En las últimas semanas, la parte trasera del "milagro chileno" quedó expuesta al mundo. De un momento a otro, se pudo observar, que detrás de la fachada de crecimiento económico, reducción de la pobreza y la estabilidad democrática, había insatisfacción por la desigualdad, el abuso de poder y la corrupción.

Después de semanas de manifestaciones, Chile enfrenta su crisis política más profunda desde la dictadura y más del 80 % de los chilenos cree que la salida es una nueva Constitución. Sin duda la búsqueda de soluciones es un gran desafío para la élite política del país, pero también una gran oportunidad.

Si logran ponerse de acuerdo sobre un modelo social más inclusivo, a la vez que fortalecer el sistema democrático, Chile podría convertirse en un verdadero ejemplo.

En caso contrario, puede darse un proceso de reversión, no solo a lo que era antes de octubre, sino peor aun, pudiendo llegar incluso a algo más parecido a su pasado autoritario. 

Las manifestaciones se han interpretado como un síntoma de la desigualdad que crea el neoliberalismo y la amenaza a la estabilidad democrática que genera dicha desigualdad, y no es difícil encontrar evidencia para asentir estas dos afirmaciones como veremos más adelante.

Si logran ponerse de acuerdo sobre un modelo más inclusivo, a la vez que reforzar el modelo democrático, Chile podría convertirse en un verdadero ejemplo

El modelo económico de Chile se remonta a mediados de la década de 1970 en que se ponen en marcha una serie de reformas por parte del gobierno dictatorial del general Augusto Pinochet, con el apoyo y supervisión del ejército, a saber: descentralización y privatización de la salud, de la educación y de las pensiones. Liberalización comercial, flexibilización del mercado laboral y recortes en el gasto social.

El modelo quedó reflejado en la Constitución de 1980 que pone énfasis en la libertad y el derecho del individuo a realizar actividades económicas en todas las esferas de la sociedad, reduciendo al máximo la capacidad reguladora del Estado.

Cabe recordar que se trata de una Constitución que se mantuvo en el regreso a la democracia en 1989 como parte del compromiso entre los partidarios de Pinochet y los defensores de la democracia.

Las reformas introducidas por los gobiernos de centroizquierda que han gobernado la mayor parte del tiempo (1990-2010 y 2014-2018), se centraron en aumentar el gasto social y reducir la pobreza. El crecimiento económico se aceleró en la década de 1990, cuadruplicándose desde entonces el PIB, mientras que la pobreza se redujo del 40% de la población a poco más de 10%.

También reformaron la educación, la salud y las pensiones, lo que convirtió a Chile en un ejemplo de libro de desarrollo democrático y economía de mercado.

Sin embargo, a pesar de algunas mejoras en la distribución del ingreso entre 2000 y 2011, Chile siguió siendo un país de profunda desigualdad. El 10 % más rico recibe alrededor del 40% de los ingresos, mientras que los más pobres reciben menos del 2%.

Un diputado gana un promedio de 9.000 euros al mes, mientras que el ingreso medio es de 500 euros. El salario mínimo es de 400 euros y una pensión de jubilación puede ser de un poco menos de 300.

Al mismo tiempo, las personas afrontan las consecuencias de un modelo orientado al consumo en el que el mercado, como principio regulador, tienen prioridad. Es así que se tratan de paliar los bajos salarios con préstamos fácilmente accesibles, lo que ha creado una sociedad esclavizada por las deudas en la que más de un tercio de la población tiene problemas para pagarlas.

Otros síntomas de las fallas del sistema se pueden ver en un mercado laboral con largas jornadas donde abundan trabajos inestables y temporales, lo que evidentemente tiene consecuencias en el ahorro que pueden hacer los trabajadores para sus pensiones de jubilación, ya que se trata de un sistema de ahorro personal y de no de redistribución.

El boom de la educación privada ha creado una generación de jóvenes con educación de calidad muy variada que no obtiene trabajos que permitan pagar los elevados préstamos con que financiaron sus estudios. Al mismo tiempo, la juventud de los barrios urbano-marginales y los pueblos indígenas del sur han sido víctimas de una fuerte represión policial y militar, a la que han respondido con la creación de grupos que también usan la violencia.

En resumen, gran parte de lo anterior el resultado del modelo impulsado por la Constitución de Pinochet; pero también, es fruto del interés propio de la élite política y económica en sostenerlo.

Para entender la rabia de la población, hay que tener en cuenta un factor adicional a la desigualdad y el modelo neoliberal: la confianza en las instituciones se ha roto en los últimos años, en gran parte, debido a las revelaciones de abuso e instrumentalización del poder y corrupción hechas por los nuevos medios de comunicación y favorecidas por la ley de transparencia de 2009, que afectan directamente a políticos, élites económicas e instituciones públicas

La confianza en los políticos no llega al 10% y la confianza en la policía o el ejército ha descendido a poco más del 30%

Hay de todo. Desde financiación ilegal de campañas hasta prácticas oligopólicas para subir los precios de artículos de primera necesidad, pasando por asesinatos cometidos por la policía.

Como resulta lógico, ha caído la confianza en los políticos, que no llega a los 10% y, como lo refleja una encuesta muy reciente, la confianza en instituciones como la policía y el ejército, que contaban con una aprobación cercana al 50%, ha descendido a un poco más del 30% .

El 74% cree que el país está gobernado por una élite que solo piensa en sí misma. Según los investigadores de la Universidad Católica de Chile, los ciudadanos ni siquiera confían en que las figuras públicas puedan ofrecer soluciones al desempleo y la desigualdad.

El gran peligro en este tipo de situación es que el desprecio por los políticos lleve a la solución del "hombre fuerte" como alternativa de gestión de lo público, lo que desde todo punto de vista sería un retroceso, pues socava los derechos que las personas demandan y debita a las instituciones que son las encargadas de satisfacer dichas demandas.

La historia de América Latina está llena de ejemplos, desde Alberto Fujimori hasta Hugo Chávez. 

Las élites políticas chilenas tienen la oportunidad histórica de comenzar un proceso -en cualquier formato- para establecer un Estado que asuma la responsabilidad y rinda cuentas a las personas, y no solo a los mercados. Para ello, en primer lugar, las violaciones de derechos humanos cometidos por militares y policía tiene que terminar, y han de hacer todo lo posible para apoyar investigaciones que aclararen los abusos cometidos las últimas semanas.

En segundo lugar, la derecha política, cuya cabeza visible es el presidente Sebastián Piñera, debe tomar muy en serio las demandas de cambios profundos al modelo económico y político, mientras que la izquierda, debe optar por salidas realistas a la crisis, a pesar del ambiente romántico revolucionario de las personas en las calles cantando a Víctor Jara.

Si Chile logra acordar una reforma constitucional que reequilibre las relaciones entre Estado y mercado, manteniendo un consenso básico sobre la democracia, sin más violencia o división, finalmente será un modelo digno de seguirse y no tendrá un lado oscuro y sombrío que ocultar.

Benedicte Bull es profesora titular del Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente (SUM) de la Universidad de Oslo y directora de la Red Noruega de Investigación sobre América Latina (NorLARNet).