Lo sucedido en Cataluña en los últimos días y lo que pueda aún suceder, porque los expertos policiales consideran que los altercados de distinto nivel de gravedad pueden prolongarse hasta las puertas del 10 de noviembre, día de las elecciones generales, está poniendo al Gobierno entre la espada y la pared, con la traducción en votos que eso pueda significar.

La imágenes vistas por la mayoría de españoles en las que se comprueba el nivel de violencia extrema que han practicado los independentistas, aquéllos a los que el irresponsable presidente de la Generalitat lleva meses jaleando y empujando para poder presionar con ello al Gobierno y que le han tomado la palabra convirtiendo las escenas vividas en la ciudad de Barcelona en una versión muy próxima a la de una ciudad en guerra, han levantado la indignación de la inmensa mayor parte de los españoles. Ciudadanos que reclaman al Gobierno que "haga algo", es decir, que tome medidas para impedir semejante asalto a la convivencia pacífica.

Pero ese "hacer algo" tiene muchos riesgos sobre todo estando como estamos en campaña electoral. Digamos de entrada que la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional no serviría de nada porque ya el Tribunal Constitucional precisó que sólo permitiría que el Gobierno asumiera la coordinación, y nada más que la coordinación, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluidas las policías autonómicas.

Decisión totalmente innecesaria ahora porque, como ya explicó aquí hace días Casimiro García- Abadillo, los Mossos, escarmentados por las consecuencias penales que sufrieron sus mandos profesionales por haber obedecido a sus superiores políticos durante los incidentes del 1-O, han puesto ahora pie en pared y se están comportando con la profesionalidad con la que no lo hicieron en aquella ocasión y su actuación, en perfecta coordinación con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, está perfectamente coordinada en estos momentos.

Por lo tanto, eso que pide con tanta insistencia Pablo Casado ni es necesario ni serviría para nada porque lo que se puede hacer con la aplicación de esa ley ya se está haciendo sin ella. ¿Qué opciones le quedarían pues al Gobierno para atajar de un golpe la violencia vivida en las calles de Barcelona? Pues, por ejemplo, la de decretar el estado de excepción en Cataluña, que es lo que reclama Vox.

Pero es que eso sería matar moscas a cañonazos porque lo que dice la Ley Orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio es que quedarían suspendidos en todo el territorio catalán todos los derechos y libertades públicas de los españoles que están reconocidos en la Constitución.

Por graves que hayan sido y puedan volver a ser los altercados violentos de Barcelona, no alcanzan la entidad suficiente como para imponer el estado de excepción en Cataluña

Estamos hablando de suspender el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la limitación de la detención preventiva y a la puesta a disposición judicial del detenido; de la suspensión del derecho a la intimidad personal, al secreto de las comunicaciones; del derecho a la libre expresión, a la libre reunión; del derecho a circular libremente por el territorio nacional; de la suspensión de los medios de comunicación que se consideren necesarios, y así sucesivamente.

En definitiva, por graves que hayan sido y puedan volver a ser los altercados violentos de Barcelona, no alcanzan la entidad suficiente como para imponer el estado de excepción en Cataluña y la pretensión de que el Gobierno opte por esa vía es una desmesura que resultaría extremadamente dañina para la democracia española en el interior y también en el exterior del país. La situación, con ser muy grave, no requiere de ninguna manera adoptar en este momento una medida de tan altísimo voltaje.

Mucho más suave en términos de los derechos constitucionales de la ciudadanía, aunque políticamente insoportable para los dirigentes independentistas por lo que tiene de humillación, sería la aplicación del artículo 155 que, en definitiva, supone que el Gobierno puede asumir la administración de la comunidad autónoma cuyo presidente no haya cumplido "las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen", que es sin lugar a dudas el caso que nos ocupa.

