La operación de búsqueda, con fatal desenlace, de Blanca Fernández Ochoa ha reabierto el debate sobre la descoordinación entre los diferentes cuerpos policiales que actúan en el territorio nacional. Una cuestión que debe preocuparnos, pues, aunque salga a la luz sólo en los casos mediáticos, existe de forma continuada.

Si acudimos al verdadero origen de este problema no queda más remedio que constatar que el modelo policial español ha entrado en crisis. Aunque en realidad no somos una excepción, ya que los países de nuestro entorno también se han tenido que enfrentar (o lo harán en un futuro próximo) a estas dificultades. La causa fundamental para ello es que en todos los modelos policiales avanzados están confluyendo dos tendencias en apariencia divergente: procesos de descentralización que otorgan mayor protagonismo a los niveles regionales o locales frente a otros claramente centralizadores que persiguen un reforzamiento de los cuerpos estatales, sobre todo para enfrentarse al fenómeno de la globalización del delito.

En España, el panorama se complica aún más al coexistir dos cuerpos estatales, con la presencia de la Guardia Civil siguiendo un modelo militarizado. Nuestro sistema de seguridad está dando síntomas de agotamiento, debido sobre todo a dos circunstancias: la duplicidad de competencias y la deficiente distribución de recursos.

Aunque la descoordinación entre los cuerpos policiales salga a la luz sólo en los casos mediáticos, existe de forma continuada

La solución al primer hándicap –el solapamiento de competencias– debería afrontarse desde la reforma de la desfasada Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estableciendo un nuevo mapa de seguridad con un reparto más especializado de competencias. Delimitación clara de responsabilidades que, dicho sea de paso, sería probablemente la mejor forma de afrontar la más que justa reivindicación de equiparación salarial y profesional entre policías.

¿Pero qué hacer cuando inevitablemente concurran competencias de cuerpos diferentes? En esos casos, debemos ser realistas, ya que la coordinación entre estructuras policiales es francamente difícil.

Desde AUGC, como de hecho expusimos en la Comisión del Congreso de los Diputados para el estudio del modelo policial del siglo XXI, lo primero que deberíamos asumir es que la coordinación no es suficiente, sino que es necesario dar un paso más e implementar la colaboración policial, es decir, la puesta en marcha de actuaciones.

La primera acción que debiera impulsarse es la utilización de mecanismos directivos transversales entre Policía Nacional y Guardia Civil. No se trata de designar responsables políticos comunes, pues eso ya existe. Si realmente queremos una colaboración efectiva, no queda más camino que el de ir integrando en los mismos organismos operativos a los mandos de ambos cuerpos.

Otra iniciativa sería mejorar la relación entre los respectivos servicios de Información, haciendo común para ello las diferentes bases de datos.

Pero la colaboración no sólo debe darse en la cúspide de la pirámide, sino que deben compartirse de forma integral los procedimientos de actuación. Y ello sólo puede conseguirse si se unifica lo más básico, es decir, los procesos de formación, lo cual, además de suponer un ahorro, propiciaría algo importante: y es que las personas que han recibido una formación profesional semejante tienen más fácil compartir protocolos de actuación y colaborar activamente.

En cuanto a la segunda deficiencia que apuntábamos –la deficiente distribución de recursos– y para alcanzar una seguridad pública moderna y eficiente debemos abordar la mejora en la gestión organizativa en la Guardia Civil.

La seguridad es uno de los pocos servicios públicos que afectan a las personas durante toda su vida. Mejorarla es cosa de todos

En este sentido, consideramos fundamental la reorganización territorial de sus unidades, lo cual viene sustentado en que, pese a que el ámbito rural ha cambiado, la Guardia Civil mantiene el mismo despliegue que tenía en el siglo XIX, lo que deja a la mayoría de las unidades en este ámbito geográfico casi inservibles por su excesiva diseminación unida a la falta de personal.

Pasar de los actuales 2.700 acuartelamientos a los exclusivamente necesarios y operativos, siguiendo un criterio de agrupación o “comarcalización” de las mismas, supondría, de hecho, disponer del suficiente personal operativo para que ningún núcleo poblacional carezca de atención.

En definitiva, la modernización del modelo policial es un reto inaplazable. Veamos, por tanto, la actual crisis del modelo policial como una oportunidad para mejorarlo considerablemente. Pero, para conseguirlo, los profesionales de la seguridad necesitamos el apoyo de la sociedad. Esto no es una cuestión de ideologías. Pensemos que la seguridad es uno de los pocos servicios públicos que afectan a las personas durante toda su vida. Mejorarla, por tanto, es cosa de todos.

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Alberto Moya es presidente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).