En la mayoría de los países de nuestro entorno el sistema público de pensiones tiene un problema. Pero, en el caso de España, y ante los datos que proporcionan el Banco de España, la AIREF o el INE, por citar algunos, sobre la evolución financiera, demográfica, y del empleo, la situación es más grave. También es la conclusión a la que ha llegado un grupo de expertos del Instituto de Actuarios Españoles en su informe sobre la situación de la Seguridad Social.

Las cuentas no salen. Los ingresos por cotizaciones no cubren el gasto en pensiones. Desde hace 8 años, la Seguridad Social está, en términos contables, en déficit; que se viene cubriendo por el fondo de reserva, primero, y ahora por créditos. No se prevé mejora a corto plazo ya que, para evitar el negativo, el PIB español debería crecer a tasas del 5,5% anual durante, al menos, una década, cuando las mejores previsiones apenas alcanzan la mitad. La sostenibilidad financiera del modelo es una quimera.

Pero además, el actual sistema de Seguridad Social también carece de sostenibilidad y -muy importante- equidad actuariales. Podríamos decir que centra su preocupación en los problemas de caja ante la incapacidad para hacer frente al pago total de la factura de las pensiones y obvia los problemas de devengo. Con ello solo se logra enmascarar las verdaderas carencias del sistema, que no afloran hasta que se produce la tormenta perfecta: fuerte crisis económica, junto con una situación demográfica desfavorable.

Sólo un modelo que contemple la equidad actuarial puede garantizar la coherencia entre lo que aporta y recibe cada individuo

Únicamente gracias a un modelo que contemple la equidad actuarial se podrá garantizar la coherencia entre el total de lo que aporta cada individuo al sistema de pensiones durante su vida laboral y lo que recibe del mismo tras acceder a la jubilación. 

Por eso, una de las cosas que el Instituto de Actuarios Españoles viene demandando -lamentablemente, sin éxito- desde hace tiempo, es la necesidad de que España forme parte del club de países que, como Estados Unidos, Japón, Canadá o Suecia, han dado un paso adelante para garantizar el rigor técnico de su sistema público de pensiones incluyendo indicadores actuariales en su cálculo.

Hemos trasladado ese mensaje a Gobierno y partidos políticos, quienes lejos de ver una oportunidad en esta colaboración podrían estar viendo amenazas por la independencia y el rigor que caracteriza a la profesión de actuario y a su Colegio Profesional, el Instituto de Actuarios Españoles. 

Desde nuestro punto de vista, es de suma importancia que se estructure en España un modelo en el que la equidad actuarial tenga un mayor peso, aplicando el máximo rigor técnico para complementar la posición financiera sincrónica de caja (balance de ingresos y gastos del último año cerrado, y el previsible del año en curso) que sí desvela la Seguridad Social con otras informaciones, como la posición financiera a un plazo medio (diez años, por ejemplo); la posición financiero-actuarial a largo plazo (50, 75 o 100 años); y la justificación actuarial de los parámetros del sistema como, por ejemplo, la relación entre años de cotización y pensión plena.

Y esta información ha de ser elaborada por una fuente independiente, rigurosa y capaz.  Se hace necesario, así, crear una nueva figura en el sistema español de Seguridad Social, identificada habitualmente en otros países con el término Actuario Jefe. 

Hablamos de una institución autónoma, sin dependencias jerárquicas que puedan menoscabar su capacidad de recomendación. Debería ser, además por ley, encomendado a informar previa y públicamente de toda medida relacionada con las pensiones, de tal manera que ya no se produjese en España ningún cambio en materia de pensiones sin que previamente se informase a la ciudadanía sobre sus consecuencias económicas, financieras y actuariales. 

Se hace necesaria una institución autónoma, encomendada a informar previa y públicamente de toda medida sobre pensiones

Se trata, en definitiva, de evitar que se adopten decisiones en materia de pensiones que pongan en peligro la sostenibilidad del sistema o, al menos, de que los ciudadanos estén informados de cuáles pueden ser las consecuencias.

Aún no es tarde para reaccionar. Hay diferentes medidas y reformas que, adoptadas e implementadas de forma gradual mediante políticas continuadas en el tiempo, podrían dar resultado. No olvidemos que es un sistema que se basa en el pacto intergeneracional; y la modulación y el gradualismo son las mejores herramientas para garantizar un reparto equitativo de las cargas entre las diferentes generaciones.

La solución a las ineficiencias vendrá de un ataque integral, con una estrategia ambiciosa y completa. No hay tiempo para más parches. Es necesario ser valientes, flexibles, comprender el problema y atacarlo en todas sus vertientes. Hace falta saber qué sistema de pensiones queremos los españoles y tomar soluciones políticas al respecto. Y hacerlo ya, pues de no hacerlo, el escenario probable es que en 30 años tengamos un déficit del sistema del 4,87% del PIB. O lo hacemos nosotros, o nos lo impondrán drásticamente, como ya ha sucedido en países tan cercanos como Grecia y Portugal. 

Gregorio Gil de Rozas es presidente del Instituto de Actuarios Españoles (IAE)