Era previsible y ya ha ocurrido. La competencia entre los nacionalismos que existen en nuestro país y a los que la Constitución de 1978 quiso acoger y respetar hasta el límite que no pusiera en peligro la unidad de España, se ha desatado ya y hoy asistimos a una carrera en pelo para ver quien arranca del Estado español más competencias, más privilegios, más beneficios y más compromisos que debiliten definitivamente a ese Estado que los quiso cobijar.
Ahora el PNV se acaba de sumar a esa competición con el nacionalismo catalán y va a presentar ante el Parlamento de Vitoria una propuesta de nuevo estatuto que es un torpedo dirigido a la línea de flotación de la nación española, envuelto, eso sí, en el suave tono jesuítico del que los peneuvistas nunca han logrado deshacerse y que se detecta inmediatamente cuando, en medio de ese texto de contenido asombroso, por no decir incendiario, se afirma que todo lo que ahí se pretende se deberá hacer "de acuerdo a la Constitución".
El momento para presentar esta propuesta es el perfecto para quienes quieren deshacer el vínculo que históricamente ha hecho de sus respectivos territorios una parte esencial de España"
El momento para presentar públicamente esta nueva propuesta de Estatuto, y cuyos puntos más llamativos están consignados en estas mismas páginas por Mikel Segovia, es el perfecto para quienes tienen como objetivo principal el de deshacer el vínculo que históricamente ha hecho de sus respectivos territorios una parte esencial e íntima de España: cuando hay un presidente en funciones políticamente debilitado y necesitado de los apoyos de los nacionalismos para poder acceder a la jefatura del gobierno.
Por esa misma convicción, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar se ha sumado a la cola de los que ponen condiciones al candidato socialista y le ha instado -más bien le ha conminado- a aceptar un "pacto que respete la plurinacionalidad del Estado". A partir de esa aceptación, que Ortuzar considera obligada por parte de Pedro Sánchez, ya será más fácil encajarle negociaciones para que vaya deglutiendo poco a poco, sin prisas por supuesto, una parte de la dosis de disolvente que se incluye en el articulado de este proyecto de Estatuto.
Texto que, para que no suceda a este plan lo mismo que le sucedió al Plan Ibarretxe, sería votado por los vascos antes de que fuera presentado en las Cortes. Y de nuevo, la vis jesuítica aparece cuando se intenta tranquilizar al espantado lector asegurando que esa consulta no tendría "carácter vinculante". Como si nadie supiera que esas consultas no vinculantes jurídicamente adquieren políticamente de manera inexorable la condición de mandato de obligado cumplimiento ya que se trata de la voluntad del pueblo libremente expresada en las urnas.
Naturalmente, vuelve por enésima vez en ese proyecto de nuevo estatuto el intento de facilitar la incorporación de Navarra al País Vasco y la propuesta de crear órganos comunes presididos por los presidentes de cada uno de los dos ¿entes, estados? confederados. Es decir, en este aspecto se trata de la historia de siempre que ahora se amplía con la posibilidad de establecer vínculos de la misma naturaleza con otras comunidades "no pertenecientes al Estado español". Es decir, el viejo sueño de la Euskal Herria que incluye al país vasco francés.
Y no digamos nada de la pretensión de otorgar distinta condición política a los denominados en el texto como"ciudadanos" y los agraciados con la condición de "nacionales vascos", que serían los que podrían ejercer los "derechos políticos”. Se deduce que los otros no podrán ejercerlos dentro del País Vasco, así que los "ciudadanos" en ese territorio serían algo así como los siervos de la gleba de la Edad Media.
Y en el terreno de las competencias, este estatuto pretende adjudicarse todas aquellas que el raquítico Estado resultante de todas estas pretensiones no se hubiera adjudicado expresamente. Al final el Estado acabaría siendo lo que quedará en el almacén después de que los nacionalistas se hubieran llevado todo lo que les interesara. Pero eso ni es, ni puede ser, ni va a ser así.
El problema es que estamos ante un síntoma muy alarmante de las posiciones de fuerza que están tomando los nacionalismos en España"
El problema no es sólo que estemos ante una auténtica bomba -de efecto retardado porque aún el texto no ha sido sometido a votación en la Cámara vasca- sino que ante lo que estamos es ante un síntoma muy alarmante de las posiciones de fuerza que están tomando los nacionalismos en España en este momento político, secundados por cierto, por los pequeños partidos regionalistas que, si no tienen ninguna posibilidad de trastocar la arquitectura jurídica y política del país, sí participan del mismo punto de vista ombliguista y miope que les lleva a pensar, a hablar y a negociar exclusivamente aquello que afecta o interesa a sus respectivos territorios.
Mirando la composición del Congreso que resulta de las últimas elecciones, es inevitable concluir que el cantonalismo ha resucitado en España. Sin embargo, con unos partidos situados en el amplio espacio de la centralidad política que dieran paso a unos gobiernos fuertes, toda esta apoteosis de las identidades sacralizadas y de los intentos de imposición de las exigencias de los nacionalismos que siempre, siempre, acaban en movimientos independentistas, no crecerían y se multiplicarían como lo están haciendo ahora.
Estamos asistiendo a un intento de demolición de la España democrática que nació, con ingentes esfuerzos por parte de todas las fuerzas políticas, durante la Transición. Y al intento de derribo de la Constitución del 78 en su letra y en su espíritu. Y si no nos dotamos de gobiernos fuertes y no mendicantes del apoyo de los nacionalismos, veremos crecer esta presión y florecer estas mismas posiciones en las Baleares, en Valencia e incluso en Galicia, aunque de momento parece que la pulsión independentista en esa comunidad está más controlada.
Los dirigentes de los partidos políticos que defienden la plena vigencia del texto constitucional deberían ser muy conscientes de lo que se está convirtiendo en una amenaza creciente ante la que es urgente reaccionar antes de que se convierta en imbatible. El acuerdo entre ellos, que suman la abrumadora, la aplastante mayoría incluso en este nuevo Congreso, se va haciendo cada vez más ineludible.
Era previsible y ya ha ocurrido. La competencia entre los nacionalismos que existen en nuestro país y a los que la Constitución de 1978 quiso acoger y respetar hasta el límite que no pusiera en peligro la unidad de España, se ha desatado ya y hoy asistimos a una carrera en pelo para ver quien arranca del Estado español más competencias, más privilegios, más beneficios y más compromisos que debiliten definitivamente a ese Estado que los quiso cobijar.
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