No fue un buen día para el presidente. Ni para la Justicia española. Los independentistas, por contra, vivieron ayer - día de San Severo, obispo de Barcelona y mártir- una jornada de gloria.

Pedro Sánchez ya metió la pata en el debate del lunes cuando se comprometió a traer a España al fugado Puigdemont, casi como una promesa electoral. Pablo Iglesias fue el único que le afeó el atrevimiento, recordándole que esa es una decisión que depende de la Justicia belga. Ya antes, Carmen Calvo había dicho en el programa de Carlos Alsina que el gobierno iba a hacer todo lo posible para hacer efectiva la extradición, comentario que fue cogido al vuelo por el abogado del ex president, Gonzalo Boye, para respaldar su tesis de que en España no hay separación de poderes y que, por tanto, su patrocinado no tendría un juicio justo si se produjera la entrega.

Lo de ayer fue peor. Es probable que tanto mitin y tanta entrevista hayan terminado por agotar al presidente. Toda la campaña gira en torno a Sánchez, que ha asumido la tarea de dar al PSOE un triunfo que justifique la repetición electoral. El caso es que cuando Íñigo Alfonso, conductor de Las Mañanas de RNE, le preguntó cómo iba a cumplir su promesa de traer a Puigdemont a España, el presidente se reviró y le contestó a su vez con una pregunta: "¿Es que la Fiscalía de quién depende, de quién depende?" El periodista contestó casi forzado por su requerimiento: "Del gobierno". Y el presidente asintió: "Pues ya está".

¿Qué mayor regalo podían desear Puigdemont y sus compinches que una especie de confesión de parte, atribuible al mismísimo presidente del gobierno, de que en España el Ejecutivo mete las narices en la Justicia cuando le viene en gana?

Sánchez ha metido la pata en la recta final de la campaña. Ha logrado el consenso de los fiscales en su contra y ha dado alas a Puigdemont y a los que dicen que en España no existe la separación de poderes

La reacción de las asociaciones de fiscales no se hizo esperar. Todas sin distinción se lanzaron a degüello. La Asonciación de Fiscales -mayoritaria- clamó en un comunicado: "La Fiscalía no cumple órdenes del Gobierno y lamenta el desconocimiento de las funciones conferidas al Ministerio Fiscal por parte de quien hace tales manifestaciones, que no se ajustan a la realidad".

Me imagino a Boye levitando ante el lío formado por el presidente, que tan al pelo le viene a su cliente.

Pero el propio Boye o cualquiera que esté un poco al tanto de cómo funciona la Justicia sabe que lo que insinúa erróneamente Sánchez tiene poco que ver con la realidad. Un dato para refrescar la memoria. El gobierno logró cambiar el criterio de la Abogacía del Estado en el juicio contra los líderes del procés, pero nada pudo hacer con la Fiscalía, que mantuvo contra viento y marea el delito de rebelión en sus conclusiones, por más que al presidente del gobierno no le gustara. Por supuesto, la Fiscal General del Estado -ese cargo sí lo nombra el gobierno-, María José Segarra ni se planteó darles una orden a los fiscales del Supremo que llevaban el caso.

Por cierto, que ha sido precisamente el tipo delictivo de la sedición, adoptado por la Abogacía del Estado y asumido por el Tribunal Supremo en su sentencia para condenar a los jefes del procés, el que ha permitido al Ministerio del Interior británicó denegar la extradición de Clara Ponsatí al considerarla "desproporcionada". La justificación es que la sedición es contempla en la legislación británica como un delito contra el orden público, no contra el orden constitucional.

Ese fue, en efecto, uno de lo los argumentos que esgrimió la Fiscalía para mantener el delito de rebelión.

Lo que llama la atención -al margen de la metedura de pata- es el cambio de criterio del presidente respecto a Cataluña. Recordemos que el pasado mes de febrero, su número dos, Carmen Calvo, defendía la figura de un "relator" como fedatario del diálogo en pie de igualdad entre el gobierno y la Generalitat. Fue durante ese mes de febrero cuando el PSOE se opuso a resucitar una ley que prohíbe los referéndums ilegales. Eran tiempos en los que Sánchez buscaba un acercamiento a ERC.

Ahora toca otra cosa. Cumplir la ley es lo prioritario, es el propio presidente el que propone la ley contra los referéndums ilegales y ya nadie se acuerda del relator.

Más allá de la anécdota (¿de quién depende la Fiscalía?), lo relevante y lo que, a la vez, da oxígeno a los que quieren romper la unidad de España y vulnerar la Constitución, es esa visión acomodaticia del presidente, su manera utilitarista de entender la política.

Esas flaquezas, que normalmente se ocultan tras el manto del poder, quedan al descubierto precisamente en los momentos de estrés. ¡Cuidado con los tropezones, presidente! Todavía quedan dos largos días de campaña.