben que serán condenados por el delito de rebelión. La pena más grave a la que se enfrenta Junqueras, los Jordis, Forcadell y parte de los ex consellers encausados. El reto probatorio al que se enfrentan los fiscales Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Javier Zaragoza no es menor aunque lo hacen desde el convencimiento absoluto de que esa violencia fue la idónea para declarar la república catalana el 27 de octubre de 2017.

Ya lo hicieron en su escrito de acusación cuando señalaron que "los acusados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raul Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn, así como los acusados Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, llamaron a la ciudadanía a participar en la jornada del referéndum del 1-0, siendo conscientes de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir explosiones violentas si se intentaba impedir el cumplimiento del mandato judicial por las fuerzas de orden público. Con ello fomentaban, propiciaban y buscaban el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad, con lo que no solo secundaban la actuación de acoso, intimidación y violencia sino que, desde el poder constituido, daban apoyo explícito y expreso a la estrategia de impedir la acción del Estado y de los órganos judiciales, siendo conscientes de que ello comportaba en un alto grado de probabilidad el empleo de actitudes de violencia y enfrentamiento”.

De ahí, el nerviosismo que ha aflorado en el estrado de las defensas cuando el juicio se ha sumergido en las entrañas del debate jurídico; en si esa violencia –que solo un necio a estas alturas puede negar- era un ingrediente imprescindible para doblegar al Estado en Cataluña.

El nerviosismo ha aflorado entre las defensas cuando el juicio se ha sumergido en las entrañas del debate jurídico; en si la violencia era un ingrediente imprescindible para doblegar al Estado en Cataluña"

Un sector de los abogados de los líderes independentistas se emplea a fondo en tratar de demostrar que la violencia solo vino de la mano de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; las mismas que velaron por el cumplimiento de las resoluciones judiciales el día del referéndum ilegal. El uso legítimo de la fuerza es un concepto ignorado mientras a las cargas policiales se recurrente constantemente. Son las reglas del juego y el Tribunal Supremo está permitiendo que este juicio goce de máximas garantías.

Sin embargo, en ocasiones los interrogatorios de las defensas chirrían ya que parecen dirigidos a los telespectadores de la TV3. Es una circunstancia tan evidente que el presidente Manuel Marchena llegó incluso a sugerir a uno de los letrados más combativos, el penalista Jordi Pina, que “con las preguntas que haga al agente intente convencer al tribunal, no a la galería, porque eso le perjudica enormemente”. Quizás, no es la mejor estrategia de defensa intentar llevar a cabo "careos" y tratar de ridiculizar a aquellos testigos que representaron al Estado frente al desafío independentista en Cataluña. Sobre todo, porque están siendo juzgado por siete jueces, que son precisamente ese mismo Estado.