En las postrimerías de la última legislatura el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó con 172 votos a favor, 2 en contra y 164 abstenciones el Real Decreto-ley que modifica la Ley de 26 de diciembre de 2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, conocida comúnmente como Ley de Memoria Histórica.

Dicha norma habilita al Gobierno para proceder a exhumar y trasladar los restos del dictador del Valle de los Caídos, una medida imprescindible e inaplazable para cumplir lo dispuesto sobre la retirada de símbolos franquistas y evitar exaltaciones antidemocráticas en dicho lugar. Estos restos se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal, lo que lo convierte en asunto esencialmente público. El Valle de los Caídos es una construcción ejecutada por presos políticos mediante trabajos forzados, que se ha convertido en el monumento de exaltación del dictador y de la dictadura, y de olvido y desmemoria de sus crímenes. Donde sólo figuran su nombre y el de un jefe fascista, algo incompatible con lo preceptuado por la Ley de Memoria Histórica que prevé que en ningún lugar del Valle “podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”. Los restos de miles de víctimas de la represión, por su parte, son anónimos y fueron allí llevados sin contar con la voluntad de sus familiares.

Exhumar a Franco es una exigencia de la legalidad internacional en derechos humanos

La exhumación de los restos mortales del dictador es una medida que expresa el interés general de protección a las víctimas de la dictadura, mediante esta forma de reparación moral y simbólica, para poner fin a la obligada convivencia del máximo responsable de las atrocidades cometidas bajo el régimen dictatorial y de sus víctimas en un lugar religioso. Fe católica, por cierto, que muchas de las víctimas no profesaban. Por lo demás, se trata de una exigencia de la legalidad internacional en materia de derechos humanos, en particular el derecho de las víctimas a la reparación.

La exhumación de los restos del dictador está igualmente justificada en la proposición no de ley aprobada por el Congreso en mayo de 2017, sin ningún voto en contra, que insta al Gobierno a resignifcar la función del Valle de los Caídos y exhumar los restos de Franco y con lo establecido en una disposición adicional de la Ley de Memoria Histórica, que estipula que el Valle de los Caídos debería convertirse en un lugar destinado a honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra y a consecuencia de la represión política posterior.

Hay, por lo demás, un cierto consenso en Europa de repudio a los regímenes fascistas y a su exaltación, lo que convierte a nuestro país en una rara avis dentro de nuestro entorno geográfico más cercano, por citar los ejemplos de Italia y Alemania. De ahí que el Parlamento Europeo adoptara una resolución en octubre del 2018 sobre el auge de la violencia neofascista en Europa, en la que alude expresamente a la decisión de “exhumar los restos de Franco y trasladarlos fuera del Valle de los Caídos, conjunto monumental conmemorativo de la guerra y lugar de peregrinación de la extrema derecha”.