Mano dura, pero con cautela. Pedro Sánchez ha optado por mandar un mensaje inequívoco al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al movimiento independentista.

Sabe que ese gesto gusta a los electores socialistas (sobre todo los de fuera de Cataluña), y también a los que votaron en abril al PP y a Ciudadanos. Todo lo que ocurra de aquí al 10-N hay que interpretarlo en clave electoral, incluida la crisis en Cataluña, que centrará la campaña más que cualquier otra cosa.

El presidente abrió fuego desde la Cadena Ser el martes, 1 de octubre, advirtiendo de que el artículo 155 se podría aplicar con un gobierno en funciones. Los abogados del Estado han hilado fino para aclarar las dudas sobre la puesta en marcha de una ley que supone la suspensión de la autonomía de Cataluña no sólo con un gobierno en funciones, sino con las Cortes disueltas. En base a un principio básico, como es que no se puede dejar desprotegido al Estado, tanto la norma que regula las diputaciones permanentes de Congreso y Senado que asume los poderes de las cámaras cuando éstas no están constituidas, como la ley del Gobierno permiten al ejecutivo tomar medidas extraordinarias para hacer frente a situaciones de emergencia.

Un día antes, el líder del PP, Pablo Casado, había reclamado la aplicación en Cataluña de la ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2015 y que permitiría al Ministerio del Interior asumir la coordinación de los Mossos con el resto de fuerzas de seguridad del estado en una situación de grave alteración del orden.

La ley de Seguridad Nacional está pensada para un problema de orden público. Iceta no es partidario del 155, que implica la suspensión de la autonomía

Sánchez ha declarado a El Confidencial que, aunque el gobierno baraja todas las opciones, en principio se inclinaría por la aplicación de la ley de Seguridad Nacional en Cataluña en caso de que tras conocerse la sentencia del Supremo sobre el procés, se produjeran desordenes generalizados en Cataluña, como vienen anunciando las fuerzas independentistas.

La coincidencia entre lo que propone Sánchez y lo que pidió Casado no es casual. Es un primer indicio de que, en temas de Estado, el PSOE y el PP deben y tienen que caminar juntos.

Eso es una buena noticia, ya que Cataluña hasta ahora era un arma arrojadiza entre el PSOE y los partidos de la derecha, especialmente Ciudadanos.

La cuestión es si la ley de Seguridad Nacional puede efectivamente ser suficiente para abortar una situación casi insurreccional. El instrumento elegido por el presidente del gobierno -nunca utilizado hasta ahora- no sólo carece de desarrollo normativo, sino que no permite al Gobierno la toma efectiva del control de los Mossos, sino tan sólo su "coordinación".

Si los altercados tras hacerse pública la sentencia del Supremo se limitan a acciones violentas de una minoría, seguramente con la aplicación de esa ley pueda ser suficiente. El hecho de que el gobierno haya decidido enviar a Cataluña unos 1.000 agentes de la Policía Nacional (aún no sabemos cuantos de la Guardia Civil), parece indicar que Sánchez no tiene en mente una situación de emergencia nacional. Sólo hay que recordar que con motivo del 1-O el gobierno de Rajoy desplazó a un total de 6.000 agentes (entre Policía y Guardia Civil), en un dispositivo que, como se demostró, fue del todo ineficaz.

Ahora bien, la ley de Seguridad Nacional está pensada tan sólo para problemas de desordenes públicos, en ningún caso para una situación, como es el caso, en la que es el propio gobierno autonómico el que está animando a la desobediencia.

Lo que hay que preguntarse es por qué Sánchez ha rebajado el tono de la amenaza: de la aplicación del 155 a la ley de Seguridad Nacional. Es decir, de la suspensión efectiva de la autonomía, al refuerzo de la seguridad para sofocar o prevenir incidentes.

Esa pregunta sólo puede tener una respuesta política. El 155 nunca le ha gustado al PSC ni a su líder Miquel Iceta. Si se piensa en el día después del 10-N también hay que mirar hacia ERC, que nunca aceptaría sentarse con el gobierno con un 155 en vigor.

Digamos que con la amenaza de ley de Seguridad Nacional Sánchez ha mandado un mensaje al independentismo radical pero sin violentar a sus bases en Cataluña que siempre han defendido la negociación, incluso antes que la ley.