“Cien sediciones distintas animadas por un plan u hoja de ruta en el que está enfocado el objetivo para llevar a cabo la violencia en el último acto de desconexión y romper con el sistema constitucional y declarar la independencia de una parte del territorio” sale por completo del ámbito de la sedición.  “No puede ser una sedición” porque aquí no se está contra un delito de orden público. “Hubo cien sediciones para romper el orden constitucional”, dijo de forma categórica el fiscal de Sala Fidel Cadena el pasado martes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.

Con la tenue voz que caracteriza a un hombre que, sin duda, domina con brillantez la dogmática penal, Cadena trató de convencer a la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena de que los promotores del denominado procés independentista cometieron un delito de rebelión de libro. La razón, argumentó, es que el objetivo era “derogar la Constitución” algo que sucedió “de hecho” y “de Derecho” en Cataluña.

Su discurso fue el más técnico de los cuatro fiscales que intervinieron aquel día en el juicio del procés y por eso, quizás, el que más hizo reflexionar al tribunal y preocupó a las defensas que se apresuraban a tratar de recopilar la jurisprudencia a la que el tímido fiscal había hecho referencia en su exposición. Había que analizarla para, después, poder rebatirla en su informe de conclusiones definitivas.

Han hecho de la administración catalana su particular cortijo”, dijo la fiscal Consuelo Madrigal

Fue –dijo su colega el fiscal Jaime Moreno- “una rebelión distinta” a la que hemos visto cometer a lo largo de la historia porque “solo se necesitó la violencia en el momento final”. “Sin violencia física no hubiera sido posible alcanzar la hoja de ruta”, apuntó. “No fue necesaria más violencia y no fue necesaria menos y la que se utilizó que no fue nada desdeñable”, añadió Moreno.

En definitiva, subrayó el fiscal Javier Zaragoza, el ‘procés’ fue “un golpe de Estado”. Un “golpe de Estado” con todas las letras: “Un procedimiento civil de un poder constituido de una comunidad autónoma que se alzaba contra el Estado rompiendo el orden constitucional que le daba legitimación a su ejercicio con el apoyo de la movilización popular y con el auxilio y colaboración de los Mossos d’Esquadra”.

Sin olvidar que para ejecutar el desafío separatista se gastaron casi tres millones de euros de las arcas públicas de la Generalitat. “Han hecho de la administración catalana su particular cortijo”, subrayó la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, que centró su intervención en el delito de malversación de caudales públicos.

No está probado que "el elemento de la violencia haya sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por los acusados”, aseguró la Abogacía del Estado

Y tras estos vehementes postulados llegó la encogida defensa de la sedición –prácticamente no abordó la malversación- que hizo la abogada del Estado Rosa Seoane en la vista oral. “No podemos considerar probado que el elemento de la violencia haya sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por los acusados”, dijo la representante de los servicios jurídicos del Gobierno. “No se puede equiparar violencia con el uso de la fuerza”, remachó.

A falta de escuchar el alegato final de los acusados, y las exposiciones de sus letrados, la suerte está echada y los siete magistrados que llevan juzgando durante cuatro meses a los líderes del procés deberán decidir en las próximas semanas el reproche penal que merecen los gravísimos hechos que ocurrieron en Cataluña en el otoño de 2017.

La sentencia se conocerá a la vuelta de verano –entre los meses de octubre y noviembre-  y determinará, previsiblemente, la configuración del Estado español durante las próximas décadas. Fuentes de la Sala se muestran optimistas con poder alcanzar un fallo por unanimidad.