Pero el 155 tampoco responde directamente a solucionar los altercados violentos provocados por los independentistas radicales, a los que tendrían que enfrentarse los policías, exactamente como ahora sucede. Aunque la aplicación de ese artículo sí está relacionada con la insistencia de Pedro Sánchez en exigir a Joaquim Torra que condene radical, contundente e inequívocamente la violencia. Si Torra, como representante del Estado en Cataluña que es, insiste en negarse a cumplir con esa obligación esencial estará abriendo la puerta a una posible aplicación de ese artículo.

Pero sucede que el 155 supone una decisión política que en términos electorales tiene un alto coste, a favor en una buena parte del electorado y en contra en otra parte de los electores catalanes. Y tanto los votos a favor como los en contra habría que contabilizarlos en exclusiva en el Haber y en el Debe del presidente del Gobierno porque sólo él puede adoptar una determinación como ésa, por más que políticamente necesitara del acuerdo de otros partidos.

Por esa razón, el ministro del Interior insiste una y otra vez que estamos ante un problema de orden público, esforzándose por limitar así el alcance legal de lo sucedido en la capital catalana. Porque mientras esto se mantenga en la percepción ciudadana dentro de los márgenes de un problema de desórdenes callejeros, por graves y violentos que hayan podido ser, el Gobierno no se verá forzado a recurrir a medidas de mucha mayor envergadura que le pueden costar unos cuantos cientos de miles de votos.

Y precisamente de eso se trata para el candidato socialista, que ve con espanto y estupor cómo aquellos excelentes resultados que él y sus asesores creían tener ya en la mano con unas nuevas elecciones se están desvaneciendo con el paso de los días como el humo de un cigarrillo. Ni siquiera la exhumación de Franco parece que le va a rentar mucho porque probablemente toda la parafernalia en torno a la extracción del cadáver del dictador va a quedar sepultada por el problema de Cataluña.

Es más, el único partido que con toda seguridad se va a beneficiar de que el Gobierno haya sacado a Franco de su tumba va a ser de nuevo Vox, que va a recoger el descontento quienes ven innecesaria y oportunista la maniobra del Valle de los Caídos. Así que, por obra y gracia de tantos empujones proporcionados por manos y voluntades ajenas a las suyas, el partido verde se puede encontrar tras el 10-N con un honrosísimo tercer puesto en el orden de formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados. Lo nunca soñado por los de Abascal.

Si las agresiones y los enfrentamientos con las policías se prolongan, el presidente va a tener muy difícil mantenerse en la posición de hoy

Porque ahora también resulta que los sucesos de Cataluña que están soliviantando a los españoles a quien están beneficiando es a Vox, el partido de la derecha radical que reclama, como ya hemos dicho antes, que se imponga en Cataluña el estado de excepción. Y no es que los españoles espantados con lo que han visto - y probablemente con lo que aún verán- estén unánimemente por la labor de suspender todos los derechos y todas las libertades a la población entera de Cataluña, sino que ven en el partido de Santiago Abascal la vía más clara y más directa para mostrar públicamente su supina indignación.

Ése va a ser un voto de castigo a la inacción de un Gobierno que en estos momentos se ve atado por la necesidad de graduar su respuesta a los acontecimientos en Cataluña sin aplicar medidas restrictivas que superarían con mucho las agresiones padecidas por los independentistas radicales que han inundado las calles de violencia.

Su problema es que, si las agresiones y los enfrentamientos con las policías se prolongan en el tiempo, el presidente Pedro Sánchez va a tener muy difícil mantenerse en la posición de hoy, que consiste fundamentalmente en mantener la calma y no dejarse llevar por la misma indignación que hoy domina ya a toda la ciudadanía.

Pero si las cosas en Cataluña no se calman de aquí al 10 de noviembre y el Gobierno se sigue manteniendo en su tesis de que estamos ante un problema exclusivamente de orden público, podemos apostar a que eso le va a costar al hoy presidente en funciones la victoria en las próximas elecciones generales.