La Constitución es nuestra

Que vivimos una situación paradójica respecto a las interpretaciones políticas de la Constitución no es ninguna noticia. Constantemente vemos como quienes se autoproclaman "constitucionalistas" instrumentalizan nuestra Constitución para bloquear cualquier alternativa al viejo bipartidismo y, al mismo tiempo, a partidos de clara vocación neofascista utilizar la Constitución como arma arrojadiza contra los partidos independentistas. La contienda política tiene sus propias reglas y, al igual que en cualquier otro asunto humano, siempre hay quienes priorizan sus propios intereses por encima del interés general. Siempre hay y siempre habrá quien no respete las reglas del juego. Ninguna novedad, repito, ciertamente, pero resulta obsceno ver como algunos utilizan la Constitución de todos y todas para hacer política contra todos y todas.

Sin embargo, lo paradójico de un día como hoy, en el que celebramos el aniversario de la Constitución, es observar como esos mismo partidos, que creen poseer el monopolio de la Constitución, ignoran, olvidan o directamente niegan los derechos recogidos en la misma a una parte de la sociedad. Mientras leen y releen, por ejemplo, el artículo 155 e invocan aquellas partes de la Constitución que les resultan útiles para construir sus argumentarios de partido, desprecian aquellas otras en las que se constitucionalizan los derechos sociales de la ciudadanía. Mientras cargan todo su discurso de odio, de xenofobia atávica o de rencor chovinista, ocultan algunas de las mayores conquistas que el pueblo español consiguió con su movilización popular y democrática en 1978. Hay, pues, lecturas diferentes de la Constitución, lo cual es la más clara expresión de que hay lecturas diferentes de la política.

El discurso de xenofobia atávica oculta una de las mayores conquistas del pueblo en 1978

En la última campaña electoral Pablo Iglesias recordó, con su valentía característica, cómo ciertos artículos de la Constitución se incumplen sistemáticamente en nuestro país. Recordó que el artículo 35 de la Constitución define claramente que todos los españoles tienen derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades. Y por ello hay que derogar las reformas laborales que condenan a la precariedad y a la pobreza a cientos de miles de personas en nuestro país.

¿Son esas reformas laborales anticonstitucionales? Quizás jurídicamente no, pero en su espíritu, al menos, lo son claramente. También recordó nuestro secretario general que en el artículo 47 se constitucionaliza el derecho a "disfrutar de una vivienda digna y adecuada" y que es responsabilidad de los "poderes públicos" establecer las normas pertinentes "para hacer efectivo este derecho". Por tanto, defiendo la Constitución: ¿No es el momento de regular los precios del alquiler para evitar el abuso de los grandes tenedores de vivienda, fundamentalmente entidades bancarias, que especulan con un derecho constitucional?

¿No deberíamos blindar por ley las pensiones en España si somos constitucionalistas?

En campaña, el compañero Iglesias les recordó al resto de candidatos que en el artículo 50 se afirma con rotundidad: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". En consecuencia, siendo "constitucionalistas": ¿no deberíamos blindar por Ley las pensiones en nuestro país para evitar que se conviertan en un negocio privado para unos cuantos bancos?

La Constitución no es de ningún partido político. La Constitución es nuestra, de los ciudadanos y las ciudadanas. Es una conquista democrática de la movilización social de las clases populares de nuestro país en un momento de máxima tensión política. La Constitución no es de quienes se autoproclaman, con vacía vanidad, como "constitucionalistas". La Constitución es nuestra y tenemos que defenderla de sus verdaderos enemigos: quienes la quieren utilizar para dividirnos y enfrentarnos. Celebremos con orgullo este 6 de diciembre de 2019 y recordémosles a todos los partidos que la Constitución es nuestra.

Raquel Romero es consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos de La Rioja.