Los primeros escarceos de la XIII legislatura apuntan ya con claridad lo que nos espera con el gobierno de Pedro Sánchez. Pasados los primeros días de euforia tras el 28-A, los números cantan: 124 escaños suponen una renta escasa para afrontar los retos a los que se enfrenta España. Lo quiera o no el presidente, tendrá que hacer concesiones y, por el camino, se dejará jirones de credibilidad.

El asunto de los presos del procés es la prueba evidente. Los procesados -cuatro diputados y un senador- han utilizado las instituciones para hacer agitación y propaganda de sus ideario independentista. Oriol Junqueras se ha permitido el lujo de cruzar una breve conversación con el presidente, al que ha propuesto hablar... se supone que sobre Cataluña. A la mofa de la fórmula reglamentaria del juramento o promesa en el cumplimiento de la Constitución, se ha unido el lamentable espectáculo del tira y afloja entre la Mesa del Congreso y el Tribunal Supremo a cuenta de la suspensión de los procesados, tal y como establece el reglamento de la cámara y el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento.

Detengámonos por un momento en este rigodón. Más allá de que los presos sean suspendidos de sus funciones -como no podía ser de otra forma- el rifirrafe ha puesto de relieve la propensión de la presidenta del Congreso a atender a los argumentos de los independentistas y de sus compañeros de viaje de Unidas Podemos. Resulta evidente que Meritxell Batet deseaba retrasar la decisión hasta después de las elecciones del 26-M, o al menos dejar claro ante el electorado catalán que esa era su voluntad. Batet, como otros líderes del PSC, cree que es políticamente rentable aparecer en Cataluña como el partido que está dispuesto a la complacencia con los independentistas.

El incidente también ha aflorado las tensiones internas dentro del gobierno entre los más proclives al endulzamiento de posiciones frente a ERC y los que creen que al PSOE no le beneficia nada esa actitud comprensiva. Carmen Calvo, otrora jefa de la Operación Diálogo, ha mantenido desde el primer momento una posición firme en relación los presos: es a las Cortes y no al Supremo a las que corresponde aplicar la suspensión.

El rigodón de los presos ha puesto de relieve las debilidades, contradicciones y dificultades que van a marcar el gobierno de Pedro Sánchez

Otro aspecto interesante de la cuestión: el enfrentamiento institucional entre el poder legislativo y el judicial. El Supremo no lo va a tener fácil. El gobierno quiere descargar sobre el alto tribunal no sólo la responsabilidad sobre el castigo de los posibles delitos de los procesados, sino que va a hacer todo lo posible para que las penas sean leves, como ya he explicado en el artículo publicado el pasado miércoles.

En la Mesa del Congreso, los dos representantes de Unidas Podemos no sólo se mostraron partidarios de descargar la responsabilidad de la ejecución de la suspensión de los presos exclusivamente en el Supremo, sino que cuestionaron la legitimidad de la propia suspensión, alineándose en este punto milimétricamente con los independentistas. Un punto a tener también en cuenta. Sobre todo, cuando en Moncloa ya se admite que Sánchez estaría dispuesto a cederle sillones en el Consejo de Ministros.

Pablo Iglesias, consciente de la debilidad de Sánchez, ya no se va a conformar con una secretaría de Estado para alguno de sus diputados. No. Como advertía este jueves en la entrevista que publicaba eldiario.es: "El PSOE no tiene ni fuerzas ni números, no sería justo un gobierno en solitario".

Sánchez no sólo va a necesitar a los 42 diputados de UP para su investidura, sino que va a tener que recurrir a ellos para cualquier iniciativa legislativa, incluidos los Presupuestos, o cualquier solución que se contemple para Cataluña, asunto para el que el líder de Podemos ya ha mostrado su disposición mediadora.

Las dificultades que le esperan al presidente son independientes de los resultados electorales del domingo, aunque Sánchez estaría encantado de ganar en Madrid, arrebatándole el gobierno de la Comunidad al centro derecha.

Como se demostró durante los dos gobiernos cortos de Mariano Rajoy (2015-2016 y 2016-2018), gobernar en España con menos de 150 escaños resulta tarea casi imposible. Más aún cuando el socio de gobierno va a querer cobrar caro su apoyo marcando políticamente la legislatura. En una autoconfesión impagable, que debería hacer reflexionar a Sánchez, en la citada entrevista Iglesias afirma: "En política nadie es de fiar, nadie".