Esto no era lo acordado de una manera implícita entre los líderes políticos, especialmente entre el presidente del Gobierno, y la sociedad española. Habíamos quedado de acuerdo hace ya demasiado tiempo en que los debates políticos eran exigibles en una campaña electoral y había un pacto no escrito pero generalizado en que incluso se podrían asegurar a través de una ley.

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