Esto no era lo acordado de una manera implícita entre los líderes políticos, especialmente entre el presidente del Gobierno, y la sociedad española. Habíamos quedado de acuerdo hace ya demasiado tiempo en que los debates políticos eran exigibles en una campaña electoral y había un pacto no escrito pero generalizado en que incluso se podrían asegurar a través de una ley.

La razón que se ha esgrimido una y otra vez es que ese tipo de confrontaciones dialécticas permiten a los electores hacerse una idea más cabal de las posiciones de los candidatos, de su grado de convicción y de su capacidad para argumentar y contraargumentar frente al adversario. En definitiva, que la controversia directa entre los aspirantes a la presidencia del gobierno era saludable para el fortalecimiento de la democracia española.

Pero absolutamente nada se ha hecho en este campo. Y ahora nos volvemos a encontrar con que es el líder que ejerce el poder y pretende conservarlo el que decide si debate, cuántas veces debate y con quién debate. La conclusión es que él elige el formato que más le conviene y los demás candidatos se limitan a acatar su decisión y en todo caso a criticarla pero sin más consecuencias.

Este debate a cinco quedará en nada como en nada han quedado todos los enfrentamientos de este corte que se han organizado en el pasado

Y el resultado es inadmisible. Ahora nos encontramos con que Pedro Sánchez ha decretado que sólo va a participar en un único debate a cinco, evidentemente la fórmula que menos arriesgada resulta para él porque ese formato acaba resultando en una sucesión de monólogos en los que cada uno de los aspirantes trata de colocar una síntesis consecutiva de sus mensajes sobre los distintos asuntos de interés nacional que se hayan pactado previamente.

Y en el poquísimo tiempo que queda a continuación para el verdadero debate los electores asisten a un pequeño ejercicio de ataques recíprocos que no pueden tener desarrollo porque el tiempo apremia y son demasiados los participantes, que reclaman todos su derecho a intervenir.

Es, por lo tanto, una fórmula diseñada para salir indemne del duelo que no sirve a los ciudadanos para hacerse una idea cabal de a quién deberían votar si todavía albergan alguna duda. Pero es la fórmula elegida, e impuesta, por el presidente del Gobierno porque sabe que en ese diseño él se pone a salvo de cualquier riesgo de acorralamiento dialéctico por parte de sus contrincantes.

Es, por eso, una tomadura de pelo al electorado. Lo mínimo que se debería exigir es un cara a cara entre quien ocupa en esos momentos el poder y el jefe de la oposición. Es decir, entre quien ejerce la presidencia y quien pretende arrebatársela. Y, siendo más amplios, sucesivos cara a cara entre los distintos líderes políticos que concurren a unas elecciones generales

Pero eso es precisamente el debate del que Pedro Sánchez -en esta ocasión se trata de él, pero ha habido anteriormente más casos de presidentes escaqueados- quiere huir y va a huir de hecho. Porque todavía en España no se ha elaborado una ley que obligue a los candidatos a confrontar sus programas y sus respectivas capacidades ente los ojos del público.

Al presidente del Gobierno habría que exigirle una respuesta más democrática y reprocharle que se esconda detrás de una multitud

Al final, este debate a cinco en el que van a participar Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias y Abascal quedará en nada como en nada han quedado todos los enfrentamientos de este corte que se han organizado en el pasado. Ninguno ha tenido nunca el menor interés porque no es posible sacar nada en claro de un formato así.

La mayor parte de los espectadores deja a seguirlo pasados los primeros minutos del programa. Sólo los muy cafeteros -periodistas, asesores de los líderes participantes y gentes de ese tipo- aguante hasta el final. Por eso no sirven para nada.

Al presidente del Gobierno, que es quien decide e impone en cuántos debates y con cuántos interlocutores está dispuesto a participar, habría que exigirle una respuesta más democrática y reprocharle que se esconda detrás de una multitud -cinco en un debate electoral son multitud- para hacer como que cumple con su deber sabiendo, sin embargo, que está escurriendo clamorosamente el bulto.

Ese debate no nos vale. Reclamemos por enésima vez la elaboración de una ley que establezca el régimen de debates que deben celebrarse cada vez que se convoquen elecciones generales. Y sepamos de momento que con esta fórmula de cinco contendientes habilitada para el 4 de noviembre nos están lanzando el anzuelo de la apariencia de confrontación democrática para que piquemos y nos demos por satisfechos. Pero debemos tener claro que no están intentando engañar.

No es esto lo que los usos auténticamente democráticos exigen. Que quede claro.