La decisión del Tribunal Supremo de suspender la exhumación de Franco evidencia la utilización política que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de este asunto y su torpeza al no prever sus consecuencias legales.

El argumento del la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso es inapelable: ¿Cómo autorizar la salida del cadáver del Valle de los Caídos cuando aún el tribunal no se ha definido sobre la cuestión de fondo, que no es otra que determinar si legalmente eso se puede hacer sin el permiso de la familia? ¿Qué ocurriría si, después de haberlo exhumado, se resuelve que debe volver a su lugar de origen, se preguntan los jueces del Supremo?

La decisión es, por tanto, de perogrullo, de una lógica aplastante. Pero, al mismo tiempo, pone de manifiesto que el camino elegido por el gobierno para llevarla a cabo, una resolución de Consejo de Ministros basada en un decreto, no se sostiene por ningún lado ¿Dónde esta la urgencia que recomienda esa vía legislativa extraordinaria?

No, urgencia no había. De hecho, el presidente del gobierno ya anunció en junio del pasado año que la exhumación del dictador se iba a llevar a cabo en un santiamén y a quí nos tienen a los españoles viendo como, una vez más, incumple lo prometido. Fue el pasado 15 de marzo cuando la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, anunció solemnemente que el 10 de junio Franco sería enterrado en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo).

El Supremo ha evidenciado la torpeza del gobierno, que ha utilizado al dictador como baza política sin importarle mucho los procedimientos

Hay que recordar que Sánchez decidió adelantar el elecciones al 28 de abril el pasado 15 de febrero. Es decir, que el anuncio de la fecha de la exhumación se produjo cuando ya se conoce la fecha de las generales y en plena precampaña electoral. El gobierno sabía -tenía encuestas que así lo afirmaban- que la mayoría de los votantes de izquierda eran favorables a la medida.

Sánchez ha utilizado a Franco hasta la nausea justamente hasta el 28 de abril. Desde entonces el generalísimo desapareció de la agenda política como por ensalmo.

El Supremo no ha hecho sino ponerle freno al capricho del gobierno: su decisión tienen que cumplir unos requisitos, que no se amoldan necesariamente al calendario político que le viene bien al presidente.

Ante el evidente revés jurídico al gobierno -que no podrá cumplir su propósito de llevar el cadáver de Franco desde el Valle de los Caídos a El Pardo el próximo lunes- desde algunos sectores de la izquierda se ha querido deslegitimar al tribunal amparándose en una fecha: que Franco fue jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 al 20 de noviembre de 1975.  Se le atribuye a los magistrados un cierto filo franquismo basándose en ese párrafo.

Es verdad que el 1 de octubre de 1936 en España había un gobierno legítimo, el republicano, y que Franco, entonces, no era más que el cabecilla del golpe. Pero es que Franco no fue renombrado posteriormente tras el final de la guerra, una vez "vencido y desarmado el ejército rojo". El dictador fue jefe del Estado desde que fue designado por una junta militar para llevar a cabo el golpe contra la República hasta su muerte.

El debate no es si Franco acabó con un gobierno legítimo después de casi tres años de cruenta guerra civil, o si, tras su triunfo ejerció una brutal represión contra todo tipo de opositores. No se está juzgando a Franco (como pretendió el ex juez Garzón), sino si sus restos pueden ser trasladados desde un lugar de culto y si permiso de su familia a otro lugar menos ostentoso.

Eso es lo que deberá determinar el Supremo en una resolución que se conocerá seguramente tras el verano.

Ya habrá tiempo de debatir sobre el fondo de la cuestión que generará un debate jurídico de gran calado y sobre el que hay sólidos argumentos a favor y en contra.

Por el momento, sin novedad en Cuelgamuros. Franco sigue en su sitio.