La relación entre el poder y los medios de comunicación ha sido siempre un tanto particular. Se puede resumir en unas pocas palabras: que pase lo que tenga que pasar, pero que sea a oscuras, a escondidas o que no cante demasiado. Es la propia del lenguaje de las flores, la de la moral victoriana, que procura que en la esfera pública se obvie lo que ocurre en los cenáculos y en los dormitorios. En esta España nuestra, existen buenos ejemplos de este particular concubinato, desde en cabeceras nacionales que están participadas por las reinas de la banca hasta en esas empresas públicas puestas al servicio de los intereses particulares que son la mayoría de las televisiones autonómicas.

Existe un caso que merece un análisis aparte por su singularidad, como es el de Ximo Puig, cuya vocación periodística ha condicionado su presidencia hasta el punto de costarle algún disgusto importante. El máximo representante de la Generalitat Valenciana volvía a verse envuelto en una polémica esta semana después de que El Economista revelara que la Comunidad Valenciana pagó 43.000 euros al periódico The Guardian antes de que publicara una entrevista-masaje a Puig. En otras palabras: reveló que la prestigiosa cabecera no eligió al mandatario por el interés que despertaba en los clubes privados de St. James's Street o entre los ciudadanos de Bristol, sino por un contrato que le unía al Gobierno de esta comunidad autónoma.

Según aseguraron fuentes de la Presidencia a El Mundo, las cosas no son lo que parecen en este asunto, sino que la Generalitat contrató el servicio que ofrecía este periódico para promocionar la Comunidad Valenciana en el país anglosajón. Y una empresa externa, llamada The Report Company, pensó que la mejor forma de hacerlo era entrevistar a su presidente. El texto fue promocionado en las redes sociales de Puig sin advertir de que aquello era un artículo pagado. Vaya, que se prefirió guardar silencio al respecto para ensalzar la figura del barón socialista.

La operación de Zeta

Quizá sea cierto el tópico que afirma que el poder aparta de la realidad a quienes lo ejercen, hasta el punto de que existen reyes desnudos que creen estar ataviados con traje de gala. Pero el caso de Ximo Puig va más allá, pues algunas de sus actuaciones son, como poco, cuestionables.

Hace unos meses, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) decidió apoyar la operación de quita de deuda que acordaron los acreedores del Grupo Zeta –CaixaBank, Sabadell, BBVA, Santander, Instituto Catalán de Finanzas y el IVF- para posibilitar la venta de la compañía a Javier Moll. En total, decidieron ‘perdonar’ el 70% de los adeudos, un porcentaje muy elevado.

Puig participó en este asunto pese al evidente conflicto de intereses que tenía, dado que es accionista de uno de los periódicos del grupo, el Mediterráneo, de Castellón. Según su declaración de bienes, dispone de 210 títulos valorados en 177.000 euros y por las cuales ha recibido dividendos de 11.000 euros. Desde la Generalitat, aseguraron entonces que este hecho es de sobra conocido y nunca se ha ocultado; y afirmaron que esta participación tiene su origen en el despido del president a principios de la década de 1980, cuando ejercía su profesión, el periodismo, en este periódico.

“El president destinó la indemnización a comprar acciones y las ha mantenido durante 35 años sin ejercer ninguna actividad relacionada con la empresa”, apuntaron sus fuentes oficiales.

Tampoco vieron nada extraño en que el Gobierno valenciano repartiera –a través de una central de medios- un total de 19 partidas de publicidad a esta cabecera. En 2016, por valor de 82.565,58 euros; en 2017, por 179.192; y en 2018, por 289.993,14. En octubre de 2015, cuando Puig ya era president, se destinaron 15.416 euros, tal y como se puede comprobar al consultar los registros públicos.

No conviene obviar que Puig fue quien decidió reabrir la televisión pública valenciana tras el abrupto y costosísimo cierre de Canal 9 por parte de Alberto Fabra.

Evidentemente, si el criterio pasa por no excluir a ningún medio de comunicación del reparto de estos fondos y asignarlos en función de su audiencia y su alcance territorial, sería cuestionable que Mediterráneo fuera perjudicado. Ahora bien, llaman la atención dos cosas: la primera es que la mayoría de estos fondos procedan de la Consejería de Presidencia, es decir, del departamento encabezado por el president. Y, la segunda, es el interés de Puig por mantener esta participación pese a los conflictos que puede generarle como político.

Si uno piensa bien, puede pensar que lo hace por el valor sentimental de estas acciones, que pertenecen al diario en el que trabajó hace más de 30 años. Para pensar mal, basta con buscar en la hemeroteca del diario el nombre y el apellido del mandatario para apreciar que este periódico no suele ser muy crítico con su socio. Díselo con flores.

Más allá de todo esto, no conviene obviar que Puig fue quien decidió reabrir la televisión pública valenciana tras el abrupto y costosísimo cierre de Canal 9 por parte de Alberto Fabra. Basta recurrir a los datos para apreciar los resultados que ha generado esta decisión: el año pasado, esta empresa pública tuvo pérdidas de alrededor de 50 millones de euros y una audiencia residual. El pasado agosto, del 2,5%.

Pero, ya se sabe: mi reino por mis medios